Con los nuevos criterios de admisión y el área única educativa, la cercanía dejará de ser decisiva a la hora de conseguir una plaza en un colegio público o concertado. Estos cambios dan más libertad a algunas familias, mientras otras pueden quedar desplazadas.
En la actualidad,
el 90 por ciento de las familias madrileñas lleva a sus hijos al colegio que desea y prácticamente todas pueden acceder a una de sus dos primeras opciones. Pese a ello, el Gobierno regional, en su propósito y promesa electoral de facilitar la libertad de elección de las familias,
ha cambiado este año las reglas del juego para elegir colegio. En resumen, con las nuevas normas de admisión de alumnos, la cercanía deja de ser decisiva y se eliminan facilidades a las rentas más bajas, excepto a
las beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI).

Hasta ahora el 80 por ciento de las familias elegía como primera opción el centro escolar más cercano a su lugar de residencia o trabajo. Con el área única que entrará en vigor,
las familias que quieran escolarizar a sus hijos en un colegio más lejano tendrán más facilidades que antes para ser admitidos. Desde el próximo curso,
en 164 municipios hay zona única, lo que significa que se puede acceder a cualquier colegio de la localidad en igualdad de condiciones. Un año después, el resto de municipios (Madrid, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Alcalá de Henares, Algete, San Sebastián de los Reyes, Rivas-Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz, Boadilla del Monte, Collado-Villalba y Galapagar) reducirán sus zonas de escolarización.
La nueva orden da cuatro puntos, igual que antes, si la familia vive o trabaja en la zona de influencia, con la diferencia de que estas
serán más grandes y, por lo tanto, incluirán más colegios. Para centros ubicados en el resto de la Comunidad se obtienen dos puntos, algo que hasta ahora solo sucedía con las zonas limítrofes. De esta manera, una familia podrá
optar a más colegios con la máxima puntuación y no se verá tan perjudicada si decide escolarizar a sus hijos en zonas lejanas.
Libertad de elección
"Se trata de que sean las familias y no la Administración las que decidan algo tan importante como el centro en el que van a estudiar sus hijos. Ahora mismo
la Comunidad dibuja sobre el mapa unas barreras artificiales que impiden a las familias llevar a sus hijos a centros que están fuera de esas fronteras", explica a este digital la viceconsejera de Organización Educativa,
Carmen Pérez-Llorca.
Esta libertad de elección puede tener una contrapartida no deseada, al
desplazar a alumnos de sus centros escolares más próximos, como denuncian la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA)
Giner de los Ríos y los sindicatos, presentes en el Consejo Escolar de la Comunidad. "Si unas familias consiguen plazas alejadas de su residencia habitual, desplazarán de esas a las que las querían por proximidad, por lo que tendrán que afrontar costes que, con la normativa actual, quizás no se verían obligadas a asumir", destaca el voto particular de la FAPA en el Consejo Escolar. Según UGT,
los costes para quienes se vean desplazados, solo en transporte público puede ascender a 335 euros al año, usando el abono, además del comedor escolar. "En adelante nadie va estar seguro de poder acceder al centro más próximo a su domicilio o centro de trabajo", sentencia el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid,
Francisco García.
"Ya hay familias que no pueden acceder al centro que desean incluso teniendo los puntos por zona. No estamos cambiando nada", justifica Pérez-Llorca. Por su parte, el secretario regional de la
Asociación de Escuelas Católicas de Madrid,
Emilio Díaz, asegura que "nunca llueve a gusto de todos. Antes ya sucedía que hubiese gente que se quedase fuera, por ejemplo, si el colegio más cercano estaba en una zona limítrofe. Es imposible encontrar la zonificación perfecta". Lo que parece evidente es que aumentará el número de alumnos desplazados de su centro más cercano.
Elección de los centros
Otro de los efectos de la zona única que algunos miembros de la comunidad educativa temen que se produzca es que finalmente
sean los centros los que elijan a sus alumnos y no las familias. Si el centro tiene menos solicitudes que plazas, el niño accede sin problema. Otra cosa es si tiene demasiada demanda. "Cuando un centro llena sus aulas con un alumnado que viene forzado por una zona de escolarización, a veces las familias no pueden pagar ciertas cuotas. Por tanto, ahora se va a desplazar a ese alumnado por otro que venga desde más lejos y que sí pueda pagar cuotas más altas", explica
José Luis Pazos, presidente de la Fapa Giner de los Ríos. Estas cuotas son las aportaciones voluntarias que cobran los colegios concertados. Es más, la federación cree que con estos nuevos criterios
serán más los centros privados que decidan tener concierto con la Comunidad, pues tendrán más fácil seleccionar a los alumnos.
