14 de noviembre de 2019, 19:03:50
Municipios


75.000 personas, 'colgadas' por el cierre de la R-3 y R-5

Por Enrique Villalba

Vecinos de trece municipios de la región se verán afectados de lleno en su movilidad si el Ministerio de Fomento no logra evitar el cierre de las autopistas radiales quebradas R-3 (Madrid- Arganda) y R-5 (Madrid- Navalcarnero) antes de que el 1 de octubre el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid cumpla la resolución que dicta la liquidación de dichas vías.


Rodeos, atascos, problemas de transporte público, impacto en el tejido económico e incomunicación. Son los problemas a los que se enfrentan ante la futurible clausura de las radiales que fueron inauguradas el 16 de febrero de 2004 a bombo y platillo por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, acompañado de su ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La concesionaria, Accesos a Madrid CESA recibiría beneficios durante 50 años, a cambio de la construcción de las vías, basados en que estas autopistas acogerían 70.000 vehículos diarios. Y es que, entonces, los cálculos de Fomento decían que podrían descongestionar la A-3 y la A-5, arrastrando hasta el 35 por ciento de los vehículos que soportaban en ese período. Sin embargo, las cosas nunca llegaron a funcionar a causa de que se hicieron mal las estimaciones de tráfico y porque la crisis trastocó los planes. Antes de que la concesionaria suspendiese pagos en septiembre 2012, apenas discurrían por ambas vías el 27 por ciento de los coches estimados en un principio.

Tras cuatro años tratando de buscar fórmulas de viabilidad económica y llegar a plantear un plan rescate público de las infraestructuras que nunca llegó a cerrarse (la clave de la falta de acuerdo estriba en que el Estado considera que el rescate debería realizarse tras aplicar una quita del 50 por ciento de la deuda, que asciende a unos 3.200 millones de euros), en mayo de este año, en plena interinidad gubernamental, el juzgado ordenó su cierre sin efectos suspensivos. A pesar de los recursos de las partes, el juez puso el 1 de octubre como fecha límite para hacer cumplir la sentencia, a la espera de que Fomento hiciera una propuesta 'in extremis' de rescate que desbloquease la situación.

La semana pasada, el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, pidió al juzgado una prórroga de 9 meses, hasta el verano de 2017, para que el administrador concursal pueda presentar el informe de liquidación y el Estado rescate las infraestructuras, dentro de una situación consensuada entre las partes. Es más, el Gobierno se plantea la posibilidad de que el juez le imponga asumir la gestión de estas carreteras, pagando la cláusula de responsabilidad patrimonial de la administración a sus accionistas, que llevaría aparejado el pago de indemnizaciones a los accionistas de la compañía adjudicataria.

"Un recurso fundamental" para 13 municipios
Sin embargo, en el planteamiento nadie está hablando de los 'daños colaterales' que podría suponer para la población el cierre de estas dos radiales. Trece municipios (75.000 personas) se verían afectados por el proceso. Concretamente, en el ámbito de la R-3, se verían directamente afectados los municipios de Velilla de San Antonio, Loeches, Mejorada del Campo, Campo Real, Pozuelo del Rey, Nuevo Baztán, Ambite, Valdilecha y Torres de la Alameda. En la R-5, los problemas recaerían sobre Moraleja de Enmedio (Urbanización Las Colinas), Arroyomolinos (la zona sur del municipio), Batres (Montebatres y Cotorredondo) y El Álamo (que supondría duplicar la ruta desde el municipio hasta una vía rápida).


Consultados varios alcaldes de dichos municipios, plantean que la movilidad antes de estas autopistas en los municipios era pésima. La regidora de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar (PSOE), explica que "los atascos hace quince años eran enormes. Se tardaba unos 45 minutos en salir del pueblo. Somos una población joven que coge mucho el coche y la autopista es un recurso fundamental para ir a Madrid y Rivas". Jorge Capa (PSOE), primer edil de Mejorada, incide en que "para llegar a Madrid, había que ir hasta Vicálvaro y Vallecas y, desde allí, entrar en el centro. A diario, alrededor del 80 por ciento de los vecinos usan de una forma u otra la radial". Antonio Notario (PP), alcalde de Loeches, añade que "si no se usa la radial, se tarda una hora de viaje hasta llegar a Madrid. La R-3 es una vía de penetración en la capital magnífica. Independientemente de las siglas políticas, el cierre sería nefasto para la vida de los vecinos".

Los tres regidores (Madridiario se ha puesto en contacto con los regidores de todos los ayuntamientos afectados pero no han respondido o han declinado participar en este reportaje), representantes de los municipios más populosos de la zona, coinciden en que el cierre puede ser muy negativo en materia de movilidad y de economía para la población, cuyo transporte se ha venido articulando alrededor de la radial durante la última década. Los regidores socialistas consultados aseguran que los alcaldes de todos los municipios afectados han iniciado conversaciones para que, en el caso de que se produzca definitivamente el cierre de la carretera, se agruparán para iniciar movilizaciones y tomar medidas judiciales si es necesario contra la afección que podría producirse.

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