16 de junio de 2019, 21:36:14
Parla


Los intocables del edificio Toledo 15, en Parla

Por Javier García Martín

El complejo de la calle Toledo estaba llamado a ser la gran promesa urbanística de toda una generación de jóvenes parleños que se lanzaban a la vida. Hoy, aquella mole gris de torreones diseñados con tiralíneas hacina a 1.200 residentes, la mitad menores de edad. Las quiebras de la constructora y del banco que la avaló hace media década terminaron por extender una barra libre para las ocupaciones. Estos días, la situación ha llegado al límite con el corte del suministro de luz. Algunas voces piden mano dura contra lo que consideran un privilegio consumado y un foco de inseguridad. Sin embargo, nadie se atreve a desalojar el bloque. Nadie sabe qué pasaría después.


Salvando las distancias, Toledo 15 es hoy lo más parecido al mítico Kowloon hongkonés que puede haber en Madrid. Una muralla de casas reducidas conectadas por patios, disonante en su entorno y replegada sobre sí. En Parla, la historia de estos 296 pisos sociales pero de factura privada y fruto del Plan Municipal de Vivienda de 2004 produce, como mínimo, indignación. "Lo mejor es no acercarse", advierte un hombre de unos 70 años que espera el autobús frente a uno de los muchos chalés que se suceden a unos metros del recinto. "Una vecina mía tuvo allí una casa pero la dejó, era imposible vivir".

A la altura del número 15 de la calle Toledo, parece que Parla se acaba. Tras los pareados, un parque y alguna manzana maciza de ladrillo visto aparecen varios talleres mecánicos, solares, un puñado de coches en un aparcamiento medio vacío y un restaurante de comida rápida. Un grupo de hombres pasa la mañana frente a uno de los accesos al inmueble, en corro, fumando mientras deslizan alguna palabra, aparentemente tranquilos. Varios niños corretean por la zona. Desde una ventana, alguien tiende. Lleva un rato ahí, sin perder de vista a los desconocidos que se acercan. "Están viniendo policías de paisano", resume una mujer.

Ella responde al perfil predominante: es joven, madre, desempleada y magrebí, aunque asentada en España desde hace años a juzgar por su dominio del castellano. Su marido, probablemente, ha trabajado en la obra en pueblos del entorno durante diez o quince años, construyendo el país hasta su reventón inmobiliario. "No somos okupas, estamos empadronados en Parla y tenemos papeles", asegura.

Camino de la villa miseria

Ella, que para este artículo se llama Fátima, es una de las beneficiarias de la regularización masiva efectuada por la Fundación Toda Ayuda desde 2013. Esta organización se encargó, en virtud del convenio con el entonces socialista Ayuntamiento de Parla, de poner en orden el caos en aquel complejo que iba enfilado hacia la categoría de villa miseria.

La historia de Toledo 15 tiene forma de patata caliente. La constructora, Unifo, encargada de administrar también el acceso de residentes, quebró en 2010 y desapareció del mapa. Bancaja, que le había dado un crédito de 12 millones de euros para levantar el inmueble del plano, tuvo que ser nacionalizada y pasó a Bankia. Hoy, la deuda está en manos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (la Sareb, el 'banco malo') y ha alcanzado el doble, según cifra la fundación. Antes de hundirse, a Unifo le dio tiempo a formalizar algunos contratos, los de los vecinos 'legales', por un periodo determinado de tiempo. Con la bancarrota de la empresa, estos inquilinos fueron los primeros en denunciar que las casas de su alrededor comenzaban a poblarse por la vía de la patada en la puerta.

Hasta mediados de este año, Toda Ayuda había regularizado 270 contratos por una mensualidad de alrededor de 60 euros. Para entonces, muchos de los 'legales' ya se habían ido, dando forma a la barriada que es ahora, con 1.200 residentes de los que 500 son menores, todos hacinados en pequeñas viviendas diseñadas para parejas jóvenes o estudiantes que habrían de pagar unos 300 euros por cada una. Hasta el 70 por ciento de ellos son personas de origen marroquí. En Toledo 15, el paro y la precariedad son la norma. También para los 'legales' que quedan, entre los que hay varias familias de españoles de etnia gitana.

Un edificio de nadie

Desde fuera, parece que nadie quiere hacerse cargo del edificio. La fundación renunció al contrato con el Ayuntamiento en junio de 2016 tras varias prórrogas. "No cobramos, recibimos una subvención, pero tuvimos que poner fondos propios", puntualiza Antonio Gimeno, máximo responsable de Toda Ayuda. Tras tres años, ya habían cumplido su misión y consideraban que habían dejado margen suficiente para que el Consistorio recuperara el inmueble, como le instaban. "Aunque el suelo es municipal, el vuelo registralmente sigue siendo de Unifo y existe una cláusula que dice que podría volver al Ayuntamiento", explica.

Y es que encontrar a alguien que se haga cargo del bloque es crucial. Evitaría, por ejemplo, situaciones como la última, en la que un corte de luz masivo ha dejado sin electricidad durante semanas a todos los residentes, hayan pagado o no su recibo, porque no hay manera de determinarlo. Sólo hay un contador y nadie quiere costear la instalación de uno en cada casa, como sí ocurre con el agua. Cuando se fue, la fundación pidió la baja del suministro porque estaba a su nombre. "Desde fuera, les estamos ayudando a que se organicen: han creado una comunidad que será la titular, han abierto una cuenta y hemos mediado ante las compañías", explica Gimeno.

