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IU pide la suspensión de la privatización de una escuela infantil en Guadalix

IU pide la suspensión de la privatización de una escuela infantil en Guadalix

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Guadalix de la Sierra reclamó la suspensión de la privatización de la escuela infantil pública del municipio, la Río de Alisos, para evitar "posibles perjuicios para los intereses municipales si el proceso promovido por el PP es declarado judicialmente nulo".
Desde IU puntualizaron que en el Pleno extraordinario celebrado el pasado 18 de julio "todos los portavoces de la oposición, como el propio secretario municipal en su informe jurídico", pusieron de manifiesto una serie de posibles irregularidades como la falta del reglamento del servicio y el anteproyecto de explotación. Añadieron que tampoco se siguieron las pautas establecidas en el artículo 97 del Texto Refundido de Régimen Local (TRRL) para este tipo de modificación de los servicios públicos.

Este documento exige, entre otros trámites, "la convocatoria de una Comisión de estudio, una memoria exhaustiva de la actividad, su aprobación inicial por un Pleno y luego un periodo de 30 días de información pública para la presentación de alegaciones".

IU manifestó que el equipo de Gobierno, "en un claro desprecio por los pasos que marca la ley", hizo caso omiso a las advertencias "pasando directamente a la fase de contratación por vía de urgencia. Para la oposición, lo preocupante es la "seria posibilidad" de que el proceso de adjudicación "sea denunciado ante los tribunales y declarado judicialmente nulo".

"Para evitar posibles perjuicios para los intereses municipales", el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicita la suspensión cautelar inmediata del proceso de la privatización de la gestión y la repetición del proceso "siguiendo las pautas que marcan el Texto Refundido de Régimen Local".

Según IU, la suspensión "no impide la prestación del servicio" ya que la escuela infantil sigue funcionando en régimen de gestión municipal directa desde hace dos años. La formación insiste en que no suspender el proceso crearía un "grave perjuicio económico" al Ayuntamiento si el proceso es declarado judicialmente nulo, ya que podría verse obligado a indemnizar al concesionario.
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