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Informe: Los profesores, en una encrucijada a la hora de denunciar

Informe: Los profesores, en una encrucijada a la hora de denunciar

jueves 17 de septiembre de 2009, 00:00h
La Consejera de Educación, Lucía Figar, asegura que la ley de autoridad del profesor propuesta en el último debate del Estado de la Región  por la presidenta Esperanza Aguirre es "urgente" y muy necesaria. A la vista de los datos y de la situación de la Educación pública, no le falta razón. Por si había dudas, un hecho puntual pero grave como la agresión de un padre a la directora de un colegio en Vallecas han puesto la cuestión en la línea de fuego.
Aunque los problemas de fondo sean la banalización de los valores sociales, la necesidad de inversión en formación y un sistema educativo que ha sustituido la meritocracia y el esfuerzo del alumno por la igualdad de trato y la facilidad para pasar de curso, hay unanimidad en que la figura del profesor ha perdido su autoridad y reconocimiento a pasos agigantados.

La Asociación Nacional de Profesores Estatales de Madrid (ANPE-Madrid) recogió en el curso de 2007-08 hasta 2.175 denuncias y sólo en la mitad del pasado curso (de septiembre de 2008 a febrero de 2009) contabilizaron 2.400. Así, en la primera mitad del curso pasado, el 10 por ciento de los profesores denunciaron haber sido agredidos por alumnos  y el 2 por ciento de padres y familias. Los datos de ANPE son corroborados por el Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT. De acuerdo a sus estimaciones, uno de cada diez profesores es víctima de agresiones físicas y robos en su trabajo. La etapa con mayor conflictividad es la Educación Secundaria y el perfil del agresor es el de un adolescente de 3º o 4º de ESO que ha repetido uno o más cursos.

El careo con el agresor
Hoy, según la consejera de Educación,  Lucía Figar, muchos profesores agredidos o vejados por sus alumnos en las aulas se encuentran en la encrucijada de denunciar o no lo que les está pasando. El profesor, recalca, puede expulsar al alumno del aula y enviarle al jefe de estudios, pero en caso de llegar a mayores, debe enfrentarse a un "careo" con el inspector de zona de la Consejería, el alumno implicado, sus tutores y los responsables del centro escolar sin que su testimonio o sus informes tengan presunción de veracidad. Muchos prefieren no enfrentarse a ese 'trago' que en no pocas ocasiones perjudica su relación con los alumnos y con sus padres. El resultado son bajas por depresión y el síndrome del 'quemado' o burn.

Con la reforma, explica la consejera, se pretendería que, como ocurre por ejemplo con la Policía, la declaración del profesor tuviera presunción de veracidad en el caso de que sólo exista la palabra del alumno contra la suya. Eso, además de las consecuencias legales que implica atentar contra una figura pública.

En 2008, una circular de la Fiscalía General del Estado ya pedía a los jueces que las agresiones a profesores de la escuela pública fuesen consideradas a nivel penal como las realizadas contra cualquier servidor del Estado, pero la Comunidad de Madrid cree que eso no es suficiente, ya que no es una orden, la figura docente como tal no aparece en el Código Penal ni cubre a los profesionales de la privada. La Comunidad no puede reformar el Código Penal porque no es de su competencia, pero sí dar mayor relevancia al docente para que la legislación actual le sea aplicable por derecho.

Así pues, como admite el propio portavoz del Gobierno de Aguirre, Ignacio González, si algo ha conseguido la propuesta de la presidenta es "poner el dedo en la llaga" sobre un problema que los profesionales de la educación llevan años denunciando. El objetivo último sería reformar el propio Código Penal para extender la protección a nivel nacional.

Problema jurídico... y económico
La Comunidad de Madrid asegura que tiene todas las competencias necesarias para dar a los docentes la categoría de autoridad pública, ya que otras comunidades como Valencia o Cataluña lo han regulado. Ahora bien, tiene un problema importante para extenderla más allá de la educación pública. Los profesores de los centros públicos son funcionarios y por tanto sobre ellos se puede legislar. Por el contrario, los de la privada y la concertada son trabajadores contratados por empresas.

¿Cómo conseguir que se trate igual a unos y a otros? Esa es la maraña legal en la que están buceando los expertos de la Comunidad de Madrid. Una vez esté lista la propuesta, deberá negociarse con los patronos de los centros privados para ver si existe consenso. La Federación de Sindicatos Independientes FSIE, sindicato mayoritario en la enseñanza concertada y privada, exige que sus profesionales no sean "discriminados" y piden la misma protección que los funcionarios

A tenor de todo lo anterior, la recuperación de la autoridad y el respeto del profesor tanto frente a los alumnos como frente a los padres de éstos no está en discusión, pero sí el que ésta sea la solución que acabe con el grave fracaso escolar que azota a España y a Madrid. PSOE, IU, CCOO y UGT ya han advertido a la Comunidad de Madrid que sin inversión en la educación pública y en formación del profesorado la autoridad sólo será un parche temporal.
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