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La Audiencia Nacional imputa a 33 exconsejeros de Bankia

La Audiencia Nacional imputa a 33 exconsejeros de Bankia

Por MDO/E.P.
miércoles 04 de julio de 2012, 00:00h
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada por Unión y Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 exconsejeros de Bankia, entre los que se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y políticos del PP, PSOE e IU que formaban parte de la cúpula de la entidad. La Fiscalía Anticorrupción se opone a que se llame a declarar a personas concretas en este momento.
Además de Rato, el juez imputa a Bankia y el Banco Financiero de Ahorros (BFA) como personas jurídicas y a otros 32 exconsejeros de la entidad, entre los que se encuentran José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y Banco de Valencia; Ángel Acebes, exministro del Interior, o Arturo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

La querella también se dirige contra el expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, el exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada, la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced o Carmen Cavero, cuñada del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

También están imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exalcalde de Castellón Antonio Tirado, y de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín.

El resto de imputados en la causa son los consejeros Francisco Verdú, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Francisco Baquero, Pedro Bedia, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González, Remigio Pellicer, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Ángel Villanueva.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 también cita como testigos al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura; y el auditor socio de Deloitte, Francisco Celma, que realizó un informe sobre la situación de la entidad; y a un representante de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Las citaciones no tienen todavía fecha todavía porque, según fuentes jurídicas, el juez interrogará a los imputados una vez que se les de traslado de la querella.

UPyD, satisfecha
UPyD ha expresado su satisfacción por el hecho de que la Audiencia Nacional haya admitido su querella y haya citado como imputados a los directivos de las entidades que protagonizaron esa fusión de cajas. "Se inicia el camino para la depuración de responsabilidades", ha dicho Rosa Díez.

El Gobierno ha pedido respeto a la presunción de inocencia de Rato y del resto de imputados, según fuentes de Moncloa. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, por su parte, ha señalado este martes que lamenta "enormemente" la imputación de Rato y de los exconsejeros de Bankia.

La Fiscalía Anticorrupción se opone

La Fiscalía Anticorrupción ha dado su visto bueno a la admisión a trámite de la demanda contra Bankia, pero ha señalado que en estos momentos no procedía imputar conductas delictivas a personas concretas por el simple hecho de que pertenecieran al consejo de administración.

En este sentido, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha ido bastante más lejos de la posición expresada por el Ministerio Público en su escrito al citar como imputados a 33 exmiembros de Bankia. "El estado actual de la investigación no permite imputar conductas delictivas a personas físicas concretas, siendo necesario anticipar la práctica de diversas diligencias para poder establecer, siquiera sea de forma provisional, la existencia de unos hechos penalmente relevantes", señalaban en su escrito los fiscales Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol.

Por otra parte y en relación con la intervención judicial de la entidad solicitada por UPyD, sobre la que informó en contra la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha convocado el próximo 23 de julio una comparecencia en la que serán citadas todas las partes personadas para adoptar una decisión.

El juez instructor también admite toda la prueba documental solicitada por la formación de Rosa Díez, que deberá depositar una fianza de 20.000 euros para ejercer la acusación popular, y requiere a Bankia y al BFA copia de las actas de las reuniones que el consejo de administración celebradas desde el 3 de diciembre de 2010 y de los documentos o informes que justificaron las sucesivas peticiones de ayuda al FROB.

Créditos a familiares y partidos políticos
Andreu pide a cada una de las cajas de ahorro que se integraron en Bankia detalles sobre "las operaciones de crédito, aval o garantía" que efectuaron desde el 1 de enero de 2008 "en favor de miembros del consejo de administración, de la comisión de control y de su personal, directivos, familiares en primer grado o con empresas o entidades que controlen según la Ley del Mercado de Valores".

De igual modo, solicita que se detallen los créditos que se concedieron desde esa fecha a "los partidos o grupos políticos que tengan representación en las corporaciones locales y asambleas legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de la correspondiente caja de ahorros". También les pide que se indique "la situación actual de los citados créditos".

El juez también se pregunta si existen "cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal clave de la dirección y de los miembros del consejo de administración".

Solicita, asimismo, información sobre el plan de prejubilaciones o cualquier otro sistema de previsión (pensiones complementarias, seguros de vida y figuras análogas) destinado al Comité de Dirección de la entidad, las aportaciones a planes de pensiones, mutualidades, seguros de jubilación y pagos de indemnizaciones y retribuciones de cualquier naturaleza que habrían recibido desde el 1 de enero de 2007.

Salida a Bolsa
Además, pide a la CNMV los expedientes tramitados tras la Oferta Pública de Suscripción y admisión a negociación de acciones (OPS) de Bankia, y en particular de la resolución por la que se aprobó la salida a bolsa de la entidad a pesar de que la misma no cumplía con el requisito de disponer de cuentas anuales auditadas de los tres últimos ejercicios. También le reclama la información que Bankia puso a disposición del público en este proceso.

De igual modo, solicita información a las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao; así como al Banco de España, del que requiere los informes elaborados por el Grupo de Inspección del Grupo Bankia desde el 1 de enero de 2011, los cuadernos de cargos de los administradores de Bankia y el BFA, un resumen sobre la situación en el Banco de Valencia, y el Plan de Capitalización y de Saneamiento presentados por Bankia.

Al FROB le pide un informe sobre la situación patrimonial y la viabilidad del Banco de Valencia, las actas que obren en el expediente del Grupo Bankia, los informes sobre la inyección adicional de 17.000 millones de euros, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio de 2011 y los informes cuatrimestrales de la Comisión Rectora.

El Grupo Parlamentario de UPyD ha expresado su satisfacción por la admisión de su querella y ha solicitado este miércoles la celebración urgente de un pleno en la Asamblea sobre la situación de Caja Madrid. "Se inicia el camino para la depuración de responsabilidades", ha dicho Rosa Díez. Según han indicado fuentes del partido el objetivo es que en esa sesión se celebre un debate monográfico sobre "el ejercicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía y la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid atribuyen al Gobierno de la Comunidad de Madrid".

UPyD ya solicitó en la Asamblea la creación de una comisión de investigación que fue denegada por la Mesa de la Asamblea. La Mesa rechazó también una interpelación, un escrito de reconsideración y una Proposición No de Ley (PNL), alegando siempre que el Gobierno de la Comunidad de Madrid carece de competencias sobre esta materia, "algo totalmente contradictorio con la normativa vigente".
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