El que fuera consejero de Sanidad de junio de 2007 a marzo de 2010 por decisión de
Esperanza Aguirre, Juan José Güemes, formaba, hasta hoy, parte del Consejo de Administración de la empresa sanitaria
Unilabs, tal y como informó hace cuatro días la
Cadena Ser. Esta empresa, dedicada a los servicios auxiliares de diagnóstico médico con presencia en once países, se había hecho con el 55 por ciento de la gestión de los análisis médicos en seis hospitales de la Comunidad de Madrid —Henares, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Tajo, del Sureste e Infanta Leonor—. El servicio, precisamente, había sido privatizado durante la etapa de Güemes como titular de Sanidad.
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Esta circunstancia, que es legal según
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ley de incompatibilidades, vigente desde 1984, ha ocasionado duras críticas entre quienes lo consideran reprobable desde un punto de vista ético. Y es que Güemes parecía haberse beneficiado de la sanidad pública para hacer negocio.
El exconsejero, sin embargo, ha explicado en una comparecencia pública que su renuncia se debe a que cree
"haber perdido algo de libertad en la defensa de sus ideas" y de sus "profundas convicciones en apoyo a la colaboración público-privada". Güemes sostiene "haber obrado
no solo respetando estrictamente la legalidad vigente sino también desde el punto de vista ético y como dicen algunos, estético" —haciendo alusión a las declaraciones de UPyD en el Parlamento autonómico que calificó su actuación de incorrecta desde un punto de vista tanto ético como estético—. En cualquier caso, Güemes ha asegurado que piensa seguir defendiendo aquello en lo que cree "no desde la política, pero sí desde la sociedad".
Renuncia "irrevocable"
La compañía Unilabs ha confirmado Unilabs la decisión "irrevocable" de su consejero de abandonar el negocio y niega que se haya tomado como consecuencia por la presión mediática. "Es una decisión que ha tomado él personalmente, de forma irrevocable y
no por la presión mediática", afirma la empresa tras declarar que lamentan perderle como consejero.
Tras conocer la noticia, el presidente regional,
Ignacio González ha declarado que le parece "bien" y "muy razonable, igual que el hecho de que se incorporara a esa empresa". "Es una decisión suya", ha zanjado el jefe del Ejecutivo autonómico. González
había rechazado horas antes, en una
entrevista en la Cadena Ser, que fuera a cambiar la ley de incompatibilidades —solo exige que pasen dos años para dedicarse a la misma rama— porque considera que en España es "suficientemente dura", tras defender al exconsejero.
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