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Miembros de la entidad consiguen aplazarlo al 3 de octubre

La ONG Paz Ahora, en peligro de desahucio

La ONG Paz Ahora, en peligro de desahucio

Por Lucía de la Fuente
martes 13 de septiembre de 2011, 00:00h
La ONG Paz Ahora ha conseguido evitar el desahucio que iba a producirse este lunes en su sede principal. Debido a la "imposibilidad" de que se hiciera efectivo (había un centenar de miembros de la entidad), el juez ha decidido aplazarlo para el próximo 3 de octubre.
A las 12.00 horas de este martes, funcionarios judiciales acudieron a la sede de la organización sin ánimo de lucro, ubicada en la calle de la Princesa, para cumplir la orden de desahucio dictada por el juzgado 48 de Plaza de Castilla. La entidad, que lleva ocho meses sin abonar la renta del alquiler del inmueble, dice no poder hacer frente a los pagos por la suspensión de subvenciones para la ayuda al desarrollo que, como consecuencia de la crisis, están realizando la mayoría de administraciones públicas. "Las ONG que nos dedicamos a la cooperación estamos ahogadas", aseguró a Efe el presidente de Paz Ahora, Julio Rodríguez.

Tras un encuentro de más de una hora en el que estuvieron presentes tres diputados de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid (María Espinosa, Mauricio Valiente y Tania Sánchez), casi un centenar de miembros de la organización trataron de llegar a un acuerdo con el juzgado y la inmobiliaria, ofreciéndoles abonar las cuotas que tienen pendientes de cobro por parte del Gobierno vasco, el Parlamento andaluz y varias diputaciones provinciales. El agente judicial presente en el intento de desahucio sin embargo dijo que el próximo 3 de octubre éste se haría efectivo. "Ha amenzado con venir con antidisturbios", agregó el presidente de la ONG.

Además de no poder pagar el contrato de arrendamiento, Rodríguez afirma que tampoco se ha podido sostener el programa 'Vacaciones para la Paz' que cada año trae a niños palestinos a pasar las vacaciones en España, así como otros proyectos que pusieron en marcha en Palestina.

Paz Ahora espera ahora que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) o la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) les alquile alguno de los locales que poseen en edificios de protección oficial y que, según Rodríguez, ofrecen a otras entidades por precios bajos.
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