3 de diciembre de 2020, 2:50:17
Salud


La justicia sentencia que 'externalizar' servicios sanitarios no cuestiona el carácter público de la Seguridad Social

Por MDO/E.P.

El Tribunal Constitucional (TC) ha concluido que el carácter público del sistema de la Seguridad Social no se ve cuestionado por fórmulas de gestión indirecta, y ha desestimado la mayor parte del recurso de inconstitucionalidad presentado hace un par de años por 50 senadores socialistas contra la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales y hasta 27 centros de salud, prevista en dos artículos de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013.


En la sentencia  el TC entiende que la "posible apertura a formas de gestión y responsabilidad privada se lleva a cabo preservando en todo caso la titularidad pública del servicio" y que el Gobierno "no ha optado siquiera" con esta ley recurrida por la "vinculación de centros privados a la red pública" en virtud de conciertos sino que se ha limitado a "hacer uso de las posibilidades abiertas por la legislación estatal".

Por otro lado, añade que la Constitución "no exige que el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social requiera necesariamente y en todo caso un sistema de gestión pública directa". El carácter público se aprecia, según recoge, "en relación con la estructura y el régimen del sistema en su conjunto, sin distorsionar la evaluación", añade.

Esto significa que ese "carácter público del sistema de Seguridad Social no queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privadas, de importancia relativa en el conjunto de la acción protectora" del sistema. De hecho, "de suerte que la apertura a fórmulas de gestión o responsabilidad privadas queda en todo caso condicionada a la preponderancia de los elementos definitorios del carácter público del sistema", añade.

También señala que aunque se materializara la gestión indirecta del servicio por personas privadas, tal hecho "no afecta al conjunto de mecanismos de cobertura propios de un sistema de Seguridad Social sino exclusivamente a los relativos a la acción protectora en materia de sanidad, y dentro de esta, a los hospitales en cuestión afectados (Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infante Leonor, Sureste, Henares y Tajo). Asimismo, los magistrados del Pleno recogen que en todo caso, las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos "queda en manos de los poderes públicos, no habiéndose producido un traslado de esta potestad a quienes asumen la gestión -y sólo gestión- del servicio público de la sanidad".

En la misma línea, apuntan que la financiación se lleva a cabo mediante fondos públicos, "sin que las singularidades a las que pueda dar lugar aquí la preservación del equilibrio financiero del adjudicatario alcancen tal grado de intensidad que hagan inconstitucional el modelo de gestión establecido". Además, alude que uno de los artículos recurridos recoge "expresamente" la garantía de "los adecuados niveles de calidad, atención y derechos de los usuarios". Por tanto, no se aprecia, dicen los magistrados, que se ponga en cuestión los rasgos estructurales de la institución Seguridad Social ni que se desnaturalice su esencia".

El PSOE, a nivel nacional, presentó un recurso ante el TC basado en el informe de Afem al entender que se estarían vulnerando varios artículos de la Constitución Española que tratan del régimen de la Seguridad Social y del derecho a la protección de la salud, además de "normas básicas sobre contratación administrativa" al habilitar al Servicio Madrileño de Salud para celebrar contratos "cuyo debido cumplimiento no puede controlar". El recurso, que fue presentado por Tomás Gómez, exsecretario general del PSM,  fue admitido a trámite por el Alto Tribunal a principios de mayo de 2013.

La presidenta del PP de Madrid y candidata a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este martes que se alegra "mucho" de la decisión pues "ha quitado la razón a las mareas y al PSOE". El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha destacado que el Constitucional en su fallo no ha entrado a valorar la externalización sanitaria en sí, y ha acusado a Aguirre de "ignorar" esta cuestión. Freire ha señalado que la ley de medidas recurridas era "muy genérica". "Sabíamos lo que implicaba pero el TC no puede juzgar las implicaciones que podía tener y que se manifestaron después en los pliegos que salieron en abril", ha recordado, al tiempo que ha acusado al Gobierno de hacer una "especie de trampa" con esto. Freire ha reconocido que el fallo les deja "poco satisfechos" pero ha insistido en que desde el punto de vista legal "se tiene que juzgar la literalidad del texto".

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