29 de noviembre de 2020, 5:54:00
Social


El Ayuntamiento evitará que los usuarios de ayuda a domicilio pierdan horas al ser reconocidos como dependientes

Por Celia G. Naranjo

Hasta ahora, los usuarios de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Madrid que pasaban a recibir este servicio 'vía Ley de Dependencia' perdían parte de las horas mensuales de las que disfrutaban. La delegada de Derechos Sociales y Equidad, Marta Higueras, aseguró que el Consistorio se hará cargo de estas diez horas para que estos usuarios no sufran una merma del servicio una vez que sean oficialmente reconocidos como dependientes.


El desfase entre la regulación municipal de la prestación del servicio y los criterios de aplicación de la Ley de Dependencia llevaba meses causando quebraderos de cabeza a los servicios sociales municipales, que recibían constantes quejas de los usuarios cuando, una vez reconocida su situación de dependencia por la Comunidad de Madrid y establecido el Plan Individual de Atención (PIA), se encontraban con que recibían menos horas mensuales que antes. Es decir, pasaban de las horas que venían recibiendo con cargo a los presupuestos municipales (que varían según la valoración del trabajador social en cada caso) a veinte, cuyo coste está sufragado por el dinero destinado a la atención a la dependencia asignado por la Comunidad de Madrid. Según fuentes municipales, ese ha sido el caso de 1.548 usuarios con dependencia de grado I (sobre un total de 3.432) hasta el pasado 1 de octubre: todos ellos han perdido horas de prestación de este servicio, que consiste en ayuda para atender a la persona dependiente, o bien realizar tareas domésticas (limpieza, compra, etcétera).

La idea, según Higueras, es que esta situación termine y el hecho de que una persona vea reconocida su condición de dependiente y su derecho a ser atendido como tal no suponga una merma en la ayuda a domicilio que ya venía recibiendo y, por tanto, en su calidad de vida. Según fuentes municipales, es difícil calcular el coste de esta medida para las arcas municipales, porque cada persona recibía un número diferente de horas de este servicio, dependiendo de la valoración de cada caso que haya realizado el trabajador social. Además, en el caso de que un mayor pase un período fuera de su domicilio habitual, no recibe el servicio durante ese tiempo. Todos estos factores se contabilizan en el balance del servicio al final del año, según fuentes del Área de Derechos Sociales.

Reanudación de las nuevas altas

El desfase entre la regulación de la ayuda a domicilio por parte de los distintos niveles de la Administración no es el único problema que venía arrastrando este servicio. A principios de mayo, el Gobierno municipal capitaneado por Ana Botella paralizó todas las nuevas altas alegando la incertidumbre electoral y desajustes presupuestarios. La actual delegada, Marta Higueras, explicó a Madridiario que se dio orden de reanudarlas a mediados de junio, durante la primera semana de su mandato, y que como consecuencia empezaron a recibir el servicio otros 3.888 madrileños. Además, en agosto se convocó el nuevo concurso para dar servicio a los distritos de Retiro, Usera, Puente y Villa de Vallecas, Moratalaz, Villaverde, Vicálvaro y San Blas, donde se había agotado el presupuesto asignado hasta finales de año. Higueras explicó que esta situación se produjo "fruto de una mala planificación", pues desde hace años el Área de Servicios Sociales no agota todo el dinero destinado a la ayuda a domicilio y la teleasistencia. "No es un problema de falta de dinero: siempre lo ha habido", aseguró. La delegada prevé que este año tampoco se ejecute todo el presupuesto del Área, debido, entre otros motivos, al 'parón' electoral, a la orden de paralizar las nuevas altas y a la planificación 'heredada' del anterior equipo de Gobierno, algo que, a su juicio, es "aberrante, teniendo en cuenta las necesidades sociales que hay". Este superávit, que fue destinado en años anteriores a amortizar parte de la deuda del Consistorio de forma anticipada, será empleado el año que viene en "garantizar los derechos sociales de la ciudadanía". Al menos, esa es su intención, aunque, a la hora de repartir el presupuesto, "el concejal de Hacienda dirá".

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