Un comedero para la ultraderecha

"Nos hemos ido apañando con velas o el resplandor del McDonalds, aunque hay quien ha metido generadores y bombonas de butano", ilustra Fátima. En principio, este ya no es un lugar tan inseguro como hace unos años, pero esa combinación de chispas y gases es el último ingrediente del cóctel explosivo que caldea el ambiente, con residentes cortando las calles para pedir al alcalde, Luis Martínez Hervás, que intervenga, con este regidor diciendo que no pondrá ni un euro del bolsillo del contribuyente y con un grupo de parleños concentrándose frente al edificio para pedir el fin de lo que, agraviados, consideran una ilegalidad y el monumento al privilegio. Los comederos de la victimización y la ultraderecha están a rebosar. Sólo falta quien administre sus peligrosas recetas.

Desde la Sareb, se esfuerzan en explicar que el edificio es un "colateral" del préstamo, que el activo -como lo denomina la aséptica terminología bancaria- no es suyo. Eso les libera de cualquier responsabilidad sobre su mantenimiento, las ocupaciones o quienquiera que viva dentro. "No podemos actuar, sólo somos propietarios de la deuda de la adjudicataria", explican fuentes de la sociedad.

El Ayuntamiento, por contra, no concede toda la veracidad a esa explicación. Sostienen que es el banco el que tiene que decidir de una vez si ejecuta esa deuda y se hace con el edificio o renuncia a ella y el inmueble regresa al Consistorio. Fuentes municipales deducen de esto que la Sareb es la propietaria oficiosa del inmueble y se parapetan tras esa disyuntiva mientras crece la tierra de nadie. Tan tocada está la relación entre ambas instituciones que la reunión pactada para abordar este tema se ha tenido que posponer varias semanas.

Al mismo tiempo, Toda Ayuda reprocha al Ayuntamiento falta de iniciativa. La explotación de los bajos comerciales, tapiados, sí es a su beneficio, aseguran. "Al menos esa parte es de su propiedad", insiste el responsable.

Desalojo congelado

El gabinete de Martínez Hervás vive el problema como una crisis dentro de su ya rigurosa estrechez económica. Sin embargo, sólo se ha erigido como garante de los 'legales', los que firmaron con Unifo. Ha comenzado a recopilar sus expedientes como beneficiarios de vivienda social y se los han llevado al Ivima, de ahí las conversaciones iniciadas con la Comunidad de Madrid. Su idea es que el instituto les realoje en algún sitio. Donde sea. Para el resto, no hay ninguna propuesta.

"No queremos irnos, no es justo. Yo trabajo en Parla, mi familia es de aquí", explica Rosa, una vecina del complejo. Ella firmó con la constructora y ha vivido toda la historia de Toledo 15. Dice que pagó 1.900 euros de entrada y, desde entonces, un alquiler mensual de 250 euros más los gastos y 90 de comunidad para mantener los ascensores y el aparcamiento, que, con 600 plazas, nunca se ha utilizado. El recibo de la luz se lo abonaban al principio a la constructora, que se fue dejando cerca de medio millón de euros de deuda con Iberdrola. "¿Dónde está todo ese dinero? Aquí no ha venido nadie a interesarse por nosotros", se queja.

La falta de electricidad parece toda una invitación a salir de ahí. Sin embargo, el juzgado es el único que puede apretar el botón del desahucio. "Tienen la documentación sobre la mesa", defienden desde el Ayuntamiento. Para efectuarlo haría falta mucha policía y sería todo un escándalo, así que nadie se ha atrevido aún a dar ese paso. Mientras, la denuncia cruzada entre Unifo y el Consistorio a cuenta de este lío duerme el sueño de los justos desde hace seis años, según Gimeno, y no se investiga quién es "el verdadero responsable" de este fracaso que ha alistado a toda una legión de intocables, de excluidos refugiados en su aparente invulnerabilidad. "Hay un aval de 400.000 euros para reformas de Unifo ante la aseguradora Asefa que el Ayuntamiento no ejecutó; ahora, tirar el edificio costaría 4 millones", critica.

Cualquier solución para este avispero está congelada. "Aquí hay muchos que dicen que se irían a acampar al Ayuntamiento si les echan, porque no tienen nada", confiesa Fátima. "Esta gente se ha quedado fuera del sistema", valora Gimeno. "Es imposible que desalojen, sería una salvajada", argumenta. A su juicio, no habría base para discriminar en función de la procedencia, entre 'legales' y no, así que concluye que no hay viviendas suficientes para meter a tantas familias. "Incluso, si las hubiera, no se podría sortear la lista de espera del Ivima para meterles".

Lo más llamativo de todo es que este caso no representa ni una cuarta parte de la problemática que encarna. Según estima la fundación, por toda Parla hay unas 1.200 viviendas ocupadas, muchas pertenecientes a bancos. La mayoría de sus 'inquilinos' son, a su vez, personas a las que las entidades de crédito desahuciaron cuando ya no pudieron pagar sus hipotecas. Una espiral diabólica más hija de la crisis. Sus consecuencias están aún por llegar.

Madridiario.  Todos los derechos reservados.  ®2019   |  www.madridiario.es