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El Estado controlará un 45% de Bankia

El Estado controlará un 45% de Bankia

Por MDO/Agencias
jueves 10 de mayo de 2012, 00:00h
El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), será titular indirecto de un 45 por ciento del capital de Bankia, con lo que "adquirirá su control", tras la decisión del consejo de administración de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de la entidad, de solicitar la entrada de capital público, informó el Ministerio de Economía y Competitividad.
El Estado se hará así con todo el capital de BFA a través de la conversión en acciones ordinarias de la entidad de los títulos emitidos por importe de 4.465 millones de euros (el 45 por ciento de las participaciones de Bankia). El gabinete dirigido por Luis de Guindos señala que el Gobierno aportará el capital "que sea estrictamente necesario para realizar los saneamientos precisos" con el objetivo de llevar a cabo los planes de reestructuración, viabilidad y mejora de gobierno corporativo que deberá presentar al Banco de España el nuevo equipo directivo de Bankia encabezado por José Ignacio Goirigolzarri. No obstante, el Estado podría controlar una participación del 48,43 por ciento del capital de Bankia si esta ejecuta un instrumento financiero que permitiría aumentar el capital en un 2,9 por ciento.

El Ministerio de Economía impulsará los trámites para la conversión en capital de las participaciones preferentes por un valor de 4.465 millones de euros que posee el FROB en BFA, tal y como ha solicitado la entidad. Economía recuerda que la conversión se fundamenta en lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, ya que el Gobierno considera improbable, a la vista de la situación de la entidad y de su grupo, que la recompra de las participaciones preferentes pueda llevarse a cabo dentro del plazo de cinco años. Así, siguiendo lo señalado en dicha disposición, corresponde al FROB requerir formalmente la conversión.

Esta decisión conllevará la toma de control público y no supone la intervención de la entidad, según puntualiza Economía. Para el Ejecutivo, la entrada en el capital se considera "un primer paso necesario" para garantizar la solvencia, la tranquilidad de los depositantes y disipar las dudas de los mercados sobre las necesidades de capital de la entidad. Ningún acreedor de la entidad, incluidos los depositantes y titulares de participaciones preferentes, se verá perjudicado por esta decisión, subraya Economía.

Saneamiento reforzado
La inyección de dinero público a través del FROB convierten a la matriz de Bankia en la octava entidad en la que ha tenido que participar el Estado desde el inicio de la crisis. Para el Banco de España, esta aportación de recursos públicos en su capital se antojaba aconsejable tras los acontecimientos acaecidos en las últimas semanas en torno a Bankia y la creciente incertidumbre sobre su futuro. BFA-Bankia presentó a finales marzo un plan de reestructuración que permitiría a priori cumplir con el real decreto de saneamiento financiero aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo. Sin embargo, el organismo requirió medidas complementarias para racionalizar y fortalecer su gestión, así como un programa de desinversiones, actuaciones complementarias. Tras esta operación, la nueva dirección de Bankia deberá presentar en el plazo más breve posible un plan reforzado de saneamiento para situar a la entidad "en condiciones de afrontar con total garantía su futuro".

Según fuentes financieras, los planes de Goirigolzarri para sanear la entidad pasan por deshacerse de "las joyas de la corona" entre sus participadas, tales como Mapfre, IAG o Iberdrola, entre otras, aunque no se malvenderán. No obstante, el volumen de activos de Bankia asciende a los 318.000 millones. El Banco de España ya le había hecho esta recomendación para fortalecer su gestión y cumplir con las exigencias para 'limpiar' su balance de activos ligados al ladrillo y adaptarse al decreto de reforma financiera.

En estas circunstancias, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha decidido mantener en vigilancia negativa las calificaciones a largo y corto plazo 'BBB-/A-3' de Bankia, situadas apenas un escalón por encima del 'bono basura', así como la nota a largo plazo 'BB-' de su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que se encontraba ya dentro del grado especulativo, a la vez que colocaba bajo vigilancia el 'rating' a corto plazo 'B' de la entidad nacionalizada.

Reparto de culpas
En el ámbito político, las posiciones sobre la situación de Bankia se han encontrado tan solo un día después de la nacionalización de la unión de cajas. El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, cree que los responsables de la situación actual en Bankia son el expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la entonces vicepresidenta económica Elena Salgado y el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordoñez. Recordó que el expresidente colocó en el Banco de España al secretario de Estado de Economía de su Gobierno y éste no planteó la intervención de ninguna caja, ni criticó la fusión entre ellas. Consideró que en su día Zapatero y Rajoy no acordaron privatizar las cajas y "eso a lo mejor puede ser uno de los grandes problemas que ha tenido el sector financiero español en los últimos años".

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, señaló que el PSOE vigilará que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no caiga en la tentación de trocear y vender Bankia a precio de saldo al resto de bancos privados", una vez que el Estado pasa a ser principal accionista de la entidad. El portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, ha afirmado que les "preocupa" que la nacionalización de Bankia pueda llevar aparejada su posterior privatización. Gordo ha apuntado que esa nacionalización "debe mantenerse y no privatizarse" y debe servir para "asegurar el crédito a las familias y mantener los puestos de trabajo de los trabajadores de la entidad. El portavoz adjunto de UPyD en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, ha considerado que ha llegado el momento de exigir responsabilidades a los directivos y consejeros generales de la entidad, que pueden ir desde su inhabilitación hasta responsabilidades penales en el caso de que haya habido una gestión fraudulenta.
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