Con esta ley, que se ha aprobado por votación a mano alzada tras el fallo del sistema informático de la Cámara y que se ha elaborado por primera vez en la Comunidad de Madrid, se ahorran 650 millones de euros del plan económico financiero, de los que menos de 200 corresponden a rebajas de personal.
Además, en contra de los deseos de la oposición, que pedía tocar los impuestos, los ingresos sólo salen de la extinción de consorcios urbanísticos (60 millones de euros), de la conversión del Canal de Isabel II en Sociedad Anónima (50 millones de euros) y de la
implantación de nuevas tasas y la revisión de algunas de las ya existentes (15 millones de euros).
Así, en la ley destaca la
rebaja escalonada del sueldo de los empleados públicos, que tras una enmienda del PP, oscilará entre los 14 euros al mes para los que cobren menos y 141, para los de rentas más altas; la bajada de la subvención a la justicia gratuita; una modificación de tasas que afecta, entre otros, a los que quieran hacer el examen de portero o a los que deseen inscribirse en el registro de parejas de hecho, o la eliminación de entes como la agencia de formación sanitaria 'Pedro Laín Entralgo'.
Además, en el trámite parlamentario de las 197 enmiendas que ha presentado la oposición,
sólo se ha aceptado parte de una enmienda UPyD, que contempla la supresión de la tasa por participación en los concursos de traslados del personal laboral y la de participación en convocatorias específicas de selección de personal interino, de manera que estos trabajadores no tendrán que pagar una tasa por la participación en la convocatoria de un examen específico para ellos.
Críticas de la oposición Durante su intervención en pleno, el portavoz en materia presupuestaria del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Muñoz Abrines, ha afirmado que con la aprobación de estos presupuestos se va a "culminar un ejercicio de responsabilidad y transparencia". Según ha relatado, supone responsabilidad porque es un "paso más" para
cumplir el objetivo del déficit del 1,5 por ciento que tienen que cumplir las comunidades autónomas, y transparencia porque el Gobierno ha traído una ley al Parlamento para "poner negro sobre blanco todas las medidas que quiere adoptar".
Por su parte, el diputado socialista
Antonio Miguel Carmona ha defendido el modelo socialista basado en la "justicia social, la prosperidad, educación, sanidad, educación o servicios sociales", frente al del PP, que "es tan otro como respetable" y que, en su opinión, es el de la "privatización". Tras
criticar las rebajas fiscales y que los 'populares' se opusieran en el pasado a la subida del IVA, el IRPF o a la amnistía fiscal y ahora lo vayan a hacer, ha acusado a la bancada del PP de tener "el vicio de la impostura".
"Esta modificación de presupuestos hace a su partido más peligroso para los madrileños", ha considerado la diputada de IU
Libertad Martínez nada más comenzar tras lo que ha denunciado que en estas cuentas públicas
se retira un punto del PIB, se suprimen becas, se cancelan proyectos económicos o se prepara el cierre del turno de oficio o justicia gratuita para el que lo necesita. La diputada de IU ha considerado que se "aumenta la regresividad fiscal a golpe de precio público hoy y de tasazo mañana".
El portavoz adjunto de UPyD,
Ramón Marcos, ha utilizado su turno de intervención para decir que que lo que se aprueba esta tarde es una
"ley trampa" porque "no se pretendía traer a la Asamblea el recorte en partidas maravillosas", sino la bajada del sueldo de los funcionarios y el incremento tasas e ingresos públicos, para lo que hace falta una ley. Marcos, que ha destacado que el presupuesto de 2012 era "poco transparente, poco creíble y no real", ha señalado que cuando se aprobó "ya estaba hecho para ser modificado".
Mientras se aprobaban los Presupuestos, centenares de personas se han concentrado este martes frente a la Asamblea para mostrar su rechazo. El secretario general del sector de Administración autonómica de CC.OO. Madrid,
Javier Díaz Toril, ha explicado que "una vez más" vienen aquí a protestar por las "medidas de recorte" del Gobierno regional y la "autarquía y el estalinismo fascista en el que se ha instalado la presidenta regional", que hace a los empleados públicos "responsables" de su "despilfarro económico.
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