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La consejera Mariño asegura que la normativa es la solución

El Gobierno de Aguirre aprueba la ley para legalizar la Cañada Real en contra de los ayuntamientos implicados

El Gobierno de Aguirre aprueba la ley para legalizar la Cañada Real en contra de los ayuntamientos implicados

jueves 10 de marzo de 2011, 00:00h
La ley de la Cañada Real Galiana ya existe. La normativa que pretende solucionar la situación de las entre 14.000 y 40.000 personas que viven ilegalmente en esta antigua vía pecuaria fue aprobada este jueves por la Asamblea de Madrid con los únicos votos a favor del PP y con todas las administraciones implicadas -salvo su promotora, la Comunidad de Madrid- en contra.
Este lastre es, precisamente, el motivo por el que el Ayuntamiento de Madrid, el de Coslada, el de Rivas Vaciamadrid y la Delegación del Gobierno auguran su fracaso. Ninguno de ellos respalda el texto ni cree que el plazo máximo de dos años que establece para que haya un acuerdo sobre los realojos y los derechos de estos habitantes llegue a cumplirse. Pasado ese límite, advierten, la Comunidad podrá negociar, traspasar, ceder o vender los terrenos. Según los consistorios, el Ejecutivo de Aguirre les traspasará entonces el 'marrón' y se lavará la manos respecto a un problema que, mucho más allá de lo urbanístico (son miles las viviendas ilegales levantadas en la zona), lleva aparejadas situaciones de exclusión social, marginalidad, desatención social y tráfico de armas y de drogas a lo largo de sus 14,2 kilómetros de extensión.

La ley de la Cañada Real, en su literalidad, establece lo siguiente. A partir de su entrada en vigor, que se producirá en cuanto sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en los próximos cuatro días, el tramo de la Cañada Real Galiana que discurre entre Madrid capital, Coslada y Rivas queda "desafectado", es decir, deja de ser una vía pecuaria protegida y pasa a ser terreno patrimonial de la Comunidad de Madrid. Durante los próximos seis meses, Madrid, Coslada y Rivas deberán elaborar un censo de fincas y ocupantes para determinar cuáles de sus residentes podrían ver legalizadas sus casas, a quienes se les otorgarían títulos de propiedad y qué necesidades de servicios sociales, colegios, centros de salud, abastecimiento y transporte deben proporcionárseles como residentes de pleno derecho.

Además está el problema social. Para resolver los desalojos, realojos y necesidades de atención, la Comunidad (como poseedora de las competencias en Sanidad, Educación, Transporte y Asuntos Sociales), la Delegación del Gobierno (responsable de la seguridad) y los ayuntamientos (reguladores urbanísticos) deberán crear una comisión conjunta que establezca "las bases de cooperación" para solucionar estas cuestiones. Y aquí es donde surge el problema. Superado el plazo de dos años fijado en el texto, e independientemente de que haya un acuerdo o se hayan alcanzado las soluciones, la Comunidad podrá, literalmente, "enajenar los terrenos afectados, cederlos a los Ayuntamientos o a terceros, permutarlos o llevar a cabo cualquier otro negocio jurídico permitido por la Ley de Patrimonio". Los ayuntamientos, eso sí, tendrán "derecho preferente de tanteo".

La oposición: oportunidad perdida
Madrid, que ve imposible urbanizar en la Cañada, Coslada y Rivas no quieren oir ni hablar de este plazo. El alcalde de Rivas, José Masa (IU), acudió este jueves a la Asamblea de Madrid a pedir a la Comunidad una última rectificación. Masa advirtió que, de aprobarse la ley en estos términos, como sucedió, procederá a presentar un recurso judicial contra la misma en el plazo de tres meses, como marca la ley. Y no sería el único. El alcalde de Coslada, Ángel Viveros (PSOE), ya manifestó a Madridiario que apoyaría cualquier recurso en este sentido. Madrid, que reculó en este sentido por la presión recibida desde la dirección nacional del PP para no provocar otro enfrentamiento entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón a tres meses de las elecciones, tiene, según José Masa, la misma intención. "Por las conversaciones que hemos venido manteniendo con el Ayuntamiento de Madrid y desde el mayor respeto y prudencia a su autonomía puedo decir que este manifiesta su interés en acompañar al de Rivas en ese recurso ante el Tribunal Constitucional", aseguró el primer edil.

Sin embargo, la máxima responsable de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la consejera Anabel Mariño, afirmó este jueves por última vez que ese plazo es inamovible. En palabras de la consejera, el de este jueves era "un día muy importante para los habitantes de la Cañada", el "principio del fin" de un problema enquistado durante 40 años. Mariño exhortó a los alcaldes -sin citar al de Madrid para evitar todo enfrentamiento público- a ser responsables, a asumir a los habitantes de la Cañada como vecinos de sus municipios y a no oponerse "por razones políticas" a la ley. No lograr el acuerdo en los 24 meses establecidos años sería, a su juicio, defraudar a los madrileños.

Pero PSOE e IU siguen teniendo la mosca detrás de la oreja, más aún después de que Mariño y la diputada del PP presente en la comisión de Medio Ambiente, Elena Utrilla, admitiesen sin ambages que la solución a la Cañada no llegará en esos dos años. "A nadie le cabe en la cabeza", afirmó rotunda Utrilla, que, sin embargo, aseguró que en ese plazo sí se podrán acordar los mecanismos de actuación social. El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo argumentó una vez más que aún sin ley, la Comunidad de Madrid ya podría haber intervenido para atender, realojar e integrar a los habitantes de la Cañada com oha hecho en otros poblados chabolistas. "La Comunidad se niega a asumir ni un solo compromiso. El Defensor del Pueblo y el Ministerio de Medio Ambiente ya han dicho que este no es el instrumento para acabar con el mayor poblado chabolista en una metrópoli europea [...] Hemos perdido un año y medio tramitando esta ley", recalcó. La diputada de Izquierda Unida Cármen Pérez Carballo, resumió lo que es esta ley para su grupo: "La Comunidad se queda con el suelo y los ayuntamientos con los problemas". La solución, en dos años.
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