Huelgas, manifestaciones, recogida de firmas, 'abrazos' a hospitales, huelgas de hambre, anuncios de dimisión... Desde que los trabajadores del sector sanitario público conocieron las intenciones de la Comunidad de privatizar seis hospitales y 27 centros de salud, han mostrado frontalmente su rechazo. Al cierre de este anuario, el conflicto continuaba abierto.
Nunca el sector sanitario público madrileño había estado tan unido. Todos los sindicatos, asociaciones organizaciones profesionales, incluso el Colegio de Médicos rechazaron desde el primer momento el
Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, que fue presentado por el presidente regional,
Ignacio González, el
31 de octubre.
.jpg)
Y es que el plan suponía un cambio drástico en el modelo del Servicio Madrileño de Salud, pues contemplaba la privatización de
seis hospitales —el del
Henares, el
Infanta Leonor (Vallecas), el
Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el
Infanta Cristina (Parla), el del
Tajo (Aranjuez), y el del
Sureste (Arganda del Rey)
—, 27 centros de salud —sin especificar cuáles—, los servicios no sanitarios de todos los hospitales, la transformación del hospital de
La Princesa en un hospital centrado en ancianos y el
Carlos III en uno de media y larga estancia. A ello se sumaba la reducción del gasto medio por receta mediante la dispensación de genéricos, la implantación de la
tasa del 'euro por receta', el incremento de las actividades de la central de compras, el aplazamiento de la apertura del
hospital de Collado Villalba, la reordenación de la actividad de los profesionales en los hospitales, la limitación a un tercio de la plantilla las jubilaciones a partir de los 65 años y la
concentración de laboratorios. Más adelante se tuvo conocimiento del
cierre inminente del Instituto de Cardiología, hospital ubicado en Ciudad Universitaria.
Todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad
—UGT, CCOO, AMYTS, CSIT, SATSE y USAE— a los que se unió CSIF, convocaron huelgas los días
26 y
27 de noviembre,
4,
5,
19 y
20 de diciembre. CSIT sumó además huelgas los días 17 y 18 de diciembre y la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) convocó una
huelga indefinida de lunes a jueves. El paro tuvo un
seguimiento masivo que llevó incluso a la Consejería de Sanidad a alertar del ingente número de
operaciones quirúrgicas y consultas canceladas.
La 'marea blanca' inunda Madrid
Igual que sucedió con las protestas en el sector educativo, los profesionales del sector sanitario decidieron adquirir un color para visibilizar sus reivindicaciones. Y eligieron el blanco de sus batas.
Multitudinarias manifestaciones inundaron el centro —y
rodearon la Asamblea de Madrid— en varias jornadas al grito de
'La sanidad no se vende, se defiende'.
También se realizó una recogida de firmas que concluyó con la entrega de
un millón de ellas en la Consejería de Sanidad
. Incluso la alcaldesa de la capital,
Ana Botella, firmó contra el "desmantelamiento de La Princesa". En este hospital, precisamente, la lucha fue tal que
trabajadores y pacientes consiguieron que la Comunidad
diera marcha atrás en su transformación. Otra de las acciones más destacadas fue la dimisión de más de
120 equipos directivos de centros de salud que se hará efectiva en caso de que finalmente se apruebe el plan privatizador. Se pidió a los ciudadanos, además, que colgaran sábanas blancas en sus ventanas en señal de apoyo a la 'marea'.
.jpg)
El recorte pretendido asciende a
533 millones de euros. El consejero de Sanidad,
Javier Fernández-Lasquetty, aseguró que escucharía
"propuestas concretas" para asumir ese ajuste
. A partir de diciembre empezaron las reuniones con la
Mesa Sectorial,
AFEM y los
jefes de servicio de los distintos hospitales. A fecha de la publicación de este anuario (22 de diciembre) no se había llegado a ningún acuerdo.
El 20 de diciembre se aprobaron en el Pleno de la Asamblea de Madrid
los presupuestos para 2013, que incluían la reducción del presupuesto sanitario. Las protestas sanitarias provocaron, precisamente, que el presidente del Parlamento autonómico,
José Ignacio Echevarría,
prohibiera los invitados en las sesiones del hemiciclo. Y es que el Pleno del
5 de diciembre tuvo que ser suspendido temporalmente a consecuencia de un intercambio de descalificaciones entre diputados después de que, en dos ocasiones, la tribuna de invitados se viera invadida por manifestantes que coreaban gritos contra las medidas sanitarias propuestas.