24 de octubre de 2021, 22:13:49
Opinión


El saber y el no querer

Por Ana Sánchez de la Coba


No puedo más que condenar y lamentar que las medidas de recortes sociolaborales, estén llevando a nuestro país y a nuestra comunidad a unos índices de pobreza que se han disparado de manera alarmante.

Según explica el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) en 2013, los ingresos que marcan el umbral de pobreza de una persona se situaron en 8.114 euros, y en 17.040 para los hogares compuestos por dos adultos y dos menores, frente a los 8.321 y 17.473 euros, respectivamente, de 2012.

El 20,4 % de la población española, uno de cada cinco habitantes, vive por debajo del umbral de la pobreza, frente al 20,8 % de 2012, un descenso que no responde a una mejora de la situación sino a que al disminuir los ingresos de la población también lo hace el límite que marca el riesgo de pobreza.

Esa mínima reducción de la tasa también se explica por la estabilidad de los ingresos de los mayores de 65 años (cuyo riesgo de pobreza se reduce en 2,1 puntos hasta el 12,7%), ya que sus pensiones permanecen estables pese a los menores ingresos del resto de la población, mientras que la de los menores de 16 años se elevó hasta el 26,7%.

Además, el porcentaje del 20,4% se eleva hasta el 27,3% si se utiliza el indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.

Este indicador, además del riesgo de pobreza, tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares, y la carencia material severa, como no poder ir de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, no poder tener coche, lavadora o teléfono, o no disponer de 650 euros para gastos imprevistos, entre otros factores.

Un 13,4 % de los madrileños vive por debajo del umbral de la pobreza según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que alerta de que en Castilla-La Mancha y Extremadura la cifra supera el 30 %.

El Gobierno actual nunca ha asumido el principio de igualdad de trato y de oportunidades y estas desigualdades nos están llevando a un alarmante crecimiento de la pobreza y un aumento de la concentración de la riqueza, solo por parte de unos pocos privilegiados.

Los recortes derivados de la crisis, están dejando a la puerta de muchas casas, la cara de "niños desnutridos" por ausencia de ayudas y recursos. La tasa de pobreza infantil, es sin duda el indicador más alarmante alcanzando en España a un 29,9% de la infancia que vive bajo el umbral de la pobreza relativa, la que hace referencia a los ingresos en los hogares, sólo superado por Rumania.

La tasa de niños en riesgo de pobreza y exclusión social es aún mayor, un 33,8 por ciento (más de 2,8 millones), como ya constató la organización en un anterior estudio.

Sin duda, detonante principal de esta pobreza es el desempleo. En Madrid, la tasa de desempleo se sitúa en el 20,43% (según la última Encuesta de Población Activa), frente al 6,38% con que se cerró el año 2007. Más dramático si cabe es el número de familias con todos sus miembros activos en paro: que representan ya el 8,34% de los hogares, frente al 2,31% de 2007.

Cada día son más los hogares madrileños sustentados por personas mayores de 65 años, lo que convierte a este colectivo en un factor de "contención" de situaciones de crisis familiar.

En este escenario, hay que criticar que sean los pensionistas quienes tengan que "pagar las alegrías fiscales" del Gobierno regional, cuyas políticas de "austeridad" y modelo "ultraliberal" está provocando un aumento de la pobreza y la desigualdad en esta región.

Por ello, demandamos un tratamiento especial al IVA de productos de primera necesidad; la elaboración de un plan de emergencia social para familias en riesgo de exclusión; y un cambio de política hasta conseguir "pobreza cero" en esta región.

En resumen, estos datos reflejan un creciente aumento de las desigualdades y un grado de exclusión social donde la marginalidad se hace crónica. El último informe de la OCDE de 2014 evidenció que el 10% de los hogares españoles con menos ingresos perdieron un tercio de los mismos entre 2007 y 2010, con una caída anual del 14% aproximadamente. Mientras tanto, el 10% más rico sólo disminuyó un 1%.

En cuanto al desempleo, tampoco las cosas han cambiado el rumbo desde el inicio de la crisis. En 2013, el porcentaje de la población activa en paro se situó en el 26,7%. Y en este último año de gobierno del Partido Popular se han perdido 800.000 empleos. Además, 2,7 millones de parados no cobran ningún tipo de prestación social, situando la tasa de cobertura por desempleo en mínimos históricos. Si en 2012 era del 64,05%, en diciembre de 2013 no supera el 61,44%. Asimismo, el paro juvenil afecta a un 57,7% del colectivo. A lo anterior, debemos agregar que el empleo ha visto crecer las modalidades de contratos basuras, tiempo parcial y formación, en detrimento de los contratos fijos, de calidad e indefinidos, que solo suponen el 18% de los nuevos contratos. A esta situación hay que añadir, que a pesar de la escasa creación de empleo, se siguen incrementando el desempleo de las mujeres en un 5,16% en el ultimo año. Se podría decir que la pobreza tiene rostro de mujer

Por otro lado, la reforma laboral se cobra frutos en todas las esferas de las relaciones sociolaborales. Abarata el despido, favorece y fomenta la firma de contratos miserables, disuelve la negociación colectiva, haciendo que las empresas obtengan pingüe beneficios cuando se acogen a los expedientes de regulación de empleo (ERE). El caso más sangrante, el de Coca-Cola. Su dirección solicita el despido de un quinto de la plantilla y promueve el cierre de cuatro de sus once plantas; entre ellas, la joya de la corona, situada en Fuenlabrada, cuya tecnología punta la hace ser la más rentable de Europa en relación coste-beneficio.

A todo lo anterior, sumemos la política de desahucios llevada a cabo por los bancos en connivencia con el Partido Popular, que se negó a considerar la iniciativa legislativa popular de regulación de la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social, a pesar de las 1.402.854 firmas que la avalaron. Según el Banco de España, en 2013 se produjo una media diaria de 216 actos de ejecución hipotecaria. Sólo en los seis primeros meses la cifra alcanzó las 19.567 ejecuciones. En 2012 fueron un total de 32.490 las actuaciones judiciales. En la actualidad se produce una cada quince minutos. El drama que asola a familias abocadas a vivir en la calle, coches, caravanas, albergues o regresar a la vivienda de sus padres, crece exponencialmente. Los bancos prefieren mirar hacia otro lado y continuar con los embargos, considerando a los desahuciados como delincuentes. Entre ellos destacamos a Banco de Santander, BBVA, Bankia, La Caixa, Ibercaja y Kutxa. En este contexto, los casos de suicidio por depresión, impotencia e incapacidad para hacer frente a la deuda han saltado a la palestra y son noticia. Valga señalar que en 2012 fueron 16 los casos reconocidos por impago. Mientras tanto, el gobierno solicita a los medios de comunicación que eviten reseñar dichos casos para no crear alarma social.

Así actúa el gobierno. Viola los derechos humanos, criminaliza las protestas sociales y crea una ley de seguridad ciudadana para acallar las voces de la dignidad. Mientras tanto, protege al capital financiero, a las empresas trasnacionales y entrega el país a los fondos buitres de riesgo. Por suerte, los trabajadores no se dejan amedrentar. La dignidad de España, como de costumbre, se sitúa abajo y a la izquierda.

El gobierno tiene que cambiar el rumbo de estas politicas de austeridad, que han demostrado ser inútiles, que suponen un incremento de la pobreza, de la desigualdad y una perdida de derechos, que esta sociedad había conquistado, por políticas reales de empleo, políticas que se preocupen de los ciudadanos y no solo por las empresas que cotizan en el IBEX 35 que, por lo que se esta comprobando, son las únicas que interesan a este gobierno.

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