Madrid recurrirá la anulación del pago de 418 millones por parte del Estado

Beteta fundamentó el recurso en que la resolución por la que se deniega el adelanto de tesorería es "ilegal" y "no motivada", primero porque el sistema de financiación obliga a entregar los anticipos (Real Decreto Ley 12/2005) y segundo porque las cantidades que reciben los territorios son distintas y se calculan por separado.

Cada autonomía recibe dinero según las previsiones de recaudación del IRPF, el IVA y los impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol, electricidad entre otros). Por lo tanto, según los servicios jurídicos del Ejecutivo, el Estado no puede fundamentar su decisión en el déficit nacional o en que la recaudación global va a caer, sino que tiene que explicarle a cada comunidad por separado por qué sí o no le corresponde ese dinero.

Piden un dinero “que no existe”
La denuncia en cambio ha sido tomada como una amenaza vana por el departamento de Pedro Solbes. Fuentes de su Ministerio consultadas por Madridiario argumentan que la recaudación de los impuestos llega a las comunidades por dos vías. La primera es una entrega “a cuenta” del 98% de total previsto que se va a recaudar a final de año, que se divide en 12 partes y se entrega cada mes a los gobiernos autonómicos. Como de ese total se entregaba realmente el 90% o 94% (la recaudación siempre era mayor) se decidió regular por ley los anticipos de tesorería para que las comunidades no perdieran recursos.

“Este año, al caer la recaudación por la ralentización de la economía, no se puede dar la segunda vía, el adelanto de hasta el 4% -las comunidades pueden pedir menos-, porque se estaría dando un dinero que no existe porque no se va a recaudar. Además, en las entregas mensuales ya se está dando de más a las comunidades, porque se preveía una recaudación mayor a final de año, así que el Estado ya está financiando una parte que no le corresponde”, aseguraron.

Según Antonio Beteta, las previsiones de recaudación del IRPF en Madrid para 2008 son del 56%, mientras que en el resto del Estado son del 26%. Por lo tanto, debería recibir incluso una cantidad considerablemente mayor a los 418 millones de euros iniciales y al resto de comunidades, "entre 600 y 700 millones". Beteta consideró por ello que el Gobierno ha tomado esta determinación "para perjudicar especialmente a la Comunidad de Madrid".

Ahora bien, fuentes ministeriales dudan “mucho” de ese cálculo, ya que Madrid “no conoce las previsiones de recaudación del IRPF para 2008, porque la declaración de la Renta que han hecho los ciudadanos este año es la de 2007. Por eso la liquidación de los fondos no se entrega hasta dos años después del ejercicio en curso, cuando se tienen y se calculan todos los datos de todas las comunidades”.  La petición de Beteta de justificar una por una las negativas a las comunidades tampoco tiene lógica, según las mismas fuentes, ya que la tributación del IRPF “es distinta en cada región”.

Decisiones urgentes
La Comunidad de Madrid todavía está analizando cómo influirá a corto y largo plazo la falta de esos 418 millones. Antonio Beteta aseguró este miércoles que de ninguna manera afectará a la prestación de servicios ni a la construcción de los cuatro nuevos hospitales de Móstoles, Torrejón, Collado Villalba y Carabanchel, porque será la iniciativa privada quien ponga el capital. Ahora bien, podría no ocurrir lo mismo con otros proyectos.

La Consejería de Economía se plantea como opciones incurrir en déficit o bien hacer una declaración de no disponibilidad sobre la parte del presupuesto no ejecutada, aunque "a estas alturas del año" la mayoría está comprometido o gastado. Igualmente, la austeridad del próximo presupuesto tendrá que ser aún mayor. Por el momento, el Ejecutivo rechaza subir los impuestos para obtener más recursos.

La cancelación se ha realizado de forma unilateral, sin reunir al Consejo de Política Social y Financiera donde todas las comunidades están representadas, y supone según Beteta "trasladar el déficit del Estado (14.368 millones) a las comunidades". El consejero acusa al ministro de Economía, Pedro Solbes, de "no dar la cara" y al Estado de "lucrarse con la recaudación de las comunidades", por lo que pedirá de forma "urgente" la reunión del Consejo para resolver la situación.