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Vista de Azca.
Vista de Azca.

Azca abre la puerta a los barrios con gestión público-privada

lunes 30 de junio de 2014, 07:30h
El Ayuntamiento de Madrid se adelanta al Gobierno en el desarrollo de una normativa que permita la implantación de distritos de mejora empresarial (DME), en los que la iniciativa privada podrá recibir parte de la gobernanza de ámbitos urbanos a cambio de invertir con objeto de recibir servicios públicos extra en la zona. El primer lugar donde tiene previsto desarrollar esta estrategia es la manzana de Azca.

Tres semanas antes de que el PP llevase a la Comisión de Economía del Congreso la implantación de modelos de gestión público-privada para determinados espacios urbanos mediante distritos de mejora empresarial (término nacido en Estados Unidos como 'business improvement districts' -BID-), el Ayuntamiento de Madrid ya había sentado las bases de un modelo internacional que ha servido para recuperar espacios tan característicos como Times Square, en Nueva York; el barrio chino de Los Ángeles; Bloor West Village, en Toronto; o New West End, en Londres.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó el 28 de mayo en el Pleno municipal la Ordenanza de dinamización de actividades comerciales en dominio público. Su título I pone de manifiesto el nuevo modelo mediante la implantación de Zonas de Iniciativa Emprendedora. En ellas, los titulares de locales o actividades económicas podrán constituirse en asociaciones administrativas de contribuyentes (un término ya recogido en la ordenanza de Contribuciones Especiales y en la Ley de Haciendas Locales) para solicitar la ordenación de contribuciones especiales con el objeto de asegurar la financiación de servicios, así como la promoción para el establecimiento o ampliación de servicios públicos complementarios que repercutan en la mejora de la actividad económica y comercial en dichos ámbitos. Esta normativa permite, además, el uso de terrenos de dominio público para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios de forma asociada a la creación de dichas zonas especiales.

Es decir, empresarios y/o vecinos pagan impuestos adicionales a cambio de recibir servicios públicos extra (como campañas de comunicación especiales, permisos para celebrar eventos, mayor vigilancia o un mejor ajardinamiento) o tener permisos especiales para realizar determinadas acciones puntuales en el ámbito del DME, permitiendo así que los espacios públicos incrementen la rentabilidad de sus negocios. Eso no implica que la administración competente abandone sus funciones, sino que da los servicios públicos ordinarios, presta otros extraordinarios si se pagan y controla que las acciones que se toman en el entorno sean las adecuadas para los planes de la ciudad.

Intereses confrontados
El primer ámbito donde está previsto aplicar este concepto es la manzana de Azca. El plan director anunciado por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, este viernes incluye este modelo. Tal y como explicó la concejala presidenta de Tetuán, Paloma García Romero, algunas de las intervenciones previstas en el ámbito serían financiadas por los operadores privados mediante la suscripción de convenios con la administración, que sería la que sacaría un concurso público para realizar los trabajos, o mediante la acción privada directa en espacios urbanos de propiedad privada, aunque con uso público.

Fuentes municipales aseguraron a este periódico digital que el Consistorio se ha puesto por delante de la iniciativa nacional, ya que considera que este método puede ser la clave para optimizar el valor de ámbitos de elevado valor añadido y para evitar detraer recursos públicos en otras zonas de la ciudad para costear este tipo de intervenciones.

Según explicó en el Pleno de mayo el concejal de Izquierda Unida, Ángel Lara, la aplicación de este sistema de contribuciones especiales "no es un recurso habitual en los ingresos municipales porque precisamente supone una fuente de conflicto por intereses confrontados entre los partícipes y el propio Ayuntamiento". Además, concretó que el nuevo modelo puede generar problemas para repartir gastos y beneficios, ya que la participación en estas asociaciones administrativas de contribuyentes no es obligatoria. El concejal socialista Gabriel Calles añadió que "con esta ordenanza se corre el riesgo de que las plazas públicas se entreguen mediante concurso a los empresarios". La delegada de Economía y Hacienda, Concepción Dancausa, apostilló que la participación empresarial va a ser voluntaria y a través de dichas asociaciones libres, que tendrán que aportar contribuciones especiales.

Más información:
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