21 de noviembre de 2019, 18:51:26
Especiales


Una red para los más vulnerables

Por MDO

Los servicios sociales se consideran el cuarto pilar del estado del bienestar y van desde la adjudicación de prestaciones económicas para personas sin recursos hasta la asistencia a mayores, menores huérfanos, apoyo psicológico a mujeres maltratadas, programas contra las drogas, comedores sociales, atención a la dependencia... En la Comunidad de Madrid la red de estos servicios esenciales cuenta con más de 500 centros de toda índole distribuidos por todo el territorio que tratan de garantizar el inmediato acceso a los recursos a la población que los necesite.


La mayoría de trabajadores sociales trabajan para la administración pública, tal y como indica el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid. Nada extraño si se tiene en cuenta que, desde su nacimiento, los servicios sociales se han gestado en los municipios, pues son la administración más cercana al ciudadano. Solo el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid supera en 450 millones de euros destinados al mantenimiento de estas ayudas esenciales. En total, la capital cuenta con 31 centros de servicios sociales repartidos por los 21 distritos que gestionan la atención municipal a mayores, discapacitados, menores y familias e inmigrantes. Desde ellos se coordinan, además, los programas de igualdad de oportunidades y voluntariado. Para casos de emergencia, que afectan fundamentalmente a personas sin hogar, el Consistorio cuenta con el Samur Social, considerada una de las joyas del área.

Pero los servicios sociales no solo son, ni mucho menos, una competencia municipal. La Comunidad de Madrid destinó, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, 1.303 millones de euros para 2014. La lucha contra la exclusión social y la erradicación del chabolismo es uno de los objetivos que mejor ejemplifican la acción del Gobierno regional en materia social. Para ello se sirve del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), organismo "cuyo fin último es posibilitar el ejercicio del derecho a la vivienda para todos los ciudadanos", según señala la entidad. Contra la exclusión, la Comunidad también utiliza la Renta Mínima de Inserción (RMI), una ayuda económica que pueden solicitar personas que no tienen ingresos ni propiedades y que actualmente reciben más de 60.000 personas en Madrid, lo que supone más del doble que en 2008. La cuantía de las prestaciones varía si se trata de una persona sola (le corresponden unos 375 euros), una familia de dos personas (488 euros) o una familia de tres o más personas (532 euros) y no tiene límite de tiempo. La Comunidad de Madrid destinó en 2013 más de 80 millones de euros a financiar esta prestación.

Pero el sector de los servicios sociales se enfrenta actualmente a una incertidumbre. La presentación del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que pretende evitar duplicidades basándose en el principio de "una administración, una competencia", en la práctica supondrá que las administraciones locales pierdan toda competencia en sanidad, educación o servicios sociales, que gestionarán directamente las comunidades autónomas. Los partidos de oposición hablan de un "brutal ataque al municipalismo", el Consejo General del Trabajo Social calcula que el 40 por ciento del personal será despedido, lo que supondrá "una tragedia para todo el sector", y al Gobierno regional tampoco le satisface el proyecto si no viene acompañado de recursos económicos. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad tiene presupuestados este año 1.527,6 millones de euros para el mantenimiento de sus servicios sociales en toda España.

Pero el sector social no vive solo del ámbito público. Son muchas las entidades privadas que ofrecen servicios sociales de toda índole. El Grupo Fundosa de la ONCE, Ginso, Clece... son algunas de las que tienen mayor presencia en Madrid. Solamente Clece, que nació en 1992 como un proyecto empresarial dentro del Grupo ACS, atiende a "más de 18.000 familias", según indica un portavoz. "En Clece hemos impulsado en los últimos tiempos una labor que emana de nuestra vocación por contribuir a una sociedad más equilibrada: la inserción laboral de colectivos desfavorecidos", agrega.

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son la cuarta pata del sistema. En Madrid trabajan cientos de ellas, siendo algunas de las más prestigiosas Cruz Roja, Cáritas, Mensajeros de la Paz o Médicos del Mundo, sin olvidar las fundaciones de la mayoría de entidades bancarias. Por ejemplo, la Obra Social 'la Caixa' "destinó en 2013 ayudas por valor de 2,5 millones de euros a 116 proyectos sociales en la provincia de Madrid, de los que se beneficiaron más de 38.000 personas, especialmente las más vulnerables o en riesgo de exclusión", matizan fuentes de la entidad.

