20 de octubre de 2019, 18:59:27
Salud


¿Qué pasa con la sangre que se dona en Madrid?

Por Lucía de la Fuente

La decisión de la Comunidad de Madrid de servirse de Cruz Roja para recolectar toda la sangre que se done en la vía pública ha sido muy criticada. En foros públicos o en pancartas en manifestaciones incluso se ha acusado al Gobierno regional de privatizar el servicio para comerciar con la sangre donada. ¿Qué pasa con la sangre que se dona en Madrid?


"La sangre que tú donas, ellos la venden", "la Comunidad de Madrid negocia con tu sangre" o "mi sangre no se vende" son algunos de los mensajes contrarios a la privatización de la extracción de sangre donada en Madrid que se han visto y escuchado en las últimas semanas. Pero, ¿es cierto que la Consejería de Sanidad pretende hacer negocio con la sangre que se done? ¿alguien va a enriquecerse? La respuesta es no. La compraventa de sangre es ilegal en toda la Unión Europea. En España está prohibido expresamente desde 1985. Donar sangre debe ser, siempre, un acto altruista y voluntario. "Nadie ha ganado dinero con las donaciones y nadie va a ganarlo", insiste Sanidad.

Lo que sí ha hecho el Gobierno de la Comunidad es contratar a Cruz Roja, ONG privada, para que extraiga toda la sangre que se done en las unidades móviles de la calle. Todo el procesado lo asume la Administración pública. Hasta el 1 de enero, ambos organismos recolectaban y procesaban la sangre en dos centros: uno público, en Valdebernardo, y otro privado, en Cuatro Caminos. Con la entrada en vigor del nuevo convenio esto dejará de ser así progresivamente (el acuerdo establece un periodo de transición de un año) y el centro de transfusión de Cruz Roja en Cuatro Caminos cerrará. La Comunidad pagará 67 euros por bolsas de menos de medio litro, que es menos de lo que pagaba antes, pues se ahorra los costes de procesado. Este precio se calcula en base a unos baremos que cuantifican los costes por extracción o almacenaje, nunca por la sangre en sí. En total, Sanidad abonará unos 9 millones de euros anuales.

El cambio de modelo pretende, según Sanidad, "evitar duplicidades". También pretende ahorrar, aunque sostiene que ese "no es el objetivo fundamental". Los que se oponen a la medida ven que esta privatización se suma a las acometidas por el Gobierno y supone un paso más en el desmantelamiento de la red pública de sanidad madrileña. Además, consideran que la mayor prueba para garantizar el altruismo del proceso es el control público directo desde el momento de la extracción.

Los más afectados son los 130 trabajadores del centro público que, desde octubre, están con la incertidumbre de no saber qué futuro laboral les depara. La mayoría son personal de Enfermería, categoría profesional encargada de realizar las extracciones (ya no harán falta), pero también afecta, por ejemplo, a los conductores de las unidades móviles. Lo que sí se necesitará es contratar a más técnicos de laboratorio que se encarguen de las labores de procesado. Ante el desconcierto, la plantilla anunció huelga indefinida para el 2 de enero que más adelante desconvocó. En concreto, la convocatoria fue anulada tras las declaraciones del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que aseguró que "todos los trabajadores de todas las categorías, incluidos interinos o eventuales mantendrán su empleo". Durante las Navidades no se ha producido ningún encuentro entre Consejería y sindicatos, informa el secretario del Sector de Salud y Servicios Sociosanitarios UGT Madrid, Ignacio Hernández.

Según cifras oficiales, en 2012 se registraron 252.000 donaciones. Plataformas en defensa de la sanidad pública animan a la ciudadanía a efectuar sus futuras donaciones en hospitales y no en los autobuses de Cruz Roja. 

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