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'Caso Guateque'
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'Caso Guateque' (Foto: Salva Pons)

Directivos de Ocaso del 'caso Guateque' niegan sobornos a funcionarios y se declaran inocentes

jueves 12 de enero de 2017, 13:57h

Directivos de 'Seguros Ocaso' han negado en el juicio del 'caso Guatece' haber sobornado a funcionarios de la Gerencia de Urbanismo para obtener las licencias que legalizarían el uso de dos de sus sedes en la capital.

En las declaraciones en el juicio del 'Caso Guateque' directivos de 'Seguros Ocaso' niegan haber sobornado a funcionarios de la Gerencia de Urbanismo para obtener las licencias que legalizarían el uso de dos de sus sedes en la capital, manifestando que desconocían el método de trabajo de la sociedad, a la que encargaron la tramitación de las licencias y con la que llevaban colaborando desde hace 25 años.

El subdirector general de Ocaso, Javier Zumalacárregui, el director de la División Inmobiliaria de la compañía, Ramón Boticario, el exdirector general Carlos Rubí, y el coordinador de Servicios Generales e Inmuebles de Ocaso, José Manuel Pérez, han sido los primeros en declarar en la vista oral. Al inicio de sus declaraciones, todos se han declarado inocentes ante el tribunal que les juzga, formado por tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia.

El interrogado se ha centrado en dos contratos realizados con la sociedad AC93, una de las intermediarias en la red corrupta, para cambiar el uso de dos de sus inmuebles en Madrid. Los acusados han insistido en que encargaron el proyecto a la sociedad, pero que ésta presentó documentos falsos sin que lo supieran.

Los cuatro ejecutivos se enfrentan a penas de siete años de cárcel por delitos de cohecho y varios de falsedad documental. La suma de las penas solicitadas a los 30 procesados asciende a 250 años de prisión.

Se les investigó por usar documentos falsos para realizar el cambio de uso del inmueble con la finalidad de que solo albergara oficinas y no viviendas, dado que en el caso de la sede de Princesa en Madrid había un inquilino en la planta cuarta. El proyecto se encargó a una de las empresas de la red, la sociedad AC93, según las pesquisas judiciales.

Sólo firmó

El primero en prestar declaración ha sido Zumalacárregui, quien ha asegurado al tribunal que no tenía, ni tiene, competencias en materia de usos de inmuebles, si bien sí se necesitaba en los contratos la firma de alguno de los apoderados cuando el contrato era superior a los 30.000 euros. "No tengo atribuidas esas competencias y no me meto. Bastante trabajo tengo ya", ha aseverado al fiscal.

Así, ha explicado que la compañía quiso consolidar el uso de oficinas en las sedes de la calle Princesa y Tutor. A preguntas sobre si conoció unos supuestos planes de soborno para hacer desaparecer el expediente que denegó en 2004 la licencia, ha respondido que no. Mientras que ha afirmado que "rotundamente no" a la pregunta de si ofreció dinero a funcionarios de la Gerencia de Urbanismo.

Además, ha manifestado que no conoce a Santiago Castillo, propietario de AC93. Sí le conocía en cambio Ramón Botecario, director de la División Inmobiliaria de Ocaso y el segundo en declarar.

Cuestiones jurídicas externalizadas

"Fue un contacto a través del asesor jurídico", ha explicado el acusado, quien ha afirmado que la compañía llevaba 25 años trabajando con esta sociedad. Boticario ha indicado que sí participó en las cuestiones técnicas de los contratos objeto de la investigación, pero no en las jurídicas, dado que estaba externalizado.

Y ha agregado que desconocía el método de trabajo de la sociedad a la que le encargaron consolidar el uso de los inmuebles en oficinas, agregando que ésta presentó sin que lo supieran documentación falsificada. Además, ha dicho que desconoce el hecho de supuestos contactos con funcionarios de Urbanismo para hacer desaparecer el expediente citado y que no sabía que para conseguir la licencia había que conseguir un Plan Especial para el Cambio de Uso.

Tras él, ha comparecido Carlos Rubí, exdirector de la compañía durante 11 años. Tras declararse inocente, ha indicado que intervino en la firma de los dos contratos con AC93, con quien colaboraran desde 1996, y ha explicado los antecedentes de los inmuebles de Princesa y Tutor, ocupados al inicio por viviendas y oficinas.

Asimismo, ha indicado que tras estallar "el espectáculo" del caso Guateque se solicitó información al Ayuntamiento de Madrid, dado que la empresa les había comunicado que no les podían dar los datos. "Me enteré del famoso expediente por los autos", ha recalcado después de negar que trataran de ocultar un expediente que denegó la licencia que querían obtener.

Por su parte, José Manuel Pérez ha indicado que la firma de uno de los contratos fue anterior a su llegada y, en el siguiente, sí estuvo al tanto de cómo iba el proyecto para informar al director general. No obstante, ha dicho que no participó en el mismo y que no conocía que hubiera habido problemas con una licencia de obras en 2004.

Sí tuvo en 2006 una reunión con Santiago Castillo para que le informaran sobre la marcha de la tramitación de las licencias. "Necesitábamos saber cómo iban los trabajos porque estábamos preocupados ya que era una obra muy grande", ha dicho.

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