Según el artículo 161 de la Constitución, el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional decisiones de comunidades autónomas, lo que se traduce en su
suspensión durante cinco meses, transcurridos los cuales el tribunal de garantías debe resolver si prorroga la medida cautelar mientras sigue estudiando el fondo o bien la levanta.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy entiende en su recurso que la medida implantada en Cataluña afecta a un supuesto regulado por una ley estatal y alega que
las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.
Fue el pasado diciembre cuando la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la intención del Gobierno al entender que la tasa catalana "perjudica" a la igualdad de los españoles al "gravar dos veces" la adquisición de medicamentos. La vicepresidenta añadió que el Gobierno solicitaría al tribunal de garantías la suspensión del euro por receta en Cataluña para "evitar que los ciudadanos sigan pagando" un sobreprecio que "afecta a polimedicados o personas con más necesidades sanitarias".
El Ejecutivo central atendió entonces el dictamen emitido por el Consejo de Estado en el que se consideraba que la medida implantada por la Generalitat podía ser "inconstitucional". Se encuentra en vigor desde junio del pasado año. En un "ejercicio de coherencia", la vicepresidenta anunció el pasado viernes que el Consejo de Ministros había acordado recurrir también ante el Constitucional
el euro por receta de la Comunidad de Madrid al entender que vulnera el "principio de igualdad" de los ciudadanos y se "grava un acto médico".
La ministra de Sanidad,
Ana Mato, ve en esta suspensión una garantía de "igualdad" en este caso en las prestaciones farmacéuticas "para todos los españoles". En el caso de Madrid, Mato ha recordado, en declaraciones a los periodistas en el Senado, que habrá que esperar a que el Tribunal Constitucional vea en su próxima sesión el recurso del Gobierno contra la misma decisión en esa comunidad y decida si, como en el caso catalán, lo admite a trámite, lo que también supondría la suspensión automática de la medida. La titular de Sanidad no cree que la decisión tomada este martes por el TC conlleve la
devolución a los ciudadanos catalanes del dinero ya abonado a través del euro por receta porque, como ha dicho en sus declaraciones, el recurso empieza obviamente a contar a partir de que el Constitucional suspende la decisión.
En Madrid se pide ya la suspensión
El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, está convencido de que el TC también suspenderá de forma cautelar la tasa en la región y por ello ha exigido al presidente de la Comunidad,
Ignacio González, que devuelva "de su bolsillo" los gastos ocasionados por esta medida. El líder de los socialistas madrileños ha avanzado que en el momento en que el TC suspenda su aplicación en Madrid exigirá al Gobierno de Madrid que abone el euro a aquellos madrileños que ya lo han pagado.
También el portavoz de Sanidad de IU en la Asamblea de Madrid,
Rubén Bejarano, ha instado hoy al Gobierno de González a retirar urgentemente la tasa. En opinión de Bejarano, el ejecutivo de González
no debe esperar a que el Tribunal Constitucional admita a trámite un recurso sobre esta medida en la región para paralizar su aplicación. "El Gobierno regional debe retirarla ya porque este repago farmacéutico es el mismo que se está aplicando en la Comunidad de Madrid", ha aseverado. Asimismo, el sindicato
UGT ha reclamado la suspensión inmediata del cobro de la tasa.
Si (
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