Esta vez los comparecientes fueron los dirigentes de los colectivos Protégeles, Guillermo Cánovas, y la Fundación Alia2, Miguel Camín. Ambos exigieron a los representantes ciudadanos una reforma del código penal que legalice la figura del agente encubierto, como ya existe en EE.UU., para poder infiltrarse en redes sociales, foros y páginas web para perseguir a estos delincuentes. Cánovas incidió en la necesidad imperiosa de llevar la formación sobre redes sociales y sobre el riesgo que corren los menores que usan Internet sin supervisión directamente a los colegios a través de los planes de estudios. En este punto, la diputada Cristina Cifuentes (PP) hizo un llamamiento a los padres, a las empresas y también a los medios de comunicación para que den a conocer la situación "alarmante" y el riesgo que existe en este sentido. Sólo en España, según el último estudio de Alia2, más de 16.000 personas intercambiaron fotos y vídeos sexuales de menores entre enero y septiembre de 2010.
Refiriéndose a la presencia de presuntos pedófilos y pederastas en redes sociales Windows Live de Microsoft y Facebook, Camín fue claro al advertir que los filtros y las actuaciones que estas llevan a cabo no dan resultado: "Hay que obligar a esas compañias, con el coste que conlleva, a que, cada vez que retiran un perfil con pornografía infantil o sospechoso de grooming (acoso a menores), pongan una denuncia denuncia en el país donde este se encuentren, porque lo saben". Pese a ello, aclaró, la dificultad sigue estando en que la colaboración entre los gobiernos de distintos paises y de las empresas con estos es insuficiente debido a la ausencia de una legislación común. Por ello José Cepeda (PSOE) insistió en el papel de los legisladores a la hora de combatir la situación.
Un problema grave
Las comparecencias de este martes (a la que no se presentó el presidente de Telefónica, César Alierta, que tampoco envió un representante en su lugar) fueron la consecuencia del acuerdo entre los grupos parlamentarios de PP, PSOE e IU, que materializaron, respectivamente, los diputados Cristina Cifuentes, José Cepeda y Reyes Montiel (hoy fuera de la Cámara). Los tres decidieron unir esfuerzos el pasado año y dar cauce a las denuncias de un grupo de internautas que denunciaron lo inservible de estos protocolos, los 'agujeros' en la legislación española y el incumplimiento de la ley por parte de las multinacionales de Internet, cuyos medios de protección de los menores y para combatir la pedofilia, aseguraron, son absolutamente inservibles e insuficientes.
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Para ello aportaron como prueba la situación de la red social Windows Live de Microsoft, donde proliferan los perfiles de usuarios con contenidos pedófilos, pornografía infantil o relacionados con la pederastia "al alcance de cualquiera". Microsoft llegó a admitir en la Asamblea de Madrid que debía mejorar sus protocolos de actuación para eliminar y llevar ante las autoridades a los usuarios sospechosos, pero alegó tener filtros suficientes para combatir esta lacra. El problema, subrayaron los internautas, es que Microsoft sigue a día de hoy sin denunciar directamente a quienes suben ese tipo de contenidos, como tampoco ha mejorado sus modos de acceso para impedir que los menores accedan a su red social o lo hagan en condiciones de seguridad. La situación, advierten, es similar e igual de preocupante en la red social más popular, Facebook, en cuyo caso se repite la falta de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles con las autoridades de EE.UU., donde radican las multinacionales.Microsoft Ibérica se comprometió a remitir a los diputados información desglosada por delitos sobre los 10.000 posibles casos relacionados con abusos a menores que aseguró reportar en 2009 al Centro Nacional de Niños Explotados y Desaparecidos de EE.UU. desde España, pero esos datos no han llegado a la Cámara a día de hoy.
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