La Comunidad ya ha invertido 100 millones en el paralizado Campus de la Justicia

Este es el resumen de la comparecencia que el hoy responsable del Campus de la Justicia realizó este jueves ante el Pleno de la Asamblea de Madrid. Granados había solicitado intervenir a petición propia ante las informaciones de supuesto despilfarro aparecidas en los medios y ante la denuncias de PSOE e IU de que Esperanza Aguirre había mentido al decir que el macroproyecto no ha costado nada al bolsillo del ciudadano.

En el debate que se sucedió entre las 21.30 y las 22.30 horas, Granados detalló qué cantidades han salido directamente de las arcas públicas: 100 millones de euros en los terrenos y los proyectos de los edificios más 3,7 millones gastados en la rescisión de contratos y una previsión de entre 6 y 12 millones más por los contratos que aún quedan por cancelar para un total de 308 millones de euros en contratos adjudicados.

El consejero matizó que en ningún caso la presidenta Esperanza Aguirre mintió al decir -puntualizó- que el Campus "no costará nada al erario público", ya que esos 100 millones (parte de los prestamos participativos por 122 millones y el endeudamiento bancario por otros 133 suscritos para recabar fondos) no son gasto, sino "inversión". Además, destacó el "acierto" de la Comunidad de Madrid al parar el Campus en julio de 2008 (cuando Granados asumió las competencias de Justicia) y en negarse, entre otras, a la petición del arquitecto Alejandro Zaera para aumentar un 60% los costes del Instituto de Medicina Legal. "Reconózcame el mérito. Se ha ido el arquitecto porque no se lo he aceptado, no me eche encima la bronca", respondió irónico a la diputada de IU Inés Sabanés.

Finalmente, confirmó que los 5,5 millones de euros o los 1,3 millones gastados en presentaciones, anuncios y actos del Campus de la Justicia y denunciados en los medios de comunicación corresponden a los gastos realizados mientras estuvo al frente del proyecto Alfredo Prada, pero negó que la Comunidad de Madrid les diera el visto bueno o que tenga las facturas: "Jamás ni un solo gasto (en publicidad) ha pasado por la Junta General (de la empresa creada ad hoc para desarrollar el Campus y donde la Comunidad de Madrid preside los órganos de dirección). Le doy mi palabra de honor de que no hay uno solo de estos gastos que haya pasado por junta general de accionistas".

Informe de mala gestión
Las explicaciones de Granados se quedaron cortas para PSOE e IU. Inés Sabanés exigió que el Gobierno de Esperanza Aguirre aclarase si podía cómo los 488 millones iniciales que se calcularon para el Campus de la Justicia se dispararon hasta los 1.500 tras la decisión de contratar a prestigiosos arquitectos internacionales para idear los edificios. "Esto es un ejercicio de austeridad y despilfarro y aquí están implicadas las empresas de la trama Gürtel", denunció en referencia a la constructora urbanizadora de la primera fase del Campus, Begar. El PSOE acusó directamente al Ejecutivo de querer dar "un pelotazo" en la subasta de los viejos edificios judiciales -con cuya venta se iban a financiar los nuevos-. Respecto al supuesto 'coste cero' de las obras, advirtió que el Campus hoy es "un erial con túneles que hemos tapiado y un edificio que no se puede utilizar para nada porque no tendría ni licencia ocupación o actividad" que ha costado más deuda y pérdida de patrimonio a los madrileños. Ello sin olvidar un informe emitido por la propia sociedad Campus de la Justicia  que, según aseguró, alertaba de la mala gestión de la Ciudad de la Justicia desde sus inicios y de que los "muy singulares" edificios diseñados eran inapropiados para el uso judicial.

A la luz de las cifras aportadas por el consejero, la diputada popular Cristina Cifuentes valoró que éstas no son "las cifras astronómicas que ustedes han dado a la prensa", en referencia a la oposición. Granados concluyó garantizando que el Campus continuará su construcción "en cuanto la situación económica lo permita".