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Prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz Ferrán

miércoles 05 de diciembre de 2012, 00:00h
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores, según fuentes jurídicas.
El juez ha imputado al expresidente de la CEOE los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales, según consta en un auto dictado este miércoles por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

La resolución judicial revela que "del primer término de la investigación policial" se desprende que Gerardo Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, " acordaron" con el empresario Ángel De Cabo "una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en los que su grupo empresarial se encontraba inmerso".

Esta estrategia, según el auto, pasaba por "ceder el control de dicho grupo" a De Cabo, quien "se valió de su estructura societaria" y se comprometió a "realizar una serie de pagos a los empresarios" que habría recibido Díaz Ferrán. "De Cabo, valiéndose de su toma de control en el Grupo Marsans, habría realizado una serie de operaciones cuyo fin último era su lucro personal", añade el juez.

El juez, que justifica el ingreso en prisión de Díaz Ferrán por la existencia de "riesgo de fuga y elusión de la acción de la Justicia", sostiene que el expresidente de la patronal y su socio habrían desarrollado "una actividad delicitiva dolosa de ocultación de patrimonio y activos que superó los 30 millones de euros", con lo que provocaron un fraude que afectó a "más de 10.000 acreedores".

De Cabo, dueño de la empresa Posibilitum, adquirió el Grupo Marsans "bajo la promesa de solucionar sus problemas económicos", aunque en realidad a él sólo le movía el "ánimo de lucro". Para ello, dirigía "una organización configurada por un complejo sistema societario nacional e internacional" que incluía "una red de colaboradores y testaferros".

100.000 euros mensuales
A cambio, el empresario entregaba presuntamente 100.000 euros mensuales a los dos antiguos propietarios de Marsans hasta que ambos recibieran, respectivamente, una suma de 8 millones de euros. Díaz Ferrán recibió las "mensualidades acordadas, directa o indirectamente por parte de De Cabo", para lo cual visitaba la sede de Ascendia en Valencia "cada dos o tres semanas". Pascual, sin embargo, no recibió "ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento".

Según la resolución judicial, el entramado de De Cabo recurría a "varios de los mecanismos utilizados tradicionalmente en procesos de ocultación patrimonial y blanqueo de capitales", entre los que se encontraban "la adquisición, constitución y uso de sociedades instrumenatales, la interposición de testaferros y fiduciarios o  la presunta simulación de contratos".

Del mismo modo, sus empresas llevaban a cabo "otros negocios jurídicos", entre ellos "operaciones de efectivo o asimilados (cheques bancarios al portador), numerosos traspasos de altas cantidades entre cuentas de los mismos titulares, la realización de operaciones sin un sentido económico aparante, estructuración y fraccionamiento en cortos espacios de tiempo y el uso de paraísos fiscales y jurisdicciones de riesgo".

Pascual, responsable de Marsans
Durante su declaración, que se ha prolongado durante 45 minutos, Díaz Ferrán ha negado todas las acusaciones que se le imputan y, en la misma línea de su anterior comparecencia en esta causa, ha señalado que las labores ejecutivas y el día a día de la organización correspondían a su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado.

También ha señalado que vendió al empresario Ángel de Cabo las empresas del Grupo Marsans a través de la sociedad Posibilitum porque éstas se encontraban "en crisis". Según las citadas fuentes, Díaz Ferrán ha asegurado que a partir de esta transacción perdió el control de sus empresas, por lo que no conoce las operaciones realizadas por De Cabo.

El primero en comparecer ante el juez ha sido Antonio García, presunto testaferro del empresario Ángel de Cabo, que apenas ha estado unos minutos en el despacho del juez al acogerse a su derecho de no declarar. De Cabo compró Marsans en 2010 a través de la empresa Posibilitum para desmantelar su patrimonio y evitar posibles embargos.
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