Madrid estudia recurrir el Plan Estatal de Vivienda

Para la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, el proyecto del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 supone "romper la estructura de la vivienda protegida tal y como la conocíamos hasta ahora" y avanzar hacia "una socialización".

En concreto, Mariño se mostró en un encuentro con la prensa "absolutamente en contra" del nuevo plan para los próximos años, ya que, según explicó, elimina la posibilidad de descalificar, como se hacía hasta ahora, las viviendas construidas en suelo protegido, público o dotacional a los 15 o 30 años según la comunidad autónoma. Solo podrán ser descalificadas a los 30 años aquellas que estén levantadas en terrenos sin ningún tipo de protección, que son un porcentaje menor.

Además, con el plan actualmente en vigor, una vez descalificadas las viviendas se pueden vender libremente tras devolver las ayudas recibidas para su adquisición, mientras que la nueva normativa fijará el precio y el comprador, que deberá estar inscrito en un lista de demandantes. De esta forma, se impide al dueño vender su piso libremente o que lo pueda dejar en herencia a sus hijos, según explicaron los miembros del equipo de Mariño.

Esta "modificación del concepto de propiedad en la vivienda protegida" es el punto del plan estatal que más preocupa a la Comunidad de Madrid, pues considera que desmantela los principios básicos del derecho de propiedad.  "Ya no sería opción de compra, sino de uso", aseguró la consejera.

Así, la duración del régimen de protección es uno de los puntos del proyecto de Real Decreto al que ha presentado alegaciones la Comunidad de Madrid, que en total ha registrado hasta 15. En el caso de que no sean tenidas en cuenta en el momento de su aprobación definitiva, la Comunidad estudia recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, como ya ha hecho con otras leyes estatales, como la del Suelo. El objetivo es "defender el derecho a la propiedad de los ciudadano", aseguró Mariño.

No lo ve igual la ministra, Beatriz Corredor. "Creemos que es de justicia social que viviendas edificadas con el esfuerzo de todos los españoles puedan estar el mayor tiempo posible a disposición de los ciudadanos", afirmó hace unos días.

Registro único de demandantes
Otra de las exigencias del proyecto del Ministerio de Vivienda a la que se opone Madrid es la creación de un registro único de demandantes por cada comunidad, ya que considera que es "intervencionista e improcedente".

Por otra parte, el departamento dirigido por Beatriz Corredor ha recogido en el proyecto el alquiler con opción a compra, figura puesta en marcha en Madrid a través del Plan Joven y 'exportada' a otras autonomías. Sin embargo, la Comunidad critica que no se haya tenido en cuenta su experiencia y que solo se pueda descontar del precio final de venta el 30 por ciento de las rentas pagadas, mientras que en Madrid el descuento alcanza el 50 por ciento.

Además, la Comunidad considera que el futuro Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación invade competencias exclusivas de las comunidades, que le falta una previsión económica y que multiplica las tipologías de vivienda protegida y rehabilitación cuando debería apostarse por una mayor simplificación, según se recoge en las alegaciones presentadas.