9 de diciembre de 2019, 3:59:21
Economía


Arturo Fernández justifica los gastos en su restaurante con la 'tarjeta black': "Son más baratos y son míos"

Por MDO/E.P.

El expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández ha justificado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu los gastos que realizó con su 'tarjeta black' de Caja Madrid en sus propios restaurantes. "¿Por qué elegía los suyos?", le ha preguntado el magistrado. "Porque son más baratos y porque son míos", ha dicho.


Fernández, que ha declarado como imputado junto a otros siete exconsejeros de la caja madrileña en la pieza separada del 'caso Bankia' en la que se investigan las visas opacas al fisco que tenían los exdirectivos de la entidad, ha asegurado que se trataba de una "tarjeta transparente" porque la entidad conocía todos sus gastos, según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia.

En un momento de su declaración el juez instructor ha preguntado al antiguo líder de los empresarios madrileños -que gastó 37.300 euros con su tarjeta, 10.500 de ellos en sus propios restaurantes- si conocía el Grupo Cantoblanco. "Es de mi propiedad -ha dicho-. Las relaciones institucionales que tenía las hacía en mi restaurantes y luego periódicamente hacía una liquidación con mi cuenta personal". "¿Y así le redondeaba la cuenta?", le ha preguntado el juez. "Pues sí", ha contestado el empresario.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 también se ha interesado por un cargo que se produjo en navidades a la una menos diez de la madrugada. "Supongo que sería la chica que hace la cuenta", ha explicado Fernández antes de añadir que la visa era para "gastos personales" y que estaba convencido de que la entidad se ocupaba de la tributación.

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón no ha pedido fianza para Fernández argumentando que había devuelto los importes que había gastado aunque ha pedido que se consignen estas cuantías a las indemnizaciones por responsabilidad civil que se podrían establecer en una futura sentencia. Este mismo procedimiento lo ha seguido con los exconsejeros Luis Blasco, Carmen Cafranga y Javier López Madrid.

La exconsejera Carmen Cafranga (PP), que cargó 175.200 euros con su 'visa black' ha aprovechado su comparecencia en la Audiencia Nacional para denunciar el "enorme trastorno y desgaste" que ha sufrido su "reputación" a raíz de su imputación en la causa de las 'tarjetas black'.

En este sentido, ha señalado que el banco Santander le negó un aval que había pedido para regularizar su situación fiscal y que siempre pensó que la visa se podía utilizar para "gastar en cualquier cosa" y que la caja se encargaba de la tributación ante Hacienda. "Ellos lo arreglaban todo con Hacienda", ha señalado, según las citadas fuentes.

El exconsejero Luis Blasco Bosqued, propuesto por el PP y miembro de la Junta Directiva del Real Madrid, ha señalado que siempre entendió que la tarjeta era "de libre disposición" y que se ofrecía a los consejeros porque no tenían "apoyo de ningún tipo, ni teléfono, ni secretaria, ni despacho". Al estallar el escándalo, realizó una declaración complementaria ante Hacienda y devolvió los importes gastados.

Por su parte, el representante de CEIM, Javier López Madrid, que cargó 34.800 euros, ha reconocido que actuó con "un exceso de confianza" porque no fue consciente de que las cuantías gastadas con la tarjeta no se declaraban a Hacienda. "Es evidente que algo he hecho mal", ha reconocido para apuntar a continuación que ha devuelto los gastos y ha regularizado su situación fiscal. "Más no puedo hacer", ha añadido.

La exconsejera de Caja Madrid nombrada a propuesta del PSOE María Enedina Álvarez Gayol ha afirmado ante Fernando Andreu que intentó devolver el importe de un aparato de gimnasia que había comprado con su 'tarjeta black', aunque no para pagarlo con cargo a su cuenta personal, sino porque no estaba satisfecha con la compra. En concreto, el magistrado le investiga por haber cargado gastos personales por valor de 47.000 euros a su 'tarjeta B', entre ellos uno por 1.015 euros y otro de 76 euros desembolsados en Decathlon en 2010. Ha precisado que este último no lo recordaba.

Según ha dicho, separaba los gastos particulares de los profesionales efectuados con su 'tarjeta black', con un límite de 25.000 euros que podía destinar a viajes, obsequios o transporte y que no tenía numero PIN para extraer dinero en efectivo. Ha añadido que su interlocutor era el vicepresidente José Manuel Fernández Norniella y que le dijeron que "no se preocupara de nada" en materia de fiscalidad.

El también socialista Jorge Gómez ha explicado que guardó justificantes de los gastos durante los tres primeros meses, pero le dijeron que dejara de hacerlo porque "no hacía falta". Como ejemplo de que la dedicaba a gastos inherentes a su cargo, ha dicho que cargó su billete a Nueva York, pero no el vuelo de su mujer y su suegro en octubre de 2012. Gómez, que liquidó 98.200 euros con su 'visa black', ha señalado que el asunto de las tarjetas "nunca" se trató en la Comisión de Retribuciones y que no la consideraba un incentivo, si no más bien un gasto de representación.

El ex 'número dos' del PSM con Rafael Simancas, Antonio Romero, ha advertido de errores en algunos conceptos y ha puesto como ejemplo que el 13 de enero de 2006 el departamento de tarjetas le anuló la tarjeta ante el temor de que se la hubieran clonado al aparecer gastos registrados en distintas ciudades. Sin embargo, siguen apareciendo en el desglose investigado por el juzgado. Ha puesto de relieve que los usuarios no podían destinar esta 'visa' a "cosas indebidas" y, de hecho, la entidad llamó a una persona -a la que no ha citado- por pagar electrodomésticos. Romero se ha considerado "víctima de un engaño o una negligencia" y ha justificado las retiradas de efectivo en cantidades de 500 euros como gastos de representación o pagar taxis, que por aquel momento no aceptaban tarjeta.

Finalmente, el exsecretario general de UGT en Madrid José Ricardo Martínez ha destacado que se "autoimpuso" la responsabilidad de dedicar su 'tarjeta black' a su actividad como consejero, puesto que nadie de la entidad le exigió que así fuera. "¿Era una autolimitación?", le ha preguntado el fiscal Alejandro Luzón, a lo que ha respondido que "era una cosa que se había exigido a sí mismo". El sindicalista ha relatado una incidencia de 2010 cuando el propio Norniella le llamó la atención porque se había excedido de 4.000 euros y que el ejercicio se cerraba en noviembre y no al año natural, como él pensaba. Por ello, le descontaron esa cantidad al año siguiente. El fiscal Alejandro Luzón ha pedido fianza para Martínez por el valor de lo gastado (44.200) y su abogado se ha opuesto argumentando que la Fundación Caja Madrid no ha reclamado el perjuicio.

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