20 de noviembre de 2019, 3:58:20
Educación


Los sindicatos dudan de la constitucionalidad del área única educativa


CCOO y UGT valoran "muy negativamente" el borrador del área única educativa y solicitan su retirada que, de no producirse, les obligaría a "llevarlo a los tribunales para que se pronuncien sobre su legalidad y constitucionalidad".


Así lo han manifestado este lunes ambos sindicatos, que junto con la FAPA Giner de los Ríos presentaron votos particulares en la última reunión del Consejo Escolar el pasado jueves, en la que UGT abandonó la sala en señal de desacuerdo de la propuesta de área única educativa, ha explicado su secretario de Enseñanza, Eduardo Sabina.

El presidente de la FAPA, José Luis Pazos, que también pide que se retire el borrador, ha puntualizado que esperará al texto final para decidir si acude o no a la justicia, "si la consejería finalmente no tiene en cuenta las peticiones de revisión y modificaciones".

Para CCOO, el borrador puede presentar "serios problemas de constitucionalidad, además de vulnerar la normativa básica vigente en nuestro país", al hacer "una interpretación de la Constitución para que se adapte a las políticas públicas que se pretenden aplicar y no al revés". Según la interpretación de CCOO, en el borrador "se confunde, en muchos momentos, la línea divisoria que diferencia una norma jurídica y un panfleto cargado de subjetividades y enorme carga ideológica", señala en una nota.

De publicarse tal y como se presentó al dictamen del Consejo Escolar, que es preceptivo pero no vinculante, CCOO lo llevará a los tribunales para que "se posicionen sobre las interpretaciones constitucionales y normativas que hace, así como sobre los subjetivismos que contiene".

Igualdad de oportunidades
El secretario de UGT, Eduardo Sabina, ha dicho que suscribe el planteamiento de CCOO, ya que la zonificación "es un mecanismo corrector de desigualdades, que facilita un puesto escolar próximo al domicilio, algo fundamental para la igualdad de oportunidades".

Para las familias que no pueden pagar el transporte y el comedor, el alejamiento del domicilio implicaría "la imposibilidad de escolarización libremente escogida", según UGT que se pregunta "¿quién va a demandar la libertad de escoger un centro determinado si no puede pagar el transporte o las 'aportaciones voluntarias' que exigen?"

Sobre la autonomía curricular de los centros para definir proyectos educativos específicos, UGT pregunta cuál va a ser el límite, ya que podría degenerar "en ausencia de planificación, al tiempo que se genera artificialmente una competencia desleal entre los centros sostenidos con fondos públicos".

Además, puede llevar a que la Administración "eluda responsabilidad en el funcionamiento de los centros y responsabilice a los padres de la elección del centro adecuado", ya que estos deben "respetar el proyecto educativo, el carácter propio y sus normas de funcionamiento", según UGT. Asimismo, los programas de bilingüismo, institutos tecnológicos y centros de excelencia pueden suponer que "en el resto se recorten los recursos para apoyos escolares y aulas de compensatoria", continúa.

Según Sabina, los proyectos específicos dan "cobertura a la financiación pública de los centros ultraconservadores que segregan por sexo", y habrá centros "de primera y segunda categoría: los que escolarizan al alumnado según criterios de elección y los que recogen al alumnado que debe estar escolarizado y que no ha podido elegir".

Selección del alumnado
Para la FAPA, lo que se busca "es la selección del alumnado por parte de los centros, una vieja aspiración sobre todo de los centros de zonas menos favorecidas: poder seleccionar ellos a los alumnos".

Según Pazos, si a un alumno "le obligan a escolarizarse lejos porque esta plaza la ocupa alguien procedente de otra zona, se está perjudicando a los cercanos en beneficio de los lejanos". Además, recuerda que "en los Presupuestos de 2013 han desaparecido las ayudas individuales a los transportes".

Sobre la reserva de plazas para alumnos excelentes que prevé el borrador "sin especificar para qué niveles", advierte que está "absolutamente prohibido por la legislación tener en cuenta el expediente académico en las etapas de enseñanza obligatoria".

Pazos también considera que los criterios de desempate son "lesivos" para los alumnos de municipios pequeños y están "basculados en favor de los que viven en la capital", porque si en un municipio no hay instituto, "no tendrán puntos para competir con los alumnos del municipio de al lado", señala.

La aprobación del dictamen por el Consejo, "no significa un apoyo al decreto en su totalidad", sino que "el dictamen oficial pide algunos cambios, mayor concreción en algunos puntos y que revisen la cuestión de la excelencia porque puede ser contraria a la legislación", concluye.
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