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Exigen a Aguirre que les convoque para modificar la normativa

Madrid, Rivas y Coslada amenazan con llevar al Constitucional la ley de la Cañada Real

Madrid, Rivas y Coslada amenazan con llevar al Constitucional la ley de la Cañada Real

miércoles 02 de marzo de 2011, 00:00h
Madrid, Rivas y Coslada vuelven a declarar la guerra a la Comunidad. Hace 10 meses, los tres municipios se sentaron juntos en una mesa y denunciaron que Esperanza Aguirre pretendía solucionar el problema social de la Cañada Real echándoles encima el problema de los entre 15.000 y 40.000 habitantes que viven ilegalmente en ella. Hoy, cuando la ley que Aguirre prometió para solucionarlo está a punto de aprobarse, amenazan con llevar la norma al Tribunal Constitucional si esta continúa refiriéndose sólo al aspecto urbanístico.
Los tres municipios confirmaron este miércoles a Madridiario que su postura es inamovible. Pilar Martínez, delegada de Urbanismo de la capital, aseguró que la implicación de la Comunidad en los realojos, la dotación de servicios y la atención social es "condición si ne qua non" para no recurrir la ley ante el alto tribunal por invasión de competencias. "Nuestros servicios jurídicos lo están estudiando. Habrá que esperar a ver lo que dicen", aseguró. Ángel Viveros, alcalde de Coslada, anunció que sus abogados también estudian la presentación del recurso y que se sumará a cualquier iniciativa en este sentido si la Comunidad sigue sin contar "para nada" con la opinión de las administraciones afectadas. José Masa, regidor de Rivas, se ratificó en que, o hay implicación regional en los realojos de las personas "con especial necesidad", o planteará la batalla judicial.

El punto de fricción es el mismo que dio al traste con el acuerdo inicial que impulsó la propia Esperanza Aguirre hace ya dos años. En marzo de 2009, la presidenta prometió una ley para acabar con las situaciones de marginalidad, exclusión social, infracciones urbanísticas, ambientales y de seguridad (tráfico de drogas y de armas incluidos) en esta vía pecuaria que discurre a lo largo de 14 kilómetros entre Madrid, Coslada y Rivas.

Tras un primer borrador de ley satisfactorio, la Comunidad modificó el texto introduciendo un plazo máximo de dos años para legalizar las viviendas de la Cañada que fueran susceptibles de ello. Transcurrido el mismo -una vez reclasificado el terreno por los ayuntamientos y habiéndose solucionado o no la urbanización, la provisión de servicios municipales (alumbrado, agua, gas, alcantarillado, viales etc.) y, sobre todo, los realojos y la atención social- la Comunidad puede disponer de los terrenos. De esta forma, el Ejecutivo podría enajenar, vender, ceder o permutar el terreno a voluntad, mientras que los propietarios de viviendas, infraviviendas o chabolas tendrían derecho a comprar el terreno en el que estas se asientan y a recibir, con ello, todos los servicios del ayuntamiento que les correspondiese No obstante la ley contempla que en la venta de terrenos, los ayuntamientos tendrían derecho de tanteo preferente.

En la intención de la Comunidad estaba, y así se mantiene ahora, que el problema de la Cañada no se alargue en el tiempo pero, este miércoles, los tres municipios implicados exigieron a Aguirre que recapacite y que se siente de nuevo a dialogar. Las peticiones, según explicaron a Madridiario, son claras: un plazo razonable para censar a la población de la Cañada, estudiar las necesidades sociales de sus habitantes caso por caso y realizar el planeamiento urbanístico acorde. Asimismo quieren un compromiso de la Comunidad por escrito para gestionar los realojos y una memoria económica de la que carece la ley que incluya las inversiones en infraestructuras (centros educativos, sanitarios, sociales, transporte) de su competencia que realizará el Ejecutivo.

Viviendas junto al vertedero
En el caso de la capital, explicó Pilar Martínez a este digital la Comunidad de Madrid no puede reducir la solución de la Cañada Real a un problema urbanístico sin tener en cuenta las leyes nacionales y europeas: "¿Cómo vamos a convertir en residencial un suelo junto al vertedero de Valdemingómez o la incineradora? ¿Qué hacemos con las vigentes normativas ambientales o de ruido? Eso sin olvidar que la normativa fija que, por cada 100 metros, el espacio disponible que quedaría en el término municipal de Madrid es insuficiente para dotar de los servicios obligatorios a los ciudadanos".

Martínez, como los alcaldes de Rivas y Coslada, espera que la Comunidad de Madrid desista de sus intenciones de aprobar la ley la próxima semana y les convoque cuanto antes para llegar a una solución. "Tenemos que sentarnos a hablar y, cuanto antes lo hagamos, mejor. Si no solucionamos antes el tema social, no vamos a dejar a la gente en la calle", concluyó. Si la ley no cambia en este sentido, advierten, el problema de la Cañada Real sólo cambiará de manos, pasando de la Comunidad a los ayuntamientos, perpetuándose una realidad que permanece desde hace más de 20 años.

Las asociaciones de vecinos de la Cañada sí apoyan a la Comunidad ya que esta les permitirá legalizar la situación de sus viviendas, pero los ayuntamientos advierten que estos colectivos no son del todo representativos, ya que algunos de sus miembros incluso han hecho negocio vendiendo títulos falsos de propiedad en los terrenos de la vía pecuaria.
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