17 de enero de 2020, 13:47:34
Sucesos


La Fiscalía pide controlar más las acusaciones populares para agilizar la justicia

Por Enrique Villalba

La Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid denunció en su memoria anual que la personación de acusaciones populares cuyo interés en los pleitos no aparece justificado, ralentiza e, incluso, paraliza las causas. Los jueces defienden la utilidad constitucional y legal de este método de personación, y las herramientas con las que cuentan para bloquear los intereses espurios.


Según la Fiscalía, el resultado es la multiplicación de partes, volviendo ingobernable la causa, mediante la presentación sistemática de solicitudes y apelaciones por escrito que tienen que tener respuesta del juez, paralizando el proceso. El artículo 125 de la Constitución Española permite a los ciudadanos la acción popular. Sin embargo, la Fiscalía considera la necesidad de reflexionar en la regulación de las acusaciones populares, fundamentando un interés legítimo en los hechos objeto de investigación, y litigando bajo una misma defensa y representación procesal.

 

El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, explicó a Madridiario que existen numerosas organizaciones cuyos estatutos tienen un objeto social tan amplio que pueden abarcar cualquier asunto, "realizando personaciones sin interés directo en las causas. Están siempre legitimados para actuar y ese no es el objeto de la Ley". A su juicio, su efecto es "perturbador" porque "obligan al juez a resolver constantemente escritos, en vez de llevar a cabo las instrucciones, marcando 'de facto' el 'tempo'   de los procesos. Eso desnaturaliza la labor del juez instructor y ralentiza la marcha de los procesos judiciales". 

 

Miguel Bernard es secretario general de Manos Limpias. Este sindicato es uno de los más activos usuarios de esta figura legal. "Una acusación popular legítima no entorpece el procedimiento sino que salvaguarda el interés de la ciudadanía ante un ministerio público excesivamente politizado. Si los poderes estatales están corruptos, se quiebra el principio de paz social, el ciudadano se siente indefenso y es necesario regenerar el sistema democrático desde la legalidad vigente. Los organismos ciudadanos que presentan estas acciones representan una fórmula ciudadana organizada contra los problemas del sistema. Sigue siendo la lucha de David contra Goliat, pero un poco menos. Una acusación popular con motivos espurios es, por ejemplo, la de un partido político que selecciona qué causas le van a dar mayor rentabilidad política". 

 

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, planteó a este periódico digital que "sin acciones populares, no podrían iniciarse acciones legales contra personas u organismos muy vinculados al poder, por los intereses políticos existentes. Creo en su ejercicio responsable y en sus límites, que tiene que establecer el propio juez con las herramientas que le da la legislación, como es el caso de la imposición de fianzas. De esta forma, se pueden filtrar aquellas acusaciones que albergan motivos espurios". 

 

Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) de Madrid, argumentó que la acción popular no genera un problema en sí mismo, aunque sí complica la gestión procesal: "Solo existe en el derecho español y da más garantías democráticas a las personas. Los jueces deben determinar si lo que manifiesta la acción popular es correcto, teniendo especial cautela en evitar motivos espurios", comentó. Y concluyó explicando que "no habría problema si se limitase el tipo de sociedades que pueden presentar acusaciones populares porque, en todo caso, se permitiría más de lo que permite actualmente la Constitución".
Madridiario.  Todos los derechos reservados.  ®2020   |  www.madridiario.es