La Comisión de Estudio de la Deuda de la Asamblea de Madrid ha comenzado a investigar la gestión del Canal de Isabel II. El director de la sociedad que gestiona el agua en la Comunidad ha confirmado que mantiene en plantilla al exdirector de su filial Hispanagua tras su imputación en 2015 en la trama Tosca, que investiga supuestos amaños de contratos en Melilla.
Los portavoces de los grupos políticos han preguntado al director general del Canal, Adrián Martín, y al exdirector gerente de Hispanagua, Gerardo Díaz, sobre varios casos que afectan al Canal, como los contratos con la empresa Joca, a la que se pagó supuestamente por obras no realizadas; la imputación de Díaz en el caso Tosca o la adjudicación del servicio de call center del Canal. "No sé si hay muchas irregularidades o no, pero siempre le damos vueltas a las mismas", ha señalado Martín en relación a la gestión del Canal. Además, ha indicado que solo se han impugado 30 contratos de unos 3.000 en los últimos siete años.
El director del Canal ha confirmado que Díaz, quien está imputado, fue destituido como responsable de Canal Gestión Lanzarote, filial del Canal a la que llegó tras dirigir Hispanagua entre 2006 y 2013. El cese llegó en octubre de 2015, meses después de su imputación, tras lo que fue recolocado como titulado medio en la Dirección Financiera del Canal aunque no como parte del staff directivo, según el director del Canal. Podemos ha asegurado, sin embargo, que es adjunto a la Dirección Financiera para control de filiales. "Todavía está siendo investigado por defender a nuestra empresa ya veremos si lealmente", ha indicado Martín, quien ha explicado el retraso de su cese, solicitado por el PSOE tras la imputación, por la dificultad para encontrar a alguien para sustituirle. Además, ha señalado que para él es "presunto inocente hasta que se demuestre lo contrario" y que recibió dos cartas, una de los trabajadores de la empresa y otra de "autoridades de Lanzarote" defendiendo su trabajo. Adrián Martín ha confirmado que el seguro del Canal paga la defensa de Díaz.
El exdirector de Hispanagua, imputado en el caso Tosca, se ha atribuido haber detectado irregularidades en Madrid tras su llegada a esta filial. "Fui yo quien sospechando que determinadas actividades realizadas por personal propio y dos subcontratistas podían no ser claras inicié una invesgiación", ha indicado. La investigación se completó con un informe de KPMG Forensic y las conclusiones se llevaron al juzgado, que archivó la causa por falta de pruebas, según ha explicado. No obstante, la empresa despidió a tres trabajadores y suspendió de empleo y sueldo a otros tres al considerar que "dos subcontratistas facturaban por trabajos no bien realizados, realizados por trabajadores de Hispanagua o que no se habían llegado a realizar, con connivencia con los trabajadores de Hispanagua responsables de esta materia". Díaz también ha dicho que el incendio del archivo de Hispanagua en Cercedilla fue provocado, como le había reprochado Ciudadanos, pero por dos niños que se colaron en las instalaciones, atribuyendo esta información a un informe de la Guardia Civil.
Sobre su imputación en la operación Tosca, que investiga una trama entre empresas contratistas y funcionarios para malversar fondos públicos en Melilla, ha señalado que continúa en instrucción en un juzgado. "Es una pregunta que me he hecho alguna vez, pero hay preguntas que no tienen respueseta", ha señalado en respuesta a si había alguna irregularidad que provocara su cese. "Sigo considerando que no hice nada para pedir mi dimisión", ha apuntado a continuación.
Pagos por obras sin realizar
El director del Canal también ha dado explicaciones sobre el supuesto pago de 1,4 millones de euros por parte del Canal a la empresa Joca por obras no realizadas, según un informe encargado por la empresa a una consultora al que ha tenido acceso Podemos. Martín ha señalado que esas obras estaban relacionadas con una modificación de un contrato para evitar la tala de un encinar y que más allá de ese dinero, Joca les demandó para que les pagaran "tres millones más". Finalmente, el juzgado mecantil número 1 de Badajoz dijo qué cantidad tenía que pagar el Canal, según Martín, quien no ha concretado la cifra. En este caso se despedió a un empleado del Canal y se suspendió de empleo y sueldo durante tres meses a otos dos.
El contrato para gestiónar el call center del Canal ha sido otro de los temas que han salido en la comisión de este martes. La adjudicación, después anulada por el Tribunal de Contratación por las reclamaciones de otros concursantes, se realizó a una empresa de la que era consejero el director comercial de la empresa pública. En este sentido, el director del Canal ha señalado que el director comercial siempre se ha abstenido en todas las decisiones relacionadas con esta empresa, GSS Venture.
Las contrataciones sin control de parte del personal, así como algunos procedimientos de contratación de trabajos externos o la actividad de las filiales del Canal en América también han salido a colación en una comisión que para Mercedes Gallizo del PSOE ha sido
"el aperitivo de lo que va a venir". El portavoz de Ciudadanos, Juan Rubio, ha señalado que quiere ir a la "raíz del problema" en el caso de la gestión del Canal, que ha comenzado a estudiarse este martes en la comisión de estudio de la Asamblea. Para el PP, "en la gestión del Canal ha habido errores como en todo las empresas", pero en términos generales "ha sido buena", según el diputado Juan Antonio Gómez-Angulo.