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Garzón, inhabilitado por las escuchas de 'Gürtel'

martes 31 de enero de 2012, 00:00h
El año 2012 marcará la biografía de Baltasar Garzón como aquel que puso fin a sus 30 años de carrera judicial. Su actuación en la instrucción del 'caso Gürtel' fue condenada por el Tribunal Supremo con 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y contra las garantías constitucionales al ordenar la interceptación de las comunicaciones desde la prisión entre los principales imputados en la trama y sus abogados.
La sentencia del alto tribunal ponía un punto y final a su condición de titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cargo del que llevaba suspendido desde 2010. La resolución del Supremo, de gran dureza y aprobada por unanimidad de los siete magistrados que lo juzgaron, consideraba que "la Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia" y calificaba las decisiones del magistrado como "prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa al Estado".

La resolución judicial también condenaba al juez al pago de las costas procesales, incluida la minuta del abogado del supuesto máximo responsable de la 'trama Gürtel', Francisco Correa.

Garzón, que durante el juicio celebrado desde el 17 al 19 de enero había declarado su inocencia asegurando que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados, no tardó en mostrar su enfado. Su reacción llegaba horas después de que se conociera la noticia, a través de un comunicado en el que mostraba su rechazo "frontal" a la sentencia y la consideraba "no ajustada a derecho".

"Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado solo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses", subrayaba el jurista. El Supremo salía al paso tachando las críticas de "inaceptables" y "frívolas".

El magistrado encontró el inmediato apoyo de varios centenares de personas que esa misma jornada se manifestaron en la Puerta del Sol para expresar su desacuerdo sobre la sentencia. Los asistentes portaban pancartas que rezaban frases como: "Solidarios con Garzón. Contra los juicios de la vergüenza", "Contra la impunidad, solidaridad con las víctimas del franquismo" y gritaban y coreaban "Garzón amigo, el pueblo está contigo" o "Basta ya de mafia judicial".

Apenas dos semanas más tarde, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificaba la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial, haciendo efectiva la sentencia del Supremo. Una noticia que la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, calificaba de "verdaderamente triste”. Como consecuencia, el juez recurría la sentencia en amparo ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado al respecto.

De esta manera concluía el primero de los tres procedimientos que el magistrado tenía abiertos en su contra. De un lado, la causa por una presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes del franquismo sin competencias, de la que sería absuelto por el Supremo, y de otro, el proceso por los cobros que habría podido recibir del Banco Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York, que sería archivada por haber prescrito.

Desde entonces, Garzón ha abierto su propio bufete de abogados en el madrileño barrio de Salamanca y, junto a su equipo legal, se ha hecho cargo de la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que permanece recluido en la embajada de Ecuador en Londres desde hace seis meses.
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