El proyecto de reforma de la administración local, aprobada este viernes en el Consejo de Ministros, dejará al
82 por ciento de los concejales del país sin sueldo, así como a los alcaldes de municipios menores de
mil habitantes. Con esta nueva modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, solo 12.188 de los 68.285 concejales existentes en España tendrán remuneración. El texto será remitido al Consejo de Estado como paso previo a su posterior envío a las Cortes Generales.
Nómina según población
Los ingresos del regidor de los municipios de
más de 500.000 habitantes, entre los que se encuentra
Madrid, no podrán superar a los de un secretario de Estado, entre 95.000 y 100.000 euros, según ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Un 10 por ciento menos que un secretario de Estado cobrarán los alcaldes de municipios con una población entre 300.001 y 500.000, porcentaje que ascenderá al 20 por ciento en el caso de los regidores de poblaciones entre 150.001 y 300.000 residentes, entre las que se encontrarían por ejemplo Móstoles, Alcalá de Henares, Getafe o Alcorcón.
La
nómina de los alcaldes irá descendiendo progresivamente de forma que en los pueblos entre
10.001 a 20.000 habitantes -Arroyomolinos, El Escorial, Humanes o Valdemorillo- percibirán un 55 por ciento del salario fijado para un secretario de Estado. La reducción de sueldo alcanzará el 80 por ciento en el caso de poblaciones entre 1.001 a 2.000 habitantes, como Fresnedillas de la Oliva, Estremera, Colmenar de Arroyo u Orusco de Tajuña.
La
percepción de retribuciones desaparecería completamente en el caso de municipios de menos de 1.000 habitantes como Valdepiélagos, Santorcaz, Montejo de la Sierra.
Competencias propias
La
reforma aprobada este viernes define con precisión la
lista de competencias que deben ser desarrolladas por la administración local; tendrán unas competencias obligatorias y unos
servicios mínimos que prestar no podrán ofrecer otros añadidos hasta que aquellos no estén garantizadas.
Se busca así que desaparezcan las llamadas
competencias impropias, aquellas que han venido ejerciendo los ayuntamientos pese a ser de titularidad autonómica. La pretensión del Gobierno es que si una comunidad quiere que los ayuntamientos presenten un servicio que le compete, deberá garantizar su financiación, a riesgo de que Hacienda les reste la cantidad impagada de su participación en los ingresos del Estado. Para no llegar a este extremo, se permite por primera vez, la compensación de deudas pendientes entre administraciones.
En el informe se fija que las competencias de
Educación y Sanidad serán
exclusivas de las comunidades, aunque se les da un periodo transitorio de cinco años para el cambio progresivo de titularidad de las competencias. En el caso de los servicios sociales, el periodo transitorio será de un año.
Otro de los objetivos del Gobierno es establecer además un
coste estándar de los
servicios municipales y comparar todos los que prestan los municipios. Los resultados obligarán a que se dejen de prestar servicios ineficientes o a que estos sean ejercidos por las diputaciones si se trata de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. En el caso de los municipios mayores, podrán ceder esa competencia voluntariamente o delegarla a la CCAA.
Freno a los eventuales
La norma contendrá también importantes novedades para la vida municipal, como una
limitación en el salario de sus funcionarios, fijada cada año en los Presupuestos del Estado, o el regreso de
interventores y secretarios al cuerpo de funcionarios estatales, lo que concederá independencia a la gestión financiera municipal. La iniciativa limita además a
6.489 el número de eventuales.
En los ayuntamientos mayores de 500.000 habitantes, el personal de libre designación no podrá superar el equivalente al
0,7 por ciento de la plantilla municipal; en los de 75.000 a 500.000, el límite máximo vendrá impuesto por el número total de concejales; mientras que en los de 50.000 a 75.000, se reducirá a la mitad de los concejales.
Prohibido crear empresas públicas
El nuevo texto prohibirá asimismo la creación de nuevos organismos mientras tengan vigente un
plan de ajuste y deberán sanear las empresas dependientes o liquidarlas, según ha anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
Montoro, que ha explicado además que las
mancomunidades y entidades locales que
no rindan cuentas "deberán desaparecer", ha dicho que la legislación busca redimensionar el sector público municipal.
En el plazo de tres meses, entidades menores y mancomunidades deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución. Igualmente, se someterán a la
evaluación de sus servicios.
Ahorro de 7.129 millones de euros
El Gobierno calcula que la reforma aprobada supondrá un ahorro de
7.129 millones de euros, 5.500 de los cuales serán fruto de la clarificación de competencias y de la eliminación de duplicidades, es decir, de evitar que dos administraciones presenten un servicio.
Además de ello, se calcula un
ahorro de 73 millones por la desaparición de mancomunidades y entidades locales menores, aquellas que no cumplan unos mínimos de eficiencia y calidad. Otros
145 millones de ahorro procederán de la reducción de personal eventual y de cargos locales y otros 1.397 millones, por la limitación del sector público local.
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