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Un año de vacas flacas

Un año de vacas flacas

Por David Canellada
viernes 30 de diciembre de 2011, 00:00h
El año 2011 acaba como empezó: con recortes. Ayuntamientos y Comunidad no han dejado de buscar las fórmulas que les permitan frenar la sangría que atenaza sus arcas. La culminación de este proceso se produjo en pleno verano y con la mitad del país de vacaciones, cuando los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE) pactaron una reforma 'exprés' de la Constitución para impedir que las administraciones puedan gastar más de lo que ingresan.
Parla, Collado Villalba, Galapagar, Torrejón de Velasco, San Martín de la Vega... La lista de ayuntamientos que han echado mano de la tijera para recortar gastos es interminable. En este caso, el denominador común de todos estos consistorios es que sus víctimas han sido los trabajadores municipales. Todos ellos han pasado a engrosar las listas del paro, que en la Comunidad ronda ya el medio millón de personas.

Otros, como Valdemoro o Leganés, están intentando esquivar esta ola de despidos estudiando fórmulas alternativas que lleven al ansiado horizonte del equilibrio presupuestario. En el caso de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón ondeó la bandera de la austeridad nada más ser reelegido alcalde para intentar frenar el imparable avance de la deuda del ayuntamiento, que supera los 7.000 millones de euros.

Ya en su discurso de investidura, el primer edil anunció la supresión del área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos. La búsqueda de nuevas vías de financiación para pagar a proveedores siguió con el anuncio de la subida de la factura del IBI o la privatización de una parte del Canal de Isabel II y se ha completado, en este mes de diciembre, con la ampliación de los horarios y las tarifas del Servicio de Estacionamiento Regulado.

Pero los 'ajustes' también han llegado a la Comunidad, que acumula una deuda superior a los 15.000 millones de euros. Esta mala situación económica quedó reflejada de forma gráfica en una conversación informal entre Aguirre y Gallardón captada por un micrófono abierto.

Durante todo el año, gobierno regional y oposición han mantenido un vivo debate sobre cuáles deben ser las áreas en las que se apliquen los recortes. En este enfrentamiento dialéctico, todos parecen considerar intocables tres pilares básicos de la sociedad del bienestar: la sanidad, la educación y los servicios sociales. En la práctica, sin embargo, las interpretaciones sobre las medidas anunciadas por el ejecutivo regional han sido muy diferentes.

Los recortes sanitarios en comunidades como Castilla-La Mancha o Cataluña dispararon los rumores sobre un 'efecto contagio' en Madrid. El máximo responsable de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, no tardó en salir al paso para asegurar que el ahorro en este terreno vendría sobre todo "de la reducción de los equipos directivos de los hospitales y del abaratamiento de la factura energética".

Pero, sin duda, las medidas más controvertidas han sido las 'instrucciones de inicio de curso' adoptadas por la Consejería de Educación. Estos 'ajustes' dejaron en la calle a varios miles de profesores interinos —más de 3.000 según los sindicatos y unos mil según la Comunidad— y provocaron una reacción de protesta social abanderada por la denominada 'marea verde'.

El último de los intentos por reflotar las cuentas públicas —que ha quedado reflejado también en los presupuestos para el próximo año— ha llegado en los últimos días de diciembre. El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha propuesto, entre otras medidas, que los funcionarios trabajen dos horas y media más a la semana y que se reduzcan de nueve a seis sus días de asuntos propios.

Todo ello con el objetivo de alcanzar el tan ansiado equilibrio presupuestario que la reforma 'exprés' de la Constitución convertirá en una obligación a partir del año 2018. Esta modificación de la Carta Magna —que se realizó en apenas un par de semanas en pleno mes de agosto— sirvió también para alimentar aún más la ola de indignación que este año ha barrido las calles de la capital.
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