7 de diciembre de 2021, 2:05:53
Opinión


Personas sin asistencia sanitaria: el gran dislate

Por Ana Sánchez de la Coba


Desde UGT-Madrid hemos rechazado la supresión de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares y exigido la retirada de este real decreto, que atenta contra el derecho básico a la Salud, un derecho universal e irrenunciable, que da idea del progreso de un país como Estado y también su grado de bienestar social.

La crisis económica no puede ser la excusa para el recorte de los derechos de los ciudadanos, ya que el derecho a la salud debe prevalecer frente al supuesto ahorro que suponga la puesta en marcha de tales medidas que constituyen en sí una política clasista y discriminatoria.

Hoy después de 10 meses en la Comunidad de Madrid, 40.000 personas en situación irregular carecen de tarjeta sanitaria, es decir de la mínima cobertura en relación a su salud y a la de sus familiares.

UGT consideramos que el supuesto ahorro es insignificante cuando además, se pone en peligro la salud de las personas, del entorno que las rodea, se evita la aparición de patologías graves, se dejan de detectar casos de violencia de género y se ponen en peligro la salud pública y la convivencia ciudadana.

Esgrimir razones económicas para justificar esta decisión es inadecuado e incierto y creemos firmemente que la medida contiene un claro componente político e ideológico más que económico, ya que el ahorro es mínimo.

Estamos hablando de personas, trabajadores que no acuden a ningún centro de salud, enfermos crónicos que necesitan tratamientos inmediatos y menores que aún teniendo cobertura, por su condición de tales, no van a los ambulatorios por desinformación y por el temor de sus padres al cobro de esta asistencia.

Consideramos que el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid que, interpelado por esta situación, ha seguido con un cumplimiento riguroso del Real Decreto y desde el 31 de agosto de 2012, ha negado de forma sistemática la atención sanitaria a los emigrantes irregulares, con la oferta a cambio de la suscripción de un Convenio imposible de cumplir por la precariedad económica de estas personas.

La UGT de Madrid considera que, ante la gravedad de los hechos, debería retirarse esta medida, por considerarla injusta e ineficaz y porque responde a una política discriminatoria con un claro componente ideológico, en la que se entienden las relaciones sociales como meros supuestos de ahorro, incomprensible para la gran mayoría de los ciudadanos/as de la Comunidad de Madrid.

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