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Cinco días encerrados contra la privatización

Cinco días encerrados contra la privatización

domingo 29 de marzo de 2009, 00:00h
Medio centenar de interinos del Ayuntamiento de Madrid continúan encerrados en el polideportivo municipal de Arganzuela desde el pasado miércoles para protestar contra la privatización de sus puestos de trabajo y para exigir al Gobierno local que los reubiquen en las plazas vacantes en vez de sustituirlos por personal de una empresa privada.

Según aseguró una portavoz del colectivo, los trabajadores afectados por la medida están haciendo turnos de unas ocho personas para mantener vivo el encierro. Además, reciben diariamente las visitas de vecinos y formaciones sociales que los apoyan, tales como los grupos municipales de PSOE e IU en el Ayuntamiento y los sindicatos minoritarios USO, CSIT, CGT, CITAM y UPM.

"El encierro es indefinido, no saldremos hasta que consigamos algo, porque hay plazas vacantes de las que los compañeros que han aprobado las oposiciones podrían tomar posesión perfectamente, pero que en vez de eso (el Ayuntamiento) está metiendo interinos para echar a los trabajadores de larga duración", explicó la portavoz.

Según los afectados, el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón está "interpretando el Estatuto del Empleado Público a su manera", porque aunque este texto contempla, según ellos, "una consolidación hasta 2005, el Ayuntamiento está tergiversándolo por completo para privatizar las plazas con la empresa Eulen". Además, avisan de que "han empezado atacando al  colectivo más débil pero luego irán a por más interinos". "En total somos un colectivo de hasta 2.000 personas que pueden verse afectadas", añadió la portavoz de los trabajadores encerrados.

El pasado miércoles, varios interinos se encerraron en el polideportivo municipal de Arganzuela, en la calle Alicante, como protesta ante el despido de 200 empleados, que tendrán que dejar su puesto de trabajo el próximo 1 de abril tras la contratación de los servicios de la empresa Eulen. "Lo que hace el Ayuntamiento es cesar a ordenanzas, y contratar a otros por otro lado, además, esta empresa les pagará 730 brutos repartidos en 12 pagas, es decir, su sueldo y sus derechos son precarios", explicó en su momento la concejala socialista Noelia Martínez, calificando estos despidos de "lamentables".

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