Atención de la dependencia

Es incuestionable que los servicios sociales son una amalgama que se ha visto duramente golpeada por la recesión económica que vive España desde 2007, pero se ha intentado preservar la atención a las personas en situación de dependencia, que es la partida más importante. Según los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) recopilados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, "a cierre de 2013 en la Comunidad de Madrid había 175.555 solicitudes registradas y se habían emitido 172.599 dictámenes", lo que supone que había 2.956 personas en lista de espera. Del total de resoluciones, se había reconocido a 99.553 personas como beneficiarias con derecho a prestación, de las que 89.098 ya reciben alguna, lo que sitúa la Comunidad de Madrid como la tercera en número de dependientes con prestación, por detrás de Andalucía y Cataluña.

La prestación más concedida en Madrid es la económica, con 29.719 beneficiarios, seguida de la ayuda a domicilio, con un total de 21.356, y la teleasistencia, con 14.956. Otra cuestión es qué hacen estos beneficiarios con la ayuda económica que reciben. De cada cien dependientes, 78 son atendidos por cuidadores profesionales y 22 por familiares. La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) tiene 162 empresas asociadas. que cuentan con 8.900 empleados y 218 centros de trabajo, entre residencias, centros de día, teleasistencia y servicios de ayuda domiciliaria. Su presidente, Javier Gómez, cree que "estamos en un momento en el que las plazas en las residencias se han homogeneizado". Esto quiere decir que mientras antes de la crisis cada administración tasaba un precio para el mantenimiento de los servicios, ahora se ha fijado en 1.525 euros mensuales antes de impuestos. "El sector público ha marcado un precio, una referencia, y el mercado ha ido orientándose en torno a ese precio que es, en general, más bajo que el que había antes de la recesión", explica.

A pesar de ello, la red de plazas en residencias públicas para dependientes se ha mantenido. No ha sucedido lo mismo, sin embargo, con el sector privado. "Hemos tenido un par de años muy malos en los que había gente que sacaba a sus mayores de la residencia porque no la podía pagar. Se ha notado mucho", confirma Gómez. En cualquier caso, el presidente de AMADE se muestra optimista de cara al futuro: "Yo creo que lo peor ya lo hemos pasado".

Dentro de la dependencia, existe un área específica que exige un tratamiento diferenciado: la discapacidad, ya sea física o psíquica. En la Comunidad de Madrid hay más de 200.000 personas con discapacidad, según revela la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMMA-Cocemfe, entidad que lleva más de 25 años trabajando "por la normalización del colectivo". Su presidente, Javier Font, cree que en la región se han alcanzado importantes avances en materia de eliminación de barreras arquitectónicas o en la mejora de la accesibilidad del transporte público, aunque aún queda mucho para que Madrid sea una comunidad verdaderamente accesible. "Con la crisis se ha producido cero crecimiento en la aplicación de nuevas medidas de accesibilidad; se está dejando sin destinar incluso el presupuesto fijado por ley", critica el presidente de FAMMA.

Protección de menores

Otra de las áreas en las que los servicios sociales juegan un papel importante es la relativa a la protección de menores. El Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (IMMF), dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales, es el organismo encargado de "promover el desarrollo de las políticas de igualdad y bienestar dirigidas a los menores y sus familias". Además, se encarga de tutelar a más de 4.600 niños que son huérfanos o cuyas familias no pueden hacerse cargo de ellos, por diferentes circunstancias. La gran mayoría de ellos están incluidos en diversos programas de acogimiento familiar, mientras que el resto ?1.500, aproximadamente? residen en alguna de las 84 residencias públicas, de gestión directa o privatizada, de la red regional.

Por otro lado, el Gobierno regional también debe, a través de la Consejería de Presidencia y Justicia, velar por el cumplimiento de las medidas judiciales que los jueces imponen a menores que han delinquido. En este sentido, la Agencia para la Reinserción y Reeducación del Menor Infractor (ARRMI) cuenta con nueve centros de ejecución de medidas judiciales cuya gestión está, en todos ellos, externalizada. La principal entidad administradora es la Asociación GINSO, pues dirige el mayor de todos los centros en el pequeño municipio de Brea de Tajo. Su presidente, Alfredo Santos, dice que en diez años de experiencia en el sector ha aprendido a "focalizar dónde están los problemas", habiéndose encontrado "que los delitos más comunes que están entrando en todos los centros son los relacionados con el maltrato ascendente, de hijos a padres". Por ello, la organización que dirige decidió poner en marcha el proyecto Recurra, un recurso especializado en el tratamiento y ayuda a los jóvenes en conflicto con su familia.

Otras áreas de las que se encargan los servicios sociales son la promoción social y fomento del voluntariado; la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, la inmigración y la cooperación al desarrollo, sector que, sin duda, es el que peor parado ha resultado frente a los embates de la crisis.

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