25 de noviembre de 2020, 18:18:42
Social


Denuncian que la reforma local destruirá el 40% del empleo en servicios sociales

Por Lucía de la Fuente

La reforma que el Gobierno de la Nación planea para racionalizar el gasto en las administraciones locales supondrá "retroceder al modelo de la beneficencia franquista, atentar contra el Estado del Bienestar e incrementar de forma desmesurada el despido de empleados públicos". Así lo cree al menos el Consejo General del Trabajo Social (CGTS), que representa a más de 40.000 trabajadores sociales en toda España, que calculan que el 40 por ciento del personal de este área será despedido.


El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para racionalizar las administraciones locales que limitará sueldos y restará competencias a los ayuntamientos de toda España. La medida, que tiene que ser refrendada por las Cortes Generales (ya ha pasado el primer trámite en el Congreso pese a las enmiendas a la totalidad del PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG, Geroa Bai, Compromís-Equo y Amaiur), pretende evitar duplicidades pero supondrá que las administraciones locales pierdan toda competencia en sanidad, educación o servicios sociales, que se gestionarán directamente por las comunidades autónomas. Así, los ayuntamientos dejarán de gastar 3.500 millones de euros en materia social. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, manifestó no querer renunciar a la gestión de estos servicios. El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, calificó la reforma de "inviable" y calculó que a la Comunidad de Madrid le costaría unos 500 millones de euros.

Los servicios sociales se consideran el cuarto pilar del estado del bienestar y van desde la adjudicación de prestaciones económicas para personas sin recursos hasta la asistencia a mayores, menores huérfanos, apoyo psicológico a mujeres maltratadas, programas contra las drogas, comedores sociales, atención a la dependencia...  Los servicios sociales se han gestado en los municipios desde su nacimiento, pues son la administración más cercana al ciudadano. Solo el Ayuntamiento de Madrid supera en 450 millones de euros el presupuesto que destina al mantenimiento de estas ayudas esenciales. Fuenlabrada, por ejemplo, gasta 54,4 millones. El CGTS considera que, de aprobarse la ley tal y como está, será "una tragedia para todo el sector" que conllevaría el despido del 40 por ciento del personal y generaría situaciones de "extremada ambigüedad en la determinación de funciones y prestaciones".

Los trabajadores creen que se retrocederá al sistema de beneficencia en un momento en el que la ciudadanía demanda un incremento de este tipo de servicios. "Con el traspaso de competencias cerrarán muchos centros y, la estructura mínima que quede se privatizará", ha alertado este martes en rueda de prensa la presidenta del Consejo, Ana I. Lima. Y es que la reforma local contempla priorizar la iniciativa privada para estas prestaciones.

Alarma en la atención a menores
Lima ha criticado los recortes sistemáticos en servicios sociales desde el comienzo de la recesión (el presupuesto social para 2014 cae un 36 por ciento) y ha exigido al Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy el mantenimiento del Plan Concertado, transferencia que el Estado aporta a los ayuntamientos para la financiación social. Según un estudio elaborado por CGTS, una de las mayores alarmas que se plantean es la situación en la que quedará la atención a la infancia. "La infancia está pasando hambre y situaciones muy duras, no puedes pretender que Cáritas se ocupe de eso, no es justo que se vulneren derechos humanos por una situación de pobreza", ha denunciado Lima.

Una encuesta realizada a 1.361 trabajadores sociales revela además que en los últimos tres años ha "empeorado significativamente" la atención a la pobreza y la exclusión social, a los mayores y a la discapacidad y avisan de que "las consecuencias de la crisis se agudizarán aún más en el próximo trienio". Mención aparte merece la situación de la Ayuda a Domicilio, ayuda para dependientes que gestionan los ayuntamientos y que, directamente, podría desaparecer. El sindicato CCOO de Madrid presentó un informe la semana pasada en el que sostenía que uno de cada cinco madrileños se encuentra al borde de la pobreza. Los trabajadores sociales, según el estudio del CGTS, afirman que el perfil de usuario ha cambiado radicalmente, habiéndose producido un incremento del 45,2 por ciento de los demandantes de clase media que solicitan, principalmente, ayudas económicas (26,4 por ciento de los casos). El perfil de usuario más común es el de una mujer de 36 a 50 años, con estudios primarios, casada, con hijos y que recibe algún subsidio por desempleo o es pensionista. Los trabajadores también se quejan de la saturación que ha provocado el aumento de la demanda y el recorte de los recursos disponibles y estiman que falta una media de 4,14 empleados por departamento.


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