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Los vecinos denuncian problemas sociales por la nula gestión del Ivima

martes 04 de diciembre de 2012, 00:00h
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid ha denunciado este martes que la mala gestión del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid está precarizando las condiciones de vida de numerosos barrios de la capital y municipios de la región.
La Fravm asegura que el Gobierno regional no recibe a los representantes vecinales y ha eliminado programas como el Asivecam, vinculados al Ivima que paliaban, a través de trabajadores sociales, algunos problemas de convivencia. A su juicio, la Comunidad quiere que el patrimonio de vivienda regional se degrade para vendérselo a empresas privadas.

Entre otros problemas detectados, se han incrementado en los últimos meses las ocupaciones ilegales de viviendas vacías del Ivima que tardan en ser adjudicadas y que pasan a ser controladas por mafias que amenazan a los residentes en los edificios y ejercen 'mobbing' inmobiliario sobre los inquilinos legales. Estas situaciones se producen en San Isidro, el Pau de Vallecas, Orcasur, Comillas, Puerta de Madrid de Alcalá de Henares. Esta situación está llevando aparejadas situaciones de riesgo como el tráfico de drogas, tal y como sucede en Palomeras Sureste y Alto de San Isidro.

Denuncian que hay cientos de pisos vacíos de promociones antiguas y nuevas. Asimismo, aseguran que hay centenares de plazas de garaje que no han sido adjudicadas. Algunas desde hace casi 30 años. Muchas no cumplen la normativa y la mayoría se están degradando, habiendo sido convertidas en basureros, chatarrerías o espacios de venta de drogas. Estas situaciones ocurren en La Ventilla, el PAU de Vallecas, Triángulo del Agua, Palomeras Sureste, Valdebernardo o Almendrales, entre otras.

En tercer lugar, denuncian que el Ivima está incurriendo en morosidad, tanto en el pago de ayudas por rehabilitación como en las facturas de comunidad que tienen que asumir en algunos de sus bloques, en los que llegan a tener en algunos casos, deudas de hasta 50.000 euros con los vecinos. Mientras se produce este impago, aseguran, se siguen desahuciando vecinos.

Aseguran que en la UVA de Hortaleza, cuyo programa de rehabilitación se inició en 1993, todavía quedan por rehabilitar 700 de 1.200 viviendas, de las que 400 están pendientes de inicio de obra y 300 todavía no está previsto aún arreglarlas.
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