9 de diciembre de 2019, 10:49:27
Salud


Se cumplen dos años del decreto que dejó sin sanidad pública a 873.000 'sin papeles'

Por Lucía de la Fuente

Desde el 1 de septiembre de 2012 los inmigrantes 'sin papeles' no pueden acudir al médico en España sin abonar una factura a no ser que sean menores, embarazadas o tengan una emergencia. Ha supuesto la retirada de 873.000 tarjetas sanitarias a nivel estatal. Varias ONG se unen este lunes para denunciar que "este grave ataque al derecho a la salud está durando demasiado".


Al 16/2012 Lo llamaron real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Pretendía asumir un recorte de 7.000 millones de euros en Sanidad y contemplaba las siguientes medidas: dejar de pagar las prótesis ambulatorias y transporte sanitario no urgente, aumento del 'copago' farmacéutico, exclusión de la prestación para algunos fármacos y la anulación de las tarjetas sanitarias para menores de 26 años que no cotizaran y  para extranjeros indocumentados.

Esta última medida indignó enormemente a asociaciones y ONG que trabajan con extranjeros, pues la tacharon de "racista" e "insolidaria". Hubo numerosos actos de protesta, ante hospitales y centros de salud los días previos a la entrada en vigor de la normativa en los que se defendía el derecho fundamental a la salud, recogido en la Constitución. Los médicos dijeron temer el colapso de los servicios de urgencias. La Comunidad de Madrid envió un documento a los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud  con una serie de instrucciones para asumir el real decreto-ley que especificaba que, en los servicios de urgencias, se atendería a los pacientes por enfermedad grave o accidente "hasta la situación de alta médica". Además se atendería en el embarazo, parto y postparto, las consultas de menores de 18 años, todos los procesos cuyo tratamiento se hubiera iniciado antes del 31 de agosto de 2012, los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata y los supuestos de salud pública que puedan repercutir en la sociedad -enfermedades de declaración obligatoria como sida, sífilis o gripe y trastornos mentales graves como esquizofrenia o trastornos obsesivos-.

Desde entonces, las entidades sociales que trabajan con inmigrantes no han dejado de pedir que se revoque la medida y han denunciado el incumplimiento en las excepciones. "Un caso que puede ser ilustrativo del impacto negativo de la reforma sanitaria es el de Alpha Pam, ciudadano senegalés de 28 años sin tarjeta sanitaria, que falleció de tuberculosis el 21 de abril de 2013. Le diagnosticaron bronquitis en el Hospital de Inca, sin efectuarle una radiografía ni decidir su ingreso", recuerdan desde Médicos del Mundo. Durante toda la jornada del lunes, voluntarios de Médicos del Mundo, de Amnistía Internacional, de Red Acoge y de CEAR van a difundir trípticos en el metro y montarán una carpa con photocall en la Puerta del Sol. Además, en las redes sociales lanzarán una campaña de denuncia con la etiqueta #SANIDADGOBINCUMPLE.

En abril de 2014, seis relatores especiales y expertos Independientes de Naciones Unidas recordaron a España que "las normas básicas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales". Asimismo, en enero de 2014, el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa destacó que esta reforma era contraria a la Carta Social Europea, de la cual España es Estado parte.

Este diario ha preguntado al Ministerio de Sanidad cuánto dinero ha ahorrado desde que entró en vigor la norma, pero no ha recibido ninguna respuesta. 

Quizá le interese:

Firmas contra la discriminación sanitaria en Sol

'Yo sí sanidad universal': Una campaña por la desobediencia civil ante la reforma sanitaria

 Lavapiés se resiste a limitar la sanidad gratuita

 

Madridiario.  Todos los derechos reservados.  ®2019   |  www.madridiario.es