Mariño y Elorriaga defienden a la Fundación Arpegio frente a las críticas de "falta de rigor" y "sesgo ideológico"

La Fundación Arpegio tenía tres secretarias y una directora gerente, Carmen Plata, y se dedicaba a la firma de convenios con entidades "para devolver a los madrileños los beneficios" de Arpegio, empresa pública de la Comunidad, cuyo cierre ha anunciado Cristina Cifuentes. Plata ha explicado que las órdenes de qué proyectos se tenían que impulsar llegaban del presidente de la fundación, cargo que recaía en el consejero correspondiente, que fueron Francisco Granados, Beatriz Elorriaga e Isabel Mariño. Los tres tenían previsto comparecer este viernes, pero finalmente se ha pospuesto la de Granados para consultar al juez sobre su conveniencia. "Aguirre jamás me dio ninguna instrucción sobre la Fundación Arpegio", ha apuntado también.

Los grupos han puesto en cuestión diversos proyectos que fueron concedidos por convenio, la "forma más efectiva" de saltarse el control de la ley de contratos, según el portavoz de Podemos, Miguel Ongil. En concreto, Encarnación Moya, del PSOE, ha señalado que al menos hay "dos casos claros de contratos encubiertos con empresas que prestan servicios a la administración y en vez de contratar se hacían convenios". Entre otros, se firmaron convenios para digitalizar unos archivos parroquiales en Valdemoro, crear la Casa de Madrid en Buenos Aires o un concierto organizado por Waiter Music, y que está siendo investigado por el juez Velasco. César Zafra, de Ciudadanos, ha preguntado por algunos detalles de los gastos de representación, como un gasto de 765 euros en jamones. Plata ha explicado que eran para las cestas de navidad de los trabajadores, tres, y el portero del despacho de la fundación en la calle Hermosilla. "Estamos hablando de 2007", ha intentado contextualizar.

"Los proyectos que se hicieron les pueden gustar más o menos pero se hicieron todos conforme a la ley de aquel momento", ha señalado en su defensa y ha negado que viese que las empresas beneficiadas financiaran campañas electorales del PP. Pero PSOE y Podemos han criticado el "sesgo ideológico" de los convenios y han puesto en duda que beneficiaran a todos los madrileños. Plata también ha intentado quitarse responsabilidades sobre la fundación. "Yo me dedicaba a gestionar. No tomaba ninguna decisión", ha dicho, tras lo que el portavoz de Podemos le ha recordado que era la "responsable" porque firmaba los documentos y pagaba.

Convenios con medios de comunicación afines

Beatriz Elorriaga, que fue presidenta de la fundación durante tres meses tras Francisco Granados, ha explicado que a su llegada a la fundación "necesitaba adaptarse a nuevas normas" y por eso contrató a una empresa para que realizara un informe sobre su funcionamiento. Elisa de la Nuez fue la abogada que se encargó de este estudio y en la comisión en la que declaró aseguró que "no había control". Elorriaga fue sustituida rápidamente en la Consejería de Medio Ambiente y, según ha asegurado, no le dio tiempo a llevar a cabo los cambios porque "los estatutos no se cambian en un minuto". Su propósito era reducir el objeto social a temas sociales y medioambientales y nombrar a un director. "La realidad es que nunca se adaptó", ha criticado Ongil, aunque tanto Elorriaga como el portavoz del PP, Alfonso Serrano, han defendido que sí.

Encarnación Moya, del PSOE, ha preguntado a Elorriaga por tres convenios sin importe fijo que supusieron un coste de unos 700.000 euros firmados bajo su mandato como presidenta y ha puesto en duda el "rigor" de estas contrataciones. "No tengo conocimiento de ninguna ilegalidad o cosa mal hecha, porque si lo hubiera tenido lo hubiera denunciado", ha afirmado Elorriaga.

A Elorriaga no le dio tiempo a cambiar las normas de la fundación, así que la labor recayó en su sustituta, Ana Isabel Mariño, quien ha explicado que se constituyó una mesa de contratación y se fijaron unas normas de funcionamiento. Además, ha defendido que la fundación no está siendo investigada por el juez del caso Púnica, sino solo uno de sus contratos de la época de Granados, y que el dinero que se daba a través de convenios "no" iba a destinado a financiar al PP. Sobre cómo se tomaban las decisiones, ha señalado que no eran discrecionales, sino que respondían a las líneas de actuación de las consejerías.

Sin embargo, ha tenido más dificultades para explicar por qué la fundación contrató publicidad solo con medios afines. Bajo la presidencia de Mariño se gastaron 50.000 euros en La Razón y 270.000 en La Cope, 600.000 en total durante toda la vida de Arpegio, según ha denunciado Encarnación Moya. La exconsejera ha asegurado que la emisora tenía un espacio dedicado al medio ambiente y que su departamento de comunicación vio conveniente esta difusión. Después su compañero de partido en la Asamblea, Alfonso Serrano, portavoz del PP en la comisión ha respondido a la socialista que en Andalucía se contratan 8 de 10 euros con el mismo grupo de comunicación. Mariño ha concluido su comparencia diciendo que "de chiringuito nada".