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Garantiza que las concesiones serán "equilibradas"

Aguirre se compromete a estudiar si es necesario inyectar más dinero en los nuevos hospitales

Aguirre se compromete a estudiar si es necesario inyectar más dinero en los nuevos hospitales

jueves 12 de mayo de 2011, 00:00h
La Comunidad de Madrid cede y estudiará si las constructoras de los hospitales de San Sebastián de los Reyes, Parla, Vallecas, Aranjuez, Arganda, Coslada y Majadahonda tienen razón al exigir al Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 80 millones de euros extras para evitar un "colapso" de estas concesiones.
Estas empresas, que son a la vez accionistas y propietarias de los hospitales durante un período de 30 años, advierten que la Comunidad les debe dinero por realizar obras adicionales no previstas inicialmente en los centros. También, por haber perdido rentabilidad (esta ha bajado del 11,22% al 7,61%) debido al nuevo Plan Contable de obligado cumplimiento y al incremento de costes en servicios como la esterilización quirúrgica o las comidas servidas a los pacientes. Según su versión, plasmada en una carta que fue divulgada por el candidato socialista a la Comunidad, Tomás Gómez, los impagos -que, aseguran, ha reclamado hasta 20 veces vía contencioso-administrativa ante la pasividad de la Administración- les están creando dificultades que amenazan el servicio que prestan.

Según declaró este jueves Esperanza Aguirre, esta afirmación es desmedida, ya que las empresas concesionarias de servicios públicos -puso el ejemplo de la carretera M-45- siempre mantienen un tira y afloja con las administraciones públicas: "Recibimos miles de cartas como esa cada año. Todo concesionario tiene siempre la sensación de que la Administración le paga poco y nosotros tenemos generalmente la sensación de que les pagamos demasiado". Ello no impedirá, sin embargo, que su Ejecutivo encargue los informes pertinentes para saber si hay que "reequilibrar las concesiones".

Aguirre, junto a su Gobierno, este jueves en Alcobendas."Nosotros cumplimos la ley", afirmó la presidenta durante un acto en Alcobendas, donde hizo sus primeras declaraciones acerca de este conflicto. "Siempre reequilibramos las concesiones, pero para saber si hace falta hacerlo o no, se necesitan informes de todo el mundo [...] Hombre, claro que vamos a estudiar los informes. La cuestión es si hace falta reequilibrarlo o la concesión está ya en equilibrio", adelantó. Para el sindicato UGT, estos problemas evidencian el "fracaso" del modelo de gestión sanitaria favorecido por el PP.

Panorama pesimista
Las declaraciones de Aguirre abren una puerta a una negociación que las accionistas de los hospitales, entre las que se encuentran FCC, OHL o Acciona entre otras, llevan reclamando desde hace tiempo. Así consta en la carta que la patronal que las agrupa, SEOPAN, envió al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, el pasado 15 de abril. Y ese mismo era el mensaje que, como les adelantó este digital, intentó transmitir su presidente, David Taguas, a la presidenta el pasado martes. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo consultadas por este digital estimaron que la demandada reunión no se producirá hasta bien pasadas las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo. Las constructoras, de hecho, podrían sentarse a la mesa con otro consejero que no fuera Fernández-Lasquetty, ya que no nada asegura que este siga al frente de la Sanidad regional la próxima legislatura.

La Comunidad de Madrid, por su parte, también tiene motivos para ver el vaso medio lleno. Esperanza Aguirre admitió este jueves que las propietarias de los hospitales han realizado trabajos adicionales a los previstos en los planes de los nuevos centros. Sin embargo, y reconociendo esa deuda, también se hizo eco de la sentencia dictada  por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid. Según la misma, las concesionarias no pueden quedarse con la diferencia resultante de ajustar el IVA que se les aplica del 16 al 7% (el aplicado en la actualidad), ya que, a pesar de que la primera es la cifra establecida en el contrato, los cambios legales introducidos por el Estado obligan a tributar ahora al 7%. Quedarse con esa cantidad sería, estima el juzgado, un "enriquecimiento ilícito".
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