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Hacienda espera, Gallardón insiste

Hacienda espera, Gallardón insiste

Por Enrique Villalba
jueves 14 de octubre de 2010, 00:00h
Hacienda espera el informe sobre la refinanciación de deuda del Ayuntamiento de Madrid. A día de hoy y con la información disponible hasta el momento, el ministerio de Elena Salgado no permitiría a Alberto Ruiz-Gallardón flexibilizar sus créditos para pagar a proveedores porque ello supondría un incumplimiento de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. El regidor, entre tanto, continúa su campaña para conseguir la refinanciación y los créditos ICO para los ayuntamientos morosos y en la que se erige como adalid de los municipios, a pesar de que la Federación de Municipios y Provincias ya ha solicitado gran parte de esas medidas.
Alberto Ruiz-Gallardón continúa su peculiar partida con Zapatero. Hace dos semanas pasaba al ataque político llamando al presidente del Gobierno "envidioso, obstaculizador, mentiroso y antimunicipalista" tras ser el blanco de las críticas del jefe del Ejecutivo, después de que este increpara en el Senado al regidor por su problema con la deuda. El primer edil se quejó entonces de que el Ministerio de Economía no autoriza al Ayuntamiento a refinanciar 254 millones de un crédito que vence a final de año, lo que permitiría dedicar este dinero a cubrir el gasto corriente; es decir a pagar las facturas. Gallardón advirtió que ello podía afectar al pago a proveedores, como ya está ocurriendo, y anunció que el Ayuntamiento dejaba de pagar infraestructuras que no le correspondían, como la luz de algunos tramos de la M-40.

La pelea llegó a su clímax en el desfile de las Fuerzas Armadas, donde presidente y alcalde se enzarzaron en una "conversación con puntos de desacuerdo" (Ruiz-Gallardón dixit) que ponía el foco en la financiación de Madrid, con Esperanza Aguirre de extraña escudera del edil popular. El presidente, tras la discusión, abrió la posibilidad de estudiar un informe sobre la situación municipal para ver si se podía refinanciar ese crédito. A pesar de este ofrecimiento, el alcalde no tiene la seguridad de que le den el permiso por lo que no descarta otras estrategias en caso de una negativa.

Adecuación del endeudamiento
Este jueves, Ruiz-Gallardón siguió apostando fichas "desde la lealtad institucional" si bien saltó por encima de Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al erigirse en abanderado de la financiación municipal. A pesar de ello, desde esta organización niegan tajantemente que se haya producido fricciones por este tema y aseguran una buena relación con el mayor Consistorio de España.

La FEMP ya solicitó a mediados de septiembre una adecuación del porcentaje de endeudamiento para que ninguna entidad local saneada y con capacidad para amortizar sus créditos quede excluida de las medidas anunciadas por el Gobierno. Esa propuesta dejaba fuera a los principales ayuntamientos del Partido Popular en España (Madrid y Valencia). Además, con carácter excepcional para el año 2011, la federación de municipios pidió que el endeudamiento pueda ser aplicado a gastos corrientes, prioritariamente sociales y de educación.

Cambio de legislación
El alcalde ha ido más allá, dando a un problema que parece de escala local, una trascendencia nacional. Quiere que Zapatero cambie la legislación para que los municipios puedan refinanciar deuda en las mismas condiciones que el Estado y las comunidades autónomas, aunque luego considera que el caso de Madrid es especial porque sólo se puede comparar por presupuesto y población a las comunidades autónomas. Intenta poner a Zapatero contra las cuerdas al afirmar que, si no acepta, quedará demostrado que no está por la labor de realizar la gran descentralización desde el Estado y las autonomías a los municipios, que asumen numerosas competencias que no les corresponden. Y si lo hace, iría en contra de la rígida política financiera que aplica desde hace unos meses.

El edil afirma que se ha reducido la cantidad de dinero que reciben las entidades locales del Gobierno pues también los ayuntamientos se han visto afectados por la eliminación del 'cheque-bebé' y de la ayuda de los 400 euros. Y asegura que la deuda financiera de la capital  es "perfectamente asumible" y que no hay problemas de pago. Según datos del Banco de España, la deuda del Ayuntamiento ha pasado de 1.137 millones en 2002 (último año presupuestario con Álvarez del Manzano en la Alcaldía) a 7.145 millones en el segundo trimestre de 2010. También denuncia que está asumiendo competencias impropias sin colaboración económica de otras administraciones, e insiste en que se tiene que regularizar esta situación con el Estado y las comunidades autónomas de manera definitiva, no por convenios puntuales de colaboración.

Proveedores desesperados
Sin embargo, no explica que inversiones como la M-30 han supuesto dedicar parte de los mermados recursos del Ayuntamiento al pago a largo plazo de infraestructuras, dejando al descubierto las operaciones corrientes de todos los días. Estas 'facturas' reducen la bolsa presupuestaria que se utiliza para pagar los salarios de los funcionarios y el día a día de la ciudad. Este desequilibrio ha obligado al Gobierno municipal a pedir créditos a corto plazo para cumplir con los proveedores. Y ahí entra el Gobierno, que no permite al municipio acudir a sus pólizas ni refinanciar su deuda (aumentando el plazo de pago a cambio de mayores intereses) para aumentar la liquidez de sus arcas casi inexistente. Entre tanto, los proveedores, entre los que se incluyen algunos de los que prestan servicios básicos para la ciudad como la limpieza o los asuntos sociales, tienen que esperar desesperados.

Frente a estas presiones, el Ministerio de Hacienda pone cara de póker. Fuentes del Ejecutivo que dirige Elena Salgado explicaron a Madridiario que la cuestión es legal, no económica. Actualmente, se encuentran a la espera de que el Ayuntamiento redacte y envíe el informe para tramitar la solicitud, aunque aseguran que, con la información disponible a día de hoy, no se pueden satisfacer la reclamación del Consistorio. Estas mismas fuentes argumentan que la Ley Reguladora de Haciendas Locales impide utilizar deuda a largo plazo para financiar gasto corriente, que debe satisfacerse con ingreso corriente (impuestos municipales, por ejemplo).

Las cartas boca arriba
Según estas fuentes,  si se refinancia el crédito y se amplía su plazo de pago, podría cambiar su naturaleza administrativa de corto a largo plazo (no es lo mismo tener una hipoteca a un año que a diez) lo que incumpliría la legislación. A ello se añade que el Gobierno municipal tiene que cumplir el Plan de Reequilibrio al que se comprometió, lo que dificulta aún más la operación.

El alcalde niega que la administración que preside esté al límite, pero ha puesto las cartas boca arriba. Y trata de ver si su presión a través de la opinión pública aporta más fuerza a su jugada, a pesar del desgaste que supone proclamar cuánto debe Madrid a los bancos. El Ayuntamiento tiene menos de quince días para convencer al presidente del Gobierno de que Madrid  merece otra financiación.
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