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La Comunidad desarrolla un plan de ahorro en Justicia para reducir interinos 'al máximo'

La Comunidad desarrolla un plan de ahorro en Justicia para reducir interinos "al máximo"

jueves 03 de mayo de 2012, 00:00h
La Comunidad de Madrid quiere reducir "al máximo" el número de interinos en la administración de Justicia que, según fuentes de la consejería, suponen el 22 por ciento de los 6.700 trabajadores de este departamento. La consejería, además, se plantea implantar la factura judicial informativa y un mayor control de las condiciones de acceso a la Justicia Gratuita.
Los recortes llegan a la Justicia. Tras varios intentos baldíos de deshacerse de una administración que se lleva más de 700 millones de euros de los presupuestos a cambio de pocas alegrías, la Comunidad de Madrid ha decidido aplicar también las tijeras en este departamento. Y lo hará, en primer lugar, prescindiendo de los interinos.

Según la consejería de Justicia, este colectivo supone el 22 por ciento de los cerca de 6.700 funcionarios que trabajan en esta administración y cuyo sueldo sale directamente de las arcas de la Comunidad. El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, ha anunciado este jueves -durante la presentación de un informe con 80 medidas para mejorar la Justicia- que uno de los objetivos es reducir "al máximo" el número de interinos.

No obstante, González no ha dado más detalles sobre cómo o cuándo piensa llevar a cabo este recorte. Y es que, según un estudio previo a la elaboración de esas 80 medidas, Madrid tiene la ratio de funcionarios por juez más alta de toda España y una de las más altas de toda Europa. En concreto, casi diez funcionarios por cada juez.

Otro de los datos que quiere modificar el gobierno regional es la tasa de litigiosidad de la Justicia madrileña. Con 216 asuntos ingresados por cada 100.000 habitantes, la Comunidad es la segunda que más casos recibe y se sitúa muy por encima de la media nacional (191 casos por cada 100.000 habitantes).

Y, una vez más, el ejecutivo considera que la mejor forma de reducir esta elevada litigiosidad es disuadir a los ciudadanos de que acudan a la Justicia atacándoles donde más duele: en el bolsillo. La consejera de Justicia, Regina Plañiol, ya se mostró conforme hace unas semanas con el copago planteado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Y, como paso previo, la Comunidad quiere instaurar la 'factura judicial informativa' para, igual que sucedió en los hospitales, concienciar a los ciudadanos del coste de la Justicia. "El importante esfuerzo presupuestario no se corresponde con la opinión que los ciudadanos tienen sobre la Justicia madrileña", ha subrayado el número dos de Aguirre.

Las 80 medidas -consensuadas con los máximos responsables de la judicatura madrileña- incluyen también un plan para controlar la productividad de los funcionarios y concentrar las vacaciones de los trabajadores "en periodos inhábiles". Según el departamento de Regina Plañiol, este sistema permitirá conocer en profundidad las cargas de trabajo de cada juzgado "para una reordenación más efectiva del personal".

"Fraudes" en la Justicia Gratuita

Pero otro de los puntos en los que la Comunidad pretende ahorrar es la Justicia Gratuita, un servicio al que la Comunidad destinó 44 millones de euros en el año 2010. Este jueves, el vicepresidente ha insistido en que se producen numerosos fraudes, una idea que ya lanzó la consejera de Justicia tras reunirse con Ruiz Gallardón.

A pesar de que las condiciones de acceso a la Justicia Gratuita están reguladas en la Ley 1/1996 -que desarrolla el mandato constitucional reflejado en el artículo 119-, el ejecutivo regional entiende que hay que crear más filtros "que eviten el abuso del mismo por personas a las que no les corresponde o ante pretensiones insostenibles". En la actualidad, la deuda de la Comunidad con el Colegio de Abogados -responsable de este servicio- se sitúa en torno a los 30 millones de euros por las asistencias realizadas durante el año 2011.

Además, la propia Regina Plañiol ya planteó al ministro de Justicia su intención de crear juzgados regionales que superen la actual división, en 21 partidos judiciales, de la justicia madrileña. El pleno del Consejo General del Poder Judicial, de hecho, ha acordado este jueves la remodelación de una división que quedó fijada en el año 1988. El nuevo criterio del órgano de gobierno de los jueces eleva de 50.000 a 100.000 la población a la que debe dar servicio cada partido judicial -cuyo coste se estima en torno a los 350.000 euros-. De acuerdo a esta nueva división, la Comunidad pasaría de los 21 partidos judiciales actuales a 12.

Por último, el estudio apuesta por extender el uso de las nuevas tecnologías y por una Ciudad de la Justicia más austera que el paralizado proyecto del Campus de la Justicia. En cuanto al primer punto, el informe quiere que la Administración Judicial Electrónica sea una realidad en el año 2015, además de sustituir los actuales sistemas informáticos -Libra y Minerva- "por un sistema de información común a todos los órganos judiciales".

Sobre la Ciudad de la Justicia, la intención de la Comunidad es recurrir a la iniciativa privada para desbloquear un proyecto paralizado a causa de la crisis y que tenía que haber visto la luz el año pasado. Mientras, el gobierno regional apostará por la concentración de las sedes judiciales en torno a la plaza de Castilla y al eje Princesa-Gran Vía.
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