Se pagarán hasta 72 euros por recetas al año

Lasquetty ha justificado la implantación del pago de un euro por receta asegurando que España "tiene una media muy superior a la media europea en el consumo de fármacos", al tiempo que ha asegurado que lo que quiere el Gobierno regional es que "todas las recetas que sean necesarias se entreguen a los pacientes, pero solo las necesarias, ni una más", en declaración a Esradio.

El consejero ha señalado que este "euro por receta" también tiene "un límite lógico pensando para los enfermos crónicos que tienen que tomar distintos fármacos, los cuales no pagarán más de 72 euros al año". Además, ha corroborado que los discapacitados, los perceptores de la renta mínimo de inserción y los parados de larga duración estarán exentos del pago por receta.

El Gobierno no comparte esta medida
La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que respeta la decisión de la Comunidad de aplicar el pago de un euro por receta, pero que el modelo ideado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es "diferente". A raíz de esta medida, que ya aplica Cataluña, el Gobierno central ha abierto una mesa de diálogo al considerar que podría estar vulnerando el reparto competencial. Sáenz de Santamaría ha asegurado que el modelo del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Ejecutivo es "diferente" porque está basado en "fórmulas" que buscan un "tratamiento diferencial en función de las rentas".

Por su parte, el presidente de la Comunidad, Ignacio Gónzalez, ha remarcado este viernes en relación al pago de las recetas que "en ningún caso estamos hablando de copago sanitario; los servicios de salud seguirán siendo universales y gratuitos". Sobre esta medida también se ha manifestado este viernes IU, para quien supone "un impuesto al a enfermedad".

Privatización de la gestión
Por otro lado, Lasquetty también ha explicado en una entrevista a Esradio cómo se producirá el cambio en seis de los nuevos hospitales de la Comunidad (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares) cuya gestión pasará a ser "íntegramente privada, pero bajo garantía pública".

Los centros "se sacarán a licitación para que se hagan cargo de ellos empresas especializadas en gestión sanitaria, que funcionan muy bien", ha dicho. En cuanto a los trabajadores de esos hospitales, el consejero ha indicado que "en el caso de que sean funcionarios tendrán la opción de trasladarse con su plaza correspondiente a otro centro como funcionarios o bien tendrán la opción absolutamente voluntaria y nunca obligatoria de continuar trabajando en el hospital con una excedencia en el sistema público".

Según ha explicado, estos funcionarios no perderían nunca su plaza en el sistema público, y si se quedan en el centro, trabajarían bajo las condiciones de la empresa de gestión sanitaria que lo gestione.

Lasquetty también ha apuntado que no se va a establecer en los concursos "la obligación de quedarse con el personal del centro", aunque ha confiado en que "el primer interés de los hospitales será quedarse con los profesionales que son verdaderamente valiosos, que son la mayoría".

Ante el anuncio de las medidas previstas en los Presupeustos de 2013 en sanidad, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha alertado sobre las "desastrosas consecuencias" que sufrirán tanto los pacientes como el personal sanitario. De este modo, advierte de que las medidas sanitarias anunciadas van a suponer la "pérdida" de derechos para pacientes y médicos, "un considerable deterioro de la calidad asistencial, así como el despido de numerosos profesionales médicos". Además, afirma que todo esto forma parte de un "proceso de desmantelamiento" del actual Sistema Nacional de Salud (SNS) en la Comunidad Autónoma de Madrid.