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La FAPA Giner de los Ríos denuncia que la Comunidad los echa para silenciarlos

La FAPA Giner de los Ríos denuncia que la Comunidad los echa para silenciarlos

miércoles 03 de septiembre de 2008, 00:00h
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos presentó este miércoles un escrito en el Registro de la Comunidad para solicitar a la Consejería de Educación la cesión del local en el que hasta el momento tenía su sede social, en la calle Reina Mercedes, en virtud de un convenio firmado en 1995 con la Dirección Provincial de Educación del entonces Ministerio de Educación y Cultura, según informó el presidente de la organización, José Luis Pazos.
Pazos señaló que el desalojo de este local supone el incumplimiento de este contrato firmado en 1995 por el que la Dirección cedía el local provisionalmente hasta que la Dirección Provincial del MEC facilitase un local definitivo para la sede de la FAP. Sin embargo, la culminación de las transferencias educativas a las comunidades autónomas supone la subrogación de las obligaciones a la Comunidad de Madrid, que es la que tiene ahora que cumplir el convenio.

Pazos señaló que este martes recibieron una carta de la Consejería de Educación en el que se les instaba a depositar las llaves del local. Sin embargo, ahora que han presentado la solicitud de permanencia, van a esperar a que el Gobierno regional se pronuncie para buscar una solución. "La Consejería también ha confirmado que no van a llevar a cabo ningún desalojo forzoso, porque no es un problema de ellos", agregó.

Dependiendo del pronunciamiento de la Consejería, la FAPA emprenderá otro tipo de acciones como solicitar el amparo a la Mesa de la Asamblea de Madrid, al Defensor del Pueblo e incluso, al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. La consejera de Educación, Lucía Figar, justificó el desalojo del local como una medida más dentro del Plan de Austeridad del Gobierno regional, mediante el cual han tenido que revisar los contratos de alquiler. Además, señaló que el programa por el que estaba cedido el local ha finalizado.

"Amenazas" de Aguirre
 Por su parte, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, aseguró que este caso es un ejemplo de cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, está haciendo un "uso sectario" de los recursos públicos.

"Desde el Grupo Socialista y el Partido Socialista de Madrid estamos apoyando a la FAPA desde el primer momento, al igual que apoyamos a otras organizaciones que han sufrido ya estas políticas de amenazas y de exclusiones", señaló.
Por otro lado, Menéndez indicó que han pedido la comparecencia en la Asamblea de Madrid de la consejera de Educación para que explique "este atropello que han llevado a cabo contra la FAPA Giner de los Ríos".

 La portavoz de IU en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, Eulalia Vaquero, señaló a este respecto que el desalojo de la FAPA es un ataque contra la escuela pública y las asociaciones de padres, organizaciones políticas y sociales que la defienden. En cuanto a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha afirmado que la Comunidad de Madrid pretende "silenciar las voces críticas" con el desalojo. "El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tomado una decisión puramente política: silenciar a una organización crítica con su gestión, que denuncia el desmantelamiento del sistema educativo público en esta comunidad", ha concluido.

Razones increíbles
El Secretario General de Juventudes Socialistas de Madrid (JSM), Daniel Méndez, también ha declarado su solidaridad con la FAPA y ha señalado que “el desalojo de una asociación crítica con la política educativa regional es una pieza más en el desmantelamiento de la escuela pública, laica y gratuita que está llevando a cabo el Ejecutivo de Aguirre”.

Según el líder de los jóvenes socialistas madrileños, las razones que aduce la Consejería no son creíbles, “ya que ni han demostrado ni una sola de las irregularidades que mencionaron hace dos días ni resulta mínimamente creíble que una Administración que ha triplicado el gasto en publicidad institucional hasta alcanzar los 160 millones de euros justifique el desalojo de un local por motivos de austeridad”.

Méndez ha añadido que “la verdadera razón para este acoso es que Esperanza Aguirre no soporta que haya asociaciones que cuenten la verdad de la política educativa regional a los ciudadanos: una política que ha situado a la Comunidad en el último lugar de las regiones españolas en gasto educativo y en el penúltimo en gasto por alumno; una comunidad donde apenas se construyen centros públicos y muchos de los que hay se regalan a empresas privadas o se ceden a entidades ultraconservadoras que sustituyen la educación por el adoctrinamiento”.
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