El secretario regional de la Asociación de Escuelas Católicas indica que
en cuanto a los porcentajes de alumnado inmigrante la zona es muy determinante. "De ahí que sea bueno que se rompan las zonas, porque es un factor que determina la población y al abrirse las zonas los colegios van a ser más permeables". Desde la Consejería, no obstante, insisten en que "el nuevo baremo ofrece una mayor libertad de elección y mayor igualdad de oportunidades".

Los sindicatos y la Fapa recuerdan que en un reciente informe la OCDE dice que "proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos". Además, entre las recomendaciones se encuentra que el alumno
pueda socializarse en su entorno más cercano y ahora las familias tendrán facilidades para mandar a sus hijos a estudiar lejos de casa.
La Fapa y CCOO consideran a raíz de estos cambios que la Comunidad sitúa el derecho a elegir centro, que no es constitucional, por encima del
derecho a la educación y la obligación de hacer una programación general, como recoge la Carta Magna. Sobre estos temores en cuanto a las dificultades de planificar la creación de nuevos centros, Pérez-Llorca aseguró a este digital que la Consejería seguirá actuando en este sentido "como hasta ahora".
Por su parte, la Federación Autonómica de centros de Enseñanza Privada de Madrid (cuyos asociados son mayoritariamente concertados), el área única favorece "que los centros sean más competitivos, y den mayor calidad y más facilidad a los padres para que los conozcan".
Menos puntos por la renta
El criterio de proximidad no es el único que ha cambiado. Junto al área única se han introducido otras modificaciones, como otorgar punto solo a las familias a las que les haya sido concedida
la renta mínima de inserción (unos 6.400 euros al año). En concreto, tendrán dos puntos. Hasta ahora esta puntuación la recibía, por ejemplo, una familia de cuatro miembros que ingresara menos de 35.918 euros. Otra con unos ingresos de hasta 71.836 euros obtenía un punto. La Comunidad considera que este nuevo criterio responde a su intención de que "se beneficien de este criterio
las familias más necesitadas, acabar con situaciones de picaresca y evitar que las familias necesariamente tengan que agruparse en colegios en función de su renta".
Otra diferencia con respecto a años anteriores es que por tener uno o varios hermanos en el centro, o si algunos de los progenitores trabaja en él, se obtienen ocho puntos. El objetivo de este criterio es que
todos los hijos estudien en el mismo centro, algo que, por otra parte, ya sucedía, según la Fapa Giner de los Ríos, excepto si una familia cambiaba de residencia a mitad de curso, lo que podía generar más problemas. Antes, en cambio, por el primer hermano en el centro o un progenitor como trabajador del mismo se obtenían cuatro puntos y otros tres por cada hermano que también estudiase en él. La diferencia es que ahora
deja de primarse a las familias numerosas frente a las que tienen solo un hijo. Esto perjudica a las familias de "bajo nivel cultural y recursos económicos, cuyo origen, fundamentalmente, está en la inmigración o en las minorías étnicas desfavorecidas", según UGT, que interpreta que el otro tipo más frecuente de familia numerosas optaría por colegios de ideología cristiana.
"Derechos de linaje"
Los nuevos baremos han sido criticados también por "madrileñismo" y "derechos de linaje", pues dan un punto y medio por haber tenido en el centro a padres o hermanos como
antiguos alumnos. El último cambio ha sido quitar el punto que recibían los
celíacos, pues ahora en todos los colegios están obligados a ofrecerles menús especiales.
La puntuación por familia numerosa general (1,5) y especial (2,5), por discapacidad del alumno, padres o hermanos, y
el punto discrecional que puede otorgar el centro atendiendo a criterios públicos y objetivos se mantienen igual, con la excepción de que este último criterio puede ser redundante con el resto.
Para elegir centro las familias disponen de alguna información, como las
listas de colegios surgidas a raíz de las Pruebas de Conocimientos y Destrezas que realiza desde hace unos años la Comunidad, aunque no son muy fiables, debido a que las muestras son a veces muy pequeñas y los resultados varían bastante de un año a otro, según apuntan desde los sindicatos.
Quienes se oponen a estos nuevos criterios defienden que la consejería debería garantizar que
en todos los centros se imparta una educación de calidad para que los padres pudiesen confiar en los de su barrio y evitar así esa preocupación excesiva que surge a la hora de tomar esta decisión. La recomendación de los miembros de la comunidad educativa a la hora de escoger colegio es informarse bien y conocer el proyecto educativo. Desde la Asociación de Escuelas Católicas recuerdan que lo más importante es
conocer la parte intangible del centro y no solo la material, como las instalaciones. En la Fapa Giner de los Ríos, por su parte, animan a acercarse a los centros cercanos a casa e informarse a través de los equipos directivos.