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Sede de la EMVS
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La EMVS desvincula el suicidio de una mujer del cese de su contrato de alquiler

martes 17 de septiembre de 2013, 16:54h

La muerte de una mujer de 45 años, por posible suicidio, fue atribuida este martes por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a la recepción de una carta en la que se le anunciaba la no prórroga de su contrato de alquiler en un piso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). El Ayuntamiento lamentó la muerte y anunció actuaciones judiciales contra la plataforma por atribuirle una relación causa efecto con el suicidio.

Este lunes a las 22.26 horas los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid recibieron el aviso de que una mujer de 45 años, residente en la calle de Sonseca, en el distrito de Carabanchel, se encontraba en estado grave. Al llegar, los efectivos del SUMMA comprobaron que sufría una "intoxicación medicamentosa". Según un portavoz de Emergencias, los facultativos lograron estabilizarla antes de trasladarla con vida al hospital Gómez Ulla. Fuentes de este hospital han confirmado a Madridiario que Amparo falleció horas más tarde y que había sido trasladada al Instituto Anatómico Forense, donde se le realizará la autopsia.

El fallecimiento fue conocido a raíz de que en su Twitter la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) relacionara esta muerte con la recepción horas antes de una carta en la que se le comunicaba la decisión de la EMVS de "no prorrogar la vigencia del arrendamiento de la vivienda una vez que llegue la finalización del contrato, que se producirá el próximo 19 de octubre, fecha esta última en la que deberá poner a disposición de esta entidad la vivienda arrendada, libre de enseres y ocupantes y en perfecto estado de uso y conservación". El escrito indicaba asimismo que si el 22 de octubre no se había entregado la vivienda a la entidad "se procederá a efectuar cuantas acciones en Derecho procedan ante los Tribunales de Justicia para obtener la restitución de la vivienda arrendada a favor de esta entidad".  

Feli Velázquez, portavoz de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) de Madrid, ha relatado que Amparo, arrendataria de la vivienda, vivía en ella con su marido, tres de sus seis hijos que son menores de edad y dos nietos. Según Velázquez, la fallecida debía 900 euros -975, según ha indicado el PSOE- y nunca había acudido a las reuniones de la PAH. La portavoz de la PAH afirma que en la tarde del lunes un vecino, en su misma situación, trató de convencerla, sin éxito, de solicitar ayuda. Tras conocer la noticia, la citada plataforma ha organizado una manifestación en la tarde de este martes ante la sede de este organismo municipal para condenar lo sucedido que ha congregado, según estimaciones de la propia PAH, a unas 400 personas. La concentración comenzó a las 18.00 horas en el número 13 de la calle Palos de la Frontera de Madrid y se ha prolongado durante dos horas. 

"No es un desahucio", dice la EMVS

Horas después de conocerse el fallecimiento de Amparo, la EMVS anunciaba acciones legales "contra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y contra quienes atribuyan la muerte de Amparo C.A. a una comunicación administrativa" de la empresa municipal. La EMVS asegura "lamentar profundamente" el fallecimiento y puntualiza que "en ningún caso" cabe interpretar la comunicación administrativa enviada a la fallecida como una orden de desahucio, ya que "no existe procedimiento judicial ni sentencia condenatoria ni auto de desalojo sustanciado por autoridad judicial alguna".

La muerte ha provocado diversas reacciones políticas y sociales. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) ha emitido un comunicado para lamentar los hechos y exigir la paralización de los desahucios de vivienda pública para aquellos vecinos que no tenga alternativa habitacional. Además han pedido a las administraciones públicas "que se tomen de una vez por todas y de manera inmediata, las medidas que sean necesarias para poner freno a la sistemática vulneración del derecho a la vivienda". Asimismo, han afirmado que este "desmantelamiento está diseñado para sanear las cuentas municipales a costa de los derechos de las personas, desalojando las viviendas para poder venderlas a empresas privadas", y han exigido que los organismos públicos de vivienda (EMVS e IVIMA) pongan los cientos de pisos que poseen y mantienen vacíos a disposición de las necesidades de las familias víctimas de procesos de desahucio.

La Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) denuncia que el Consistorio madrileño lleva meses notificando desalojos a inquilinos de la EMVS que, o bien acumulan impagos, o bien okuparon las viviendas hace años. La EMVS sufre una deuda millonaria y en junio presentó un "plan de viabilidad" en el que anunció la búsqueda de financiación para terminar promociones en curso, así como la enajenación de viviendas en alquiler y la renegociación con los bancos de sus pasivos financieros. En julio vendió 18 promociones de vivienda por 128,5 millones de euros a la compañía Magic Real Estate-Blackstone Group International Partners.

El portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha afirmado que las administraciones están "para asegurar que la gente tenga un techo digno" y no "para echarla a la calle". "Exigimos todas las explicaciones y (saber) si está directamente vinculado con la orden de desahucio la dramática decisión de quitarse la vida", ha reclamado Gómez. "No puedo entender que los poderes públicos, que deberían estar para asegurar que la gente tenga un techo digno, se dediquen a desahuciar a las personas. Nada más ni nada menos que la EMVS, ¿que país es éste?", ha criticado el socialista a renglón seguido.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ya ha anunciado que este miércoles su grupo solicitará "de modo urgente" una aclaración y explicación de lo ocurrido al Ayuntamiento de Madrid. "Es muy importante que el Ayuntamiento esté con los ciudadanos. Hay que defender los ciudadanos y no consiste todo en gestionar deudas sin conocer la respuesta que eso pueda tener. No estamos hablando ni de un banco de una entidad privada, sino del Ayuntamiento de Madrid", ha apostillado. 

Lissavetzky ha criticado que "habiendo tantos pisos libres en Madrid" a una persona se le comunique que se le rescinde el contrato de este piso social "sin que vaya ninguna persona de los servicios sociales a estudiar su situación". "En una situación de crisis económica y social esta mujer ha sido la cara de una desgracia terrible. Quizá se podría haber evitado haciendo las cosas de otra manera", ha concluido. 

El suceso también ha recibido la condena del PSOE en el Congreso de los Diputados. "Ha perdido su vivienda y se ha suicidado. Se llamaba Amparo pero no lo obtuvo. No es un juego de palabras, sino que es el fogonazo de la pobreza en España", ha dicho durante su intervención el portavoz de los socialistas en la cámara, Ramón Jáuregui.

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