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La Comunidad recurre por tercera vez la Ley del Suelo

La Comunidad recurre por tercera vez la Ley del Suelo

jueves 29 de diciembre de 2011, 00:00h
La Comunidad de Madrid va a recurrir ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo el reglamento que desarrolla la Ley del Suelo estatal, aprobada por el Gobierno socialista. El Ejecutivo regional considera que invade competencias exclusivas del Gobierno regional en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Es la tercera vez que el Gobierno regional recurre la norma. Fue aprobada el 10 de mayo de 2007, modificada luego en 2008 y matizada con la Ley de Economía Sostenible. Sus principales cambios fueron: la protección de los propietarios frente a los promotores de una actuación urbanística, valorar los terrenos de expropiación en función del coste actual del terreno y no de sus aprovechamientos futuros, y el establecimiento de una reserva de suelo residencial para vivienda protegida del 30 por ciento.

La primera impugnación se produjo en julio de 2007, cuando interpuso un recurso de inconstitucionalidad frente a diversos preceptos de la norma. Entre otros aspectos, se consideró entonces que se afectaba a la prioridad de las empresas constructoras para ejecutar los desarrollos urbanísticos por los derechos de los propietarios, a la reserva del suelo destinado a vivienda protegida (el Estado aumentó la cifra al 30 por ciento cuando la Comunidad marcaba un 50 por ciento), y a la preferencia de la gestión pública y las constructoras para realizar obras de urbanización frente a los propietarios del suelo. El recurso fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en septiembre de 2007.

En septiembre de 2008, ante un nuevo texto refundido de la Ley, se presentó otro recurso al considerarse vulneradas las competencias de la Comunidad. Entre otras cosas, se valoró que se invadía la competencia que modifica el régimen de valoración del suelo; que se daba derecho a terceros para urbanizar los futuros barrios, limitando la libertad legislativa de las comunidades autónomas y las competencias urbanísticas municipales; y se frenaban las posibilidades de poner en marcha medidas liberalizadoras del mercado, perjudicando a pequeños propietarios y aumentando los trámites burocráticos.

En esta ocasión, la Comunidad entiende coherente recurrir el articulado del reglamento de dicha Ley, aprobado en octubre de 2011. Este texto trataba de manera exhaustiva las fórmulas de valoración del suelo, incluyendo factores como su distancia a núcleos urbanos, para reducir el carácter especulativo de las prácticas relacionadas con los procesos expropiatorios. No afectaba, sin embargo, a las actualizaciones de valor que realizasen las entidades financieras de sus carteras de suelo a efectos hipotecarios. También acotaba la discrecionalidad de las administraciones al fijar un justiprecio en la construcción de infraestructuras. El PP nacional anunció que, si entraba en el Gobierno, revisaría la norma. Los promotores reclamaron  prorrogar la disposición transitoria tercera de la ley (que expira el 31 de diciembre) que evitaba que los suelos urbanizables que incumpliesen los plazos de ejecución previstos en los planes y no estuviesen urbanizados, fuesen valorados, en caso de expropiación o ejecución forzosa, a precios de rural.

El Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre asegura en un comunicado que la Ley estatal convierte las expropiaciones en confiscaciones del patrimonio de particulares, ya que se establece realizarse sin compensaciones justas proponiendo precios muy inferiores a los del mercado, provocando perjuicios a propietarios y reclamaciones judiciales.
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