14 de noviembre de 2019, 5:55:57
Economía


Sánchez Mato anuncia actuaciones contra administradores de la EMVS

Por MDO/E.P.

El delegado de Economía y Hacienda y portavoz de Ahora Madrid en la comisión municipal de investigación, Carlos Sánchez Mato, ha avanzado actuaciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) en base al informe definitivo de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la enajenación de 1.860 viviendas, adquiridas por el fondo Fidere. Esta empresa está llamada a comparecer el 15 de julio en la siguiente sesión además de portavoces de BNP Paribas, Ferrovial, Urban y Canary Top GV.


"Hay base jurídica para muchas cosas pero especialmente para una actuación con todos los administradores de una sociedad que no han velado por el correcto funcionamiento de la misma y su patrimonio", ha declarado en un receso de la comisión. Sánchez Mato ha añadido que "hay base para actuaciones judiciales y no hay duda de que se ejercerán".

El edil también ha remarcado que la Cámara de Cuentas señala en su informe definitivo de fiscalización que "ha habido incumplimientos absolutamente espectaculares de la normativa". Sánchez Mato se ha referido expresamente al que fuera responsable jurídico de la empresa, Rafael Requena, que ha venido a decir, según el concejal, que "no había forma de evitarlo", lo que "indigna" a Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos dado que el PP "ha vuelto a hacer novillos, pellas, se ha escapado de la comisión".

Además, el portavoz de Ciudadanos en la comisión municipal de investigación, Miguel Ángel Redondo, ha mostrado el respaldo de su formación a la intención de "depurar responsabilidades" tras las "graves irregularidades".

Careo de Requena

El letrado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) en el momento de la enajenación, Rafael Requena, ha declarado que entiende que la compradora, Fidere, "ha mantenido las condiciones de los contratos" con los inquilinos de las viviendas, como "tenía obligación" y si no "habría actuado la Comunidad de Madrid".

En un careo entre Requena y los portavoces, el letrado ha señalado a la Comunidad cuando se le ha preguntado cómo se pudo permitir que Fidere cambiara la duración de los contratos y subiera las rentas un 40 por ciento.

"El comprador tenía obligación de mantener las condiciones de los contratos y entiendo que ha sido así porque si no habría habido una actuación de la Comunidad", ha afirmado, antes de añadir que la comunicación a los inquilinos sobre el proceso de venta de las viviendas se produjo solamente una vez que se produjo la enajenación.

En cuanto al pago de 2,5 millones a un intermediario por la venta de las 18 promociones, Requena ha declarado que sí existía un contrato, a pesar de que no lo encuentren en el Ayuntamiento y tampoco haya tenido acceso a él la Cámara de Cuentas, como recoge el informe definitivo publicado este jueves.

"Existe un contrato en el que se contrataba a varios intermediarios para una venta de viviendas", ha insistido. Cuando los ediles le han recordado que la Cámara de Cuentas llama la atención por el hecho de que sólo ha aparecido una factura, el letrado ha insistido en que debe haber un contrato. No sabe si es habitual la presencia de intermediadores. "Tramité la factura y ya está", ha señalado el abogado, que tampoco sabe de dónde han salido los 2,5 millones que se le pagaron a la empresa comisionista, Ítaca.

Sin embargo, Sánchez Mato ha afirmado que "no existe un contrato que refleje ese pago de factura", reconocida y firmada por Requena. "Hay un contrato genérico", ha explicado el delegado, que ha asegurado que no le salían las cuentas que ha defendido el exabogado de la EMVS. Esos millones "salieron de los bolsillos de los madrileños y de la enajenación de patrimonio público, lo que es absolutamente vergonzoso".

Requena, además, no ha visto conflicto de intereses en el hecho de que PriceWaterhouseCoopers asesorara tanto a la parte compradora como a la vendedora. El asesoramiento se produjo "en momentos distintos y entiendo que no hay problema", ha justificado.

Conflicto de intereses

El representante de esta empresa llamado a comparecer en la comisión municipal de investigación, Manuel Márquez Ortiz, se ha desmarcado de las palabras de Requena, reiterando constantemente que no hicieron tasación alguna en el proceso de enajenación de 1.860 viviendas para, a renglón seguido, descartar un conflicto de intereses por trabajar posteriormente para la empresa Magic Real Estate, interesada en la compra de las 18 promociones.

Ese contrato con Magic Real Estate se produjo una vez que habían aceptado en la EMVS su oferta de compra. Desde PriceWaterhoseCoopers han defendido que no hubo conflicto de intereses porque eso podría menoscabar su "reputación en el mercado", de la que viven. Márquez Ortiz ha explicado que fueron contratados por la EMVS "sólo para revisar el plan de viabilidad". "No asesoramos a la EMVS en el proceso de venta de ninguna promoción inmobiliaria, no evaluamos las ofertas recibidas ni participamos en la selección de los compradores. La EMVS tenía para eso sus propios asesores. Nosotros no actuamos como auditores y no realizamos ninguna tasación", ha reiterado.

Y eso es así porque lo establecía el pliego de condiciones, ha añadido. Sí llevaron a cabo labores de consultoría sobre el plan estratégico de la EMVS para "optimizar los recursos que disponía para adelgazar progresivamente la cartera de endeudamiento". "Había que revisar el plan de viabilidad pero no asesoramos en el proceso de venta ni en la selección de compradores", ha repetido en la defensa de su informe, en el que sí ha reconocido que pusieron el foco en las 18 promociones.

A las preguntas de los partidos, PriceWaterhoseCoopers ha defendido que asesoraran que era el "momento adecuado" para la venta, con la situación del mercado inmobiliario de 2013. "El momento era atractivo porque había interés inversor", han contestado.

"Plena nulidad" de la venta

Por otra parte, el abogado de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas Públicas de la EMVS, José Mariano Benítez de Lugo, ha defendido también en la comisión de investigación que hay bases para declarar la "plena nulidad" de la venta de 1.860 pisos al 'fondo buitre'.

El letrado asegura que la EMVS ya ha encargado un informe a un abogado externo sobre la posibilidad de reclamar la revisión de la venta y que él se ofrece a presentar el suyo "de manera gratuita". Ese informe "dice que no es un acto nulo pero sí anulable" mientras él ha agregado que "hay argumentos para sostener la nulidad de pleno derecho".

El letrado ha lamentado la "mala suerte en la lotería judicial", que hizo que el juez "frenara" seguir adelante en el caso de la enajenación de la EMVS, después de personarse en la causa, pero sí continuó en los hechos protagonizados por el IVIMA y que ha supuesto la imputación, ahora como investigados, de los exdirectores gerentes de dicha empresa, Juan Van-Halen y Ana Gomendio.

Irregularidades "infinitas"

Las irregularidades encontradas en el proceso son "infinitas", en su opinión, desde "la entrega del plan de viabilidad entregado sobre la marcha o una baja inmotivada del precio" por un valor de 2 millones de euros "por un aumento del nivel de morosidad", negado a renglón seguido. "Son muy cuidadosos con el pago de las rentas porque si no viene el hacha del desahucio". "Otra irregularidad total es el contrato de intermediación" inmobiliaria Ítac, ha afirmado.

La venta, en palabras del abogado, "no era necesaria" y lo que se hizo fue "un regalo a ese fondo de inversión", después de deslizar "las numerosas relaciones del fondo de inversión con la familia Aznar-Botella". Tampoco ha olvidado el "menoscabo" que la enajenación supuso para la EMVS y ha pedido a los concejales en la comisión una solución a esta "infamia". "Voy a ir a muerte con la nulidad de la operación", ha terminado.

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