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Juan Bravo, delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

'Si la situación se estabiliza, no cerraremos 2009 con déficit'

"Si la situación se estabiliza, no cerraremos 2009 con déficit"

Por Enrique Villalba
lunes 19 de enero de 2009, 00:00h

Juan Bravo Rivera (Londres, 1963) es el tercer teniente de Alcalde y el delegado de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid. Anteriormente fue funcionario de la Comunidad  desde 1989, director general de Presupuestos y Patrimonio, viceconsejero y consejero de Hacienda y concejal de Hacienda en el Consistorio de la capital. El desarrollo de la crisis económica le ha obligado en los últimos meses a hacer malabarismos con las cuentas municipales para colocar a la ciudad en una situación que le permita afrontar con buenas perspectivas la reactivación económica.

En el Programa Electoral del Grupo Municipal Popular se planteaba la idea de introducir el concepto de un 'IBI social' que dotase de mayor progresividad a este tributo y que bonificase las cuotas tributarias de colectivos necesitados ¿Se ha aplicado en los impuestos de 2009ω
Es una de las reivindicaciones que llevamos cuatro años realizando a través de la Federación de Municipios y Provincias dentro de las peticiones de reforma del sistema fiscal local. Proponemos sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles la posibilidad de romper la unidad del tipo, único para toda la actividad de áreas residenciales y no residenciales, estableciendo tipos diferenciados en función de tramos de valor catastral. Una resolución establece que cuanto mayor es el valor catastral de una vivienda, mayor debe ser la capacidad económica del que vive en ella y, por tanto, debe tributar una cantidad más.

Proponemos que no sólo el valor catastral sea ser el que introduzca progresividad en el impuesto sino también el tipo. A mayor valor catastral, también mayor tipo. Al mismo tiempo, hay propietarios con viviendas con alto valor catastral y unos ingresos corrientes, como los pensionistas. Por eso, para ellos y otros colectivos como los desempleados, proponemos tipos progresivos con la posibilidad, que tampoco tenemos hoy, de establecer bonificaciones en función de la capacidad económica de los propietarios.

El valor catastral es uno de los problemas principales que arguyen para calcular determinados impuestos.
El Impuesto de Bienes Inmuebles y el de Plusvalías tributan en función del valor catastral. En Madrid el valor catastral está entre el 15 y el 18 por ciento del valor de mercado. Este valor debería ser, según la Ley de Haciendas Locales, del 50 por ciento del valor de mercado. Esa cifra es la fijada en la última actualización de valor. En 2007, según la Dirección General del Catastro, el valor catastral en Madrid suponía una media del 15 por ciento. La caída de precios en el último año fija la cifra actual en el 18 por ciento. Como la dinámica de precios va por un lado y la del valor catastral queda estable, en Madrid estamos tributando por un valor muy por debajo del que la Ley presume que deberíamos hacerlo. En el caso del impuesto de plusvalías, el comprador tributa a la Comunidad de Madrid por el valor de mercado, y el vendedor lo hace por el catastral, un valor de vivienda mucho menor. Eso genera una injusticia tributaria entre comprador y vendedor.  Esta es una reivindicación que está realizando la FEMP y el Senado al Gobierno.

¿Plantean alguna reforma al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánicaω
Al igual que con el IBI, tampoco tiene sentido que se siga tributando sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica en función de los caballos fiscales cuando se puede gravar en función de la capacidad económica del propietario del vehículo. Ahora mismo, una persona que compra un coche familiar y otro de lujo de semejantes dimensiones pagan un impuesto con diferencias de poco más de 20 euros. Sin embargo, el valor de adquisición de esos vehículos es muy distinta. Proponemos introducir dos elementos correctores: que el valor del vehículo sea una variable a tener en cuenta en el impuesto y la mayor o menor emisión de gases contaminantes de los vehículos.

Izquierda Unida y el Partido Socialista propusieron implantar una Tasa de Cajeros ¿Por qué no se ha implantadoω
Porque es una broma desde el punto de vista recaudatorio. Pretenden cobrar a las entidades financieras por el uso del dominio público que realizan, que es de un metro cuadrado, aproximadamente, y no para todos los cajeros, sino sólo los que tienen el cajero en la calle. Aplicando los máximos valores del suelo y extrapolando lo que podría suponer esa tasa se podrían recaudar unos 700.000 euros. Articular una tasa supone una gestión compleja y una inversión en recursos. Hacerlo para recaudar una cifra tan exigua no es razonable. Entendemos que hay sectores más susceptibles de tener un incremento en la fiscalidad, como puede ser el sector financiero, a través del IAE, aumentando el espacio fiscal a los ayuntamientos para imponer recargos para determinadas actividades como la de los cajeros.

Tanta subida de impuestos municipales, ¿no hace perder mucho poder adquisitivo a los madrileñosω
El PSOE habla de un incremento de la fiscalidad en términos porcentuales del 20 por ciento. Si contemplamos una familia tipo con una vivienda en propiedad que ha de tributar por vez primera la tasa de basuras, ese incremento es correcto. Pero en términos absolutos, esta subida supone 65 euros anuales de media. De cada 100 euros de impuestos, 60 van a parar al Estado, 34 a la comunidad autónoma y 6 a su ayuntamiento. Cuando hablamos de incrementar un 20 por ciento los impuestos, esta cifra es aplicable a ese 6 por ciento. El incremento que va a pagar al Estado como renta es muy superior, lo que pasa es que como es en forma de impuestos indirectos no se percibe. En el caso de los impuestos autonómicos, la percepción que tiene la gente es que a los gobiernos regionales no le pagan ningún impuesto, cuando son beneficiarios de gran parte del sistema fiscal. Hemos reivindicado una redistribución del sistema fiscal global porque el reparto de la fiscalidad no está ajustado a la realidad competencial que cada administración tiene.

En el Pleno de diciembre aprobaron un déficit de 1.200 millones de euros para 2008 ¿Cómo se produce un dato tan contundenteω
Este año ha habido unas cifras malas. Las cuentas han supuesto un déficit superior al previsto. Como va a serlo para el Estado y todas las comunidades autónomas sin excepción. Y eso se debe, no tanto a un incremento de gastos, sino a una caída de los ingresos. Por parte de los ayuntamientos, el descenso de ingresos viene de la desaparición del ingreso por venta de suelo, que nunca debió tener carácter estructural pero que se había configurado como un sustituto del déficit de financiación. Este impuesto llegó a cubrir el 10 por ciento de nuestros presupuestos. En Madrid habíamos presupuestado alrededor de 470 millones por venta de suelo para 2008 y no hemos vendido un solo metro cuadrado, algo que nadie podía prever. Si a eso le sumamos la caída del impuesto de plusvalías, de las tasas urbanísticas y el impuesto de construcciones y obras, y una menor aportación del Estado vía transferencia por motivo de la caída de los ingresos fiscales del Estado, el resultado es que tenemos los mismos gastos y menos ingresos. Así que optamos por congelar y luego reducir las inversiones para contener el déficit y crear la tasa de basuras, con un potencial recaudatorio de 270 millones de euros.

Pero en época de crisis ¿no hay que invertir másω
El Gobierno todavía no ha puesto solución al problema de financiación que tenemos los ayuntamientos. A mí no me gusta reducir la inversión pero es el único elemento para ajustar el presupuesto, porque si no lo hiciera estaríamos realizando unas cuentas que ya inicialmente tendrían déficit. Por eso, hemos reconfigurado el presupuesto sin incluir ni un euro por venta de suelo porque creemos que no va a haber demanda para este ejercicio ni para 2010. La conclusión es que la crisis nos puede servir a los ayuntamientos para desterrar la venta de suelo como ingreso municipal. Es la única manera de garantizar que cuando este mercado se recupere, no vuelva a ser una vía de financiación de infraestructuras o equipamientos como ha sido hasta ahora, y buscar una vía alternativa que tiene que venir a través de reforma del modelo de financiación local, de mayor aportación de recursos del Estado, participación en los ingresos de las comunidades autónomas y reforma del sistema fiscal.

¿Con qué déficit prevé cerrar el Ayuntamiento 2009ω
Hemos modificado algunos criterios de contabilización de gastos para descargar la mayor parte del déficit en 2008. Ya hemos diseñado el presupuesto de 2009 donde el presupuesto de ingresos está ya más adecuado a la situación de crisis económica: no hemos presupuestado ningún ingreso por venta de suelo, hemos presupuestado una recaudación en plusvalías y tasas urbanísticas que suponen ya partir de las caídas del ejercicio anterior, que ascienden al 25 por ciento.

Creemos que es un presupuesto adecuado a la situación de crisis actual. Si hay una caída mayor no descarto que cerremos 2009 con algún pequeño déficit. En este momento, si la situación de crisis económica se estabiliza, y en términos municipales creo que está a punto de estabilizarse, no deberíamos cerrar con déficit. Tenemos la posible materialización de la venta de derechos de superficie a los titulares del 'Plan 18.000', una operación jurídicamente complicada que estamos estudiando, y eso es lo que puede generar un pequeño desajuste. En el resto de las cuentas no debería haber sorpresas salvo que se produzca una caída mayor en la recaudación de los impuestos estatales.

¿Un billón de pesetas de deuda es una factura razonableω
Tenemos cerca de 6.000 millones de deuda, que alcanzará los 7.000 millones si el Ministerio nos autoriza a cubrir el déficit contable derivado de la caída de ingresos. Debo cubrir este déficit para pagar a mis proveedores. Si no cubro eso con deuda tendré menos liquidez en mi tesorería y tendré que demorarme en los pagos. Eso no es una buena medida económica cuando las propias empresas están teniendo problemas para financiar su desfase entre ingresos y gastos. Creo que debemos mejorar los periodos de pago a los proveedores. El Estado va por esa línea con el Fondo Estatal de Financiación Local cuando nos exige un plazo de 30 días desde la emisión de la certificación de obra.

Para que podamos realizarlo, tenemos que cubrir el déficit del ejercicio con deuda. Lo está haciendo el Estado de facto y ha autorizado a las comunidades autónomas a realizarlo hasta en un 1 por ciento de su Producto Interior Bruto en contra de lo previsto en la Ley de Estabilidad. Eso que se da a las comunidades autónomas, desde la FEMP pedíamos que se nos aplique a los ayuntamientos para poder tener capacidad de tesorería suficiente con la que pagar a proveedores en plazo. Y el Estado hasta la fecha ha dicho que lo va a estudiar, pero con un porcentaje ridículo del 0,2 por ciento del PIB nacional.

Pero dicen que están en su límite de endeudamiento.
Algunos argumentan que el Ayuntamiento de Madrid está penalizado porque tiene una carga de deuda muy grande con respecto a otros ayuntamientos. Madrid aporta al PIB nacional más del 11 por ciento. Lo que es lo mismo, sólo comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña aportan a la riqueza nacional un porcentaje superior a esa cifra. El único ratio nacional objetivo que maneja el Banco de España a la hora de calcular la deuda de las administraciones públicas es la comparación de deuda sobre PIB. En este ratio, el Ayuntamiento de Madrid tiene un porcentaje inferior al 5 por ciento. La media de las comunidades autónomas está casi en el 6 por ciento y hay comunidades autónomas como Valencia que superan el 11. Según la Ley de Haciendas Locales, Madrid sí está muy más endeudada, pero esto no me penaliza económicamente en este momento de crisis para acudir al mercado financiero a pedir préstamos. Además, gracias al esfuerzo inversor realizado estos últimos años estaremos mejor preparados para despegar de la situación económica actual.

¿Van a tener que renegociar el Plan Económico Financiero con el Gobiernoω
Tenemos un marco legal que ha estallado por los aires pero que nos empeñamos en mantener vigente. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, que afecta a los tres niveles del Gobierno, se está inaplicando de facto. Porque la reforma de la Ley de Estabilidad estaba adecuada a los ciclos económicos de entonces, pero no estaba prevista para la situación actual. Eso hace que todo el mundo esté incumpliendo esta Ley pero, sin embargo, nadie lo reconoce. Deberíamos reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque ahora estamos todos fuera de ella. El Estado, diciendo que va a romper el Plan Económico Financiero porque ha superado el límite del Plan de Estabilidad. Y las comunidades autónomas, que también se lo están saltando. Y mientras, el Gobierno y la Ley de Haciendas Locales pretenden que seamos los únicos que lo cumplamos. Deberíamos realizar una reforma de la Ley de Haciendas Locales y la de Estabilidad Presupuestaria para flexibilizar los límites de endeudamiento de déficit de las administraciones públicas con unos límites razonables.

Los proyectos del Fondo Estatal de Financiación Local tienen que ser aprobados por el Gobierno antes del día 21 de enero.
Ya están entregados y han sido autorizados los 269 proyectos del Ayuntamiento por un importe de 554 millones. Hemos abierto el periodo de licitación al que estamos obligados. Tenemos un mes para hacerlo. Todos los días estamos firmando el inicio de estos expedientes. Empezaremos a visualizar los carteles de las obras en marcha en los próximos dos meses y medio. A finales de marzo y principios de abril veremos la actividad en la calle derivada de este plan estatal de inversiones. Vamos a recuperar así proyectos que, por falta de capacidad financiera, tuvimos que tomar la decisión de aplazarlos. En ese sentido hemos valorado positivamente el Plan coyunturalmente hablando. Esta inversión estatal persigue evitar una caída mayor en el empleo. Con ese fin, en los pliegos de cláusulas administrativas de los proyectos que licitamos estamos primando por encima del precio de la obra la generación de empleo.

¿Ha salvado algún proyecto municipal para esta legislatura el Fondo Estatalω
Ha adelantado proyectos y en algunos casos, como puede ser la creación de 21 escuelas infantiles, las ha salvado.El alcalde ya anunció en el mes de noviembre que, entre las medidas que podíamos adoptar para mantener el déficit, era la reducción de la inversión de un 25 por ciento en 2008 y otro 25 por ciento en 2009. Eso nos obligaba a privarnos de muchos equipamientos. Gracias al Fondo conseguimos que el objetivo de construcción de alrededor de 50 escuelas infantiles esté prácticamente cumplido. Cuando diseñamos el programa electoral de Gobierno, en septiembre de 2006, en modo alguno podíamos prever la situación económica que vivimos ahora. Por eso, el Fondo tiene una valoración positiva, pero tenemos que ser conscientes de que esto no soluciona el problema de financiación de los ayuntamientos. Al contrario, en algunos casos, muchas de las obras van a generar gasto corriente que se deberá presupuestar para que esos equipamientos se puedan poner en marcha. Es decir, que a medio plazo supondrá un elemento más de rigidez financiera para los ayuntamientos.

Según datos del Área de Urbanismo, las Juntas Municipales de Distrito han resuelto en 2008 un 81,3 por ciento de los 69.311 expedientes que tenían pendientes de tramitación y Urbanismo el 92,38 por ciento de los 10.935 expedientes bajo su responsabilidad. Con la entrada de entidades colaboradoras y el refuerzo de la plantilla para este efecto, ¿no va a haber licencias en lista de espera a finales de 2009ω
Desde que se aprobó la Ordenanza de Licencias en 2005 hasta diciembre de 2007 han entrado 69.000 licencias y quedan pendientes 12.000. Es decir, que la capacidad de respuesta de la administración municipal en la tramitación de licencias es razonablemente buena. De esas restantes, no es que no nos haya dado tiempo a tramitarlas sino que presentan problemas en su tramitación. A partir de ahí entendemos que tenemos mejorar el sistema de tramitación de licencias. Pretendemos mejorar la concesión de licencias y establecer una inspección permanente de adecuación a la legalidad técnica y urbanística que todos tienen que cumplir en la ciudad. Una especie de ITV que forzosamente se tenga que pasar cada cierto tiempo, se tenga o no licencia.

En ese sentido, hemos optado por introducir las entidades certificadoras. Serán empresas que ya están funcionando, que pasarán una serie de controles y estarán adheridas a la certificación de calidad ENAF, para poder prestar ese servicio. Estarán tuteladas por los técnicos municipales y serán auditadas anualmente. Garantizarán además que los plazos en los que se van a realizar esos trabajos de comprobación van a ser más rápidos de los que se pueden poner a día de hoy como administración municipal. Y, sobre todo, permitirá a los técnicos municipales dedicarse a tareas de supervisión, simplificación permanente de la normativa, auditoría en las empresas, y labores de disciplina urbanística. En este proceso, diferenciarán entre licencias de actividad de las de obras. No se trata de sustituir a nadie, sino de reorientar la actividad de los técnicos municipales en una labor más correctiva.

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