Como consecuencia del
recorte de 7.000 millones de euros en Sanidad, por primera vez en la historia del Sistema Nacional y Salud, se implanta en España el 'copago' de medicamentos para los ciudadanos con pensiones contributivas. Desde entonces
deben pagar en las farmacias el 10 por ciento del precio de las medicinas con receta (hasta un máximo de 8 o 18 euros al mes en función de su pensión). Así, las tradicionales 'recetas rojas' para pensionistas desaparecen.
El Gobierno también acordó con las comunidades que los trabajadores con
rentas superiores a 100.000 euros pagaran el 60 por ciento de sus recetas, mientras los que tuvieran una renta inferior, el 50 por ciento (antes de la entrada en vigor de la normativa aportaban un 40 por ciento). A los parados que hubieran agotado su prestación por desempleo, que antes pagaban un 40 por ciento, desde entonces les sale gratis "hasta que encuentren trabajo".
Las protestas ante lo que se llamó 'medicamentazo' no se hicieron esperar. La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) criticaron duramente la medida al considerar que afectaba a
"más de 8 millones de pensionistas españoles". "Una vez más la mayor parte del esfuerzo la hace una parte de la población muy vulnerable como los enfermos crónicos, pensionistas y jubilados", indicaron. También la Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y de los Servicios Públicos, que engloba a los sindicatos UGT y CC.OO. así como a medio centenar de asociaciones de diferentes ámbitos, se manifestó a las puertas del Ministerio de Sanidad, dirigido por
Ana Mato. La entrada en vigor del real decreto generó
confunsión en las farmacias.
Euro por receta
Meses más tarde, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció su intencion de imitar a Cataluña implantando el
'euro por receta' (pago de un euro por cada receta expedida), con un máximo de
72 euros anuales. Esta medida iba dentro del paquete del
Plan de Medidas de Garantia de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Publico de la Comunidad de Madrid que, desde noviembre, provocó un conflicto gigantesco, entre profesionales del sector y Gobierno regional, en la región.
En diciembre, el Consejo de Ministros autorizo al presidente, Mariano Rajoy, a presentar
un recurso ante el Tribunal Constitucional por esta tasa. Y es que el informe del Consejo de Estado dejó claro que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos sanitarios.
Si (
No(
