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El Supremo confirma que el desdoblamiento de la M-501 fue ilegal

El Supremo confirma que el desdoblamiento de la M-501 fue ilegal

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Ecologistas en Acción al confirmar la nulidad del acuerdo de la Comunidad de Madrid que dio luz verde a las obras de duplicación de la M-501, conocida como la carretera de los pantanos. La sentencia no es recurrible y la asociación pedirá su ejecución. La Comunidad de Madrid ha asegurado que, desde 2005, ha ejecutado todas las actuaciones medioambientales que solicitó la Comisión Europea.
En una sentencia notificada este viernes la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de 22 de mayo de 2008, que declaró la nulidad de pleno derecho de la citada resolución.

El fallo de la sentencia recurrida ordenó reponer el procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior al que fueron dictados con, en su caso, restitución a su estado de la zona afectada por el proyecto. En concreto, el acuerdo que dio luz verde al desdoblamiento se ratificó el 21 de julio de 2005, declarando el interés general del proyecto por razones imperiosas de seguridad vial.

La anulación del acuerdo se debe a diversos motivos. Entre ellos, cabe destacar la ausencia de consultas previas a la Comisión Europea, por afectar a un espacio incluido en la Red Natura 2000, concretamente la Zona de Especial protección para las Aves, denominada Encinares de los ríos Cofio y Alberche y el Lugar de Interés Comunitario de las Cuencas de los ríos Alberche y Cofio.

Igualmente, la sentencia considera que no se dan los motivos de interés público por los que sería justificable la ejecución del proyecto. De esta forma  se afirma que la seguridad vial no es equiparable a los intereses públicos de salud humana o de seguridad pública, esgrimidos por la Comunidad de Madrid que justificarían que, a pesar de existir una  declaración de impacto ambiental negativa, se aprobara el desdoblamiento.

El Supremo aprecia adecuada la doctrina jurisprudencial aplicada por el TSJM al caso enjuiciado, pues "la declaración de impacto ambiental del proyecto originario fue negativa". La sentencia concluye que la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que se expone en la sentencia de 31 de marzo de 2009, declara que "la falta de declaración de impacto ambiental y la omisión del trámite de consulta previa a la Comisión Europea constituyen causas de nulidad de pleno derecho".

Solicitud de ejecución
Ecologistas en Acción anunció este viernes que en los próximos días la organización solicitará la ejecución de sentencia y la restitución de la zona a su estado anterior al inicio de las obras.A esta solicitud, el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, el consejero ha estimado que esto es "una tontería", además de algo de "imposible cumplimiento". Por ello, ha avanzado que se tendrá que poner en contacto con el tribunal competente para ver cómo se ejecuta la resolución jurídica "de la manera más oportuna", al tiempo que se ha mostrado seguro de que se tendrá en cuenta todo lo que se ha hecho desde 2005 hasta ahora.

Igualmente, Ecologistas iniciará el estudio de apertura de procedimiento penal contra Esperanza Aguirre y los consejeros de Transporte que autorizaron las obras, Francisco Granados, María Dolores de Cospedal y Elvira Rodríguez. En su opinión, "en todo momento supieron que lo que estaban haciendo era contrario a la legalidad, incluso se manipularon las cifras de siniestralidad de la carretera y paralizaron el proyecto de mejora de la carretera sin desdoblamiento, que en 2004 ya estaba en fase de expropiaciones.

El portavoz de Ecologistas Santiago Martín lamentó la "lentitud" de la Justicia a la hora de pronunciarse sobre este fallo y el hecho de que el TSJM pidiera a los ecologistas medio millón de euros para autorizar la paralización cautelar del proyecto cuando aún no se había ejecutado.

"Nos faltan 10.000 grandes encinas... hemos ganado en los tribunales pero hemos perdido en el medio ambiente", ha señalado el portavoz, considerando que si se hubiera paralizado la obra o se hubiera pronunciado antes se hubiera conseguido "evitar un desaguisado".

El Gobierno cree que es "irrelevante"
La Comunidad de Madrid ha asegurado que, desde 2005, ha ejecutado todas las actuaciones medioambientales que solicitó la Comisión Europea, e incluso algunas más, al tiempo que entiende que con sus actuaciones ha subsanado los errores procedimentales a los que hace referencia la sentencia del Tribunal Supremo sobre la vía.

El consejero considera que, después de todo lo hecho, la sentencia, a día de hoy, es "irrelevante" puesto que "ya se encuentra ejecutada y se ha subsanado el fallo de procedimiento". Por ello, el Ejecutivo autonómico recuerda que "en ningún caso" la sentencia exige el levantamiento de la carretera, "sino que obliga a subsanar un error de procedimiento que la Comunidad considera ya subsanado". No obstante, asevera que la respetan, aunque consideran que sus efectos prácticos son "relativos